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Política

La Justicia ordenó al Gobierno reparar las rutas nacionales de Formosa en 90 días

Una medida cautelar obliga a Vialidad Nacional realizar obras urgentes en las rutas, 11, 81, 86 y 95. La denuncia fue presentada por víctimas de accidentes viales y respaldad por el Defensor del Pueblo provincial.

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Abandono estatal: rutas destruidas y una Justicia que exige acción urgente. | Gobierno de Formosa

La Fundación “Padres Unidos por el Dolor” entre otros demandantes y el Defensor del Pueblo de Formosa, Leonardo Gialluca, presentaron una medida cautelar por la falta de mantenimiento de las rutas N° 11, 81, 86 у 95 que atraviesan la provincia. La demanda fue presentada ante el Juzgado Federal N° 1 de Formosa que resolvió que en el plazo de 90 días Vialidad Nacional debe ejecutar las obras necesarias para solucionar la situación.

El Juzgado Federal N.º 1 de Formosa hizo lugar (bajo el expediente Nº452/25) a la medida cautelar presentada por la Fundación Padres Unidos por el Dolor, el Sindicato de Camioneros y la Asociación de Transportadores de Hacienda, con el patrocinio del Defensor del Pueblo de la provincia, ordenando a la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) realizar obras urgentes en las Rutas Nacionales 11, 81, 86 y 95.

La resolución judicial obliga a la DNV a ejecutar en un plazo de 90 días tareas de bacheo, sellado de grietas y limpieza de banquinas en los tramos más críticos, incluyendo el Puente Blanco, cuya estructura representa un riesgo para la seguridad vial.

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La decisión del Gobierno de Javier Milei de paralizar el mantenimiento, advirtieron, pone en riesgo la vida, el trabajo, y otros derechos fundamentales con la sola excusa de ahorrar dinero, como si las personas solo fueran números. La demanda fue presentada por la Fundación “Padres Unidos por el Dolor”, quienes nuclean a familiares de las víctimas fatales en accidentes de tránsito.

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La Nación decidió dejar de mantener las rutas nacionales con la excusa de ahorrar dinero, ignorando la consecuencia de la medida contra las personas.

Esta durísima medida judicial desnuda la grave negligencia del Gobierno Nacional comandado por Javier Milei y el abandono que promueve, generando una situación que amenaza con desatar una crisis mayor si no se atiende la emergencia vial. ¿Cuánto más deberán esperar los formoseños y los conductores en general para transitar con seguridad y evitar más catástrofes en estos caminos nacionales?

Los ciudadanos formoseños reclaman porque las vías están en un estado deplorable, con fisuras, grietas, baches de distintos tamaños, ahuellamientos, exudación y pérdida de estructura por erosión, poniendo en grave riesgo la vida de miles de conductores y transportistas que las utilizan diariamente. Además, la vegetación crecida dificulta la visibilidad, y la acumulación de restos como llantas viejas aumenta el peligro.

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Este es el estado de la Ruta Nacional 95 entre Villa General Güemes y Ruta Nacional 81.

Los demandantes presentan la medida cautelar luego de sucesivos pedidos formales para que el Gobierno Nacional realice el mantenimiento de las rutas. La medida señala que la Nación “omitió su obligación de realizar las reparaciones necesarias para garantizar un tránsito seguro”, y se desligó de garantizar caminos en condiciones y la integridad de sus usuarios. Se advierte que el abandono de las rutas nacionales provoca un impedimento en el tránsito y se pone en riesgo el derecho a la vida, al trabajo, a la salud, a la educación, la propiedad, a la seguridad vial y a la economía local.

Todo ello muestra que el ajuste nacional de Milei no prioriza cuestiones fundamentales para la ciudadanía, ignorando deliberadamente que detrás de los números del excel hay vidas humanas. La medida cautelar de la Fundación Padres Unidos por el Dolor, fue acompañada por el sindicato de transporte y la Asociación Argentina de Transportadores de Hacienda (A.A.T.H.A), que apuntan al Gobierno Nacional y a la Dirección Nacional de Vialidad.

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Las familias formoseñas advierten que la Nación se desligó de su obligación de garantizar caminos seguros para las personas.

“Es un verdadero peligro público, una bomba de tiempo sobre ruedas”, advierten los padres de esta fundación junto a las otras instituciones. La denuncia expone que la Dirección Nacional de Vialidad ha omitido su obligación de realizar las reparaciones necesarias para garantizar un tránsito seguro como establece la Ley Nacional de Tránsito N° 24.449, desmintiendo incluso los anuncios de las autoridades nacionales, que aseguraron que el mantenimiento no iba a paralizarse.

La resolución exige una urgente atención al Puente Blanco sobre el Riacho Formosa, cuya estructura presenta socavamiento, hundimientos y perforaciones, que pueden ser las causas de numerosos accidentes fatales.

No se trata solo de un reclamo: la acción de amparo resuelta por la Justicia Federal ordena el acondicionamiento inmediato de los puntos más críticos de las rutas en el plazo de 90 días, donde los baches y la falta de señalización se cobran vidas y generan múltiples accidentes, sobre todo en esta época, en donde la visibilidad se ve disminuida por la neblina y se requiere de buenas señales para facilitar el tránsito de los conductores, considerando la presencia de fauna silvestre en la zona que puede implicar un riesgo más si las rutas no están en las condiciones requeridas.