En el expediente donde se tramita la quiebra de la empresa Márquez y Asociados surgió un dato relevante. El 12 de enero del año pasado la firma adquirió cinco unidades en un exclusivo barrio residencial a 15 minutos del centro de la ciudad de Panamá.
En ese momento, los hermanos Ariel y Pablo Márquez, que lideraban y eran la cara visible de la desarrollista, ya habían comenzado a recibir cientos de reclamos de clientes por contratos que se desvanecían en la nada. Juicios presentados en diferentes juzgados civiles y demandas en Defensa del Consumidor.

Sin embargo en ese mismo momento realizaron una fuerte inversión en Villasur, un barrio residencial ubicado en Juan Díaz, muy cerca de la costa y la playa de la ciudad de Panamá.
El juez civil Sergio Ruiz, a cargo de la quiebra de MRQZPABAR Desarrollos SA, recibió un informe de las esposas de los hermanos Márquez, actualmente detenidos por orden del fiscal de Delitos Complejos, Enrique Gavier, que tiene en trámite 6.000 denuncias de presuntos damnificados. Todos están acusados de presunta asociación ilícita y estafas reiteradas.
"Es una de las escrituras que se pueden ver de varias inversiones que habrían realizado" los gerentes de la desarrollista en Panamá, señaló a PERFIL CÓRDOBA la abogada Karina Zeverín, que representa a numerosos damnificados. Es decir que el documento que acá se publica revelaría, quizás, tan sólo una de las inversiones que efectuaron en el extranjero con el dinero que obtenían de los clientes a quienes no les cumplieron los contratos.
Márquez y Asociados: abogado de los denunciantes pide que se custodie un hotel en EE.UU.
Se trata de una escritura pública confeccionada en un estudio notarial de la ciudad de Panamá. Según su contenido, la firma cordobesa fue representada por la abogada panameña Patricia Urbina Brualla en la operación inmobiliaria.
Son cinco unidades habitacionales que adquirió la empresa a una sociedad anónima fiduciaria llamada Global Financial Funds Corp, que figura como vendedora y fue representada por Alfredo Plácido Alemán Miranda como apoderado.
Villasur es un complejo inmobiliario residencial que fue ejecutado en diferentes etapas.
Mientras tanto, los querellantes piden que se preserven los bienes incautados, como autos, ambulancias, inmuebles y otras inversiones en el exterior. La expectativa de los damnificados es recuperar algo de lo que invirtieron.
La empresa ofrecía la construcción de casas según tipologías, celebraba contratos con los inversores y recién al año de pagar quedaban en condiciones de iniciar los trámites para el inicio de la obra. En la mayoría de los casos quedaron con las manos vacías.