Qué dice la ley que envió el Gobierno al Congreso para "sacar los dólares del colchón"

El proyecto de ley de "principio de inocencia fiscal" ingresó formalmente por la mesa de entradas de la Cámara de Diputados de la Nación, tal como había sido anunciado por el Poder Ejecutivo. Se trata de una reforma integral al Régimen Penal Tributario, que incluye cambios significativos en los montos a partir de los cuales una conducta se considera delictiva, además de la creación de mecanismos alternativos al proceso penal para incentivar la recaudación.

La iniciativa propone una actualización profunda de los umbrales monetarios para delitos fiscales y de la seguridad social, algunos de los cuales se multiplican por cien respecto a los valores actuales. También plantea un nuevo esquema para la extinción de la acción penal, con la posibilidad de pagar la deuda y un 50% adicional incluso tras una denuncia formal.

Eje del proyecto: más recaudación, menos litigios penales

Uno de los objetivos centrales de la reforma es reducir la judicialización de los conflictos fiscales, permitiendo que los contribuyentes regularicen su situación a través del pago completo de sus obligaciones, intereses y una sanción económica adicional. Este enfoque busca reducir la carga de los procesos penales tributarios, actualmente costosos y de larga duración, y mejorar los niveles de cumplimiento voluntario.

El Ejecutivo busca que el sistema funcione con incentivos económicos, y no solamente con amenazas penales. En este marco, la iniciativa despenaliza de hecho muchas conductas que hasta ahora eran perseguidas judicialmente, mediante la actualización de los montos involucrados.

Cambios clave en el Régimen Penal Tributario

El proyecto propone elevar sustancialmente los montos mínimos que configuran delitos tributarios, tanto en el plano general como en relación con la seguridad social. A continuación, un detalle de las nuevas escalas:

Delitos tributarios

• Evasión simple: pasa de $1.500.000 a $100.000.000 por impuesto y ejercicio fiscal.
• Evasión agravada: de $15.000.000 a $1.000.000.000.
• Uso fraudulento de beneficios fiscales (exenciones, desgravaciones, etc.): de $2.000.000 a $200.000.000.
• Utilización de facturas o documentos apócrifos: de $1.500.000 a $100.000.000.
• Aprovechamiento indebido de beneficios fiscales: de $1.500.000 a $100.000.000.

Delitos vinculados a la seguridad social

• Evasión simple: de $200.000 a $7.000.000.
• Evasión agravada: de $1.000.000 a $35.000.000.
• Apropiación indebida de recursos de la seguridad social: de $100.000 a $3.500.000.

Otros delitos comunes

• Simulación dolosa de cancelación de obligaciones: de $500.000 a $20.000.000 anuales, y de $100.000 a $3.500.000 mensuales.

Esta actualización tiene un impacto directo en la litigiosidad penal tributaria, ya que reduce significativamente la cantidad de casos que podrían ser judicializados bajo la legislación actual.

Nuevo criterio de extinción de la acción penal

Actualmente, el régimen permite extinguir la acción penal pagando la deuda y sus intereses solo por única vez, y antes de ser denunciado. El nuevo proyecto amplía ese beneficio, permitiendo la extinción incluso después de realizada la denuncia penal, siempre y cuando el contribuyente pague el monto total adeudado, los intereses y un adicional del 50%.

Esta modificación tiene como objetivo evitar el uso abusivo de mecanismos como la reparación integral prevista en el Código Penal, que en los hechos suelen dilatar los procesos sin garantizar la restitución efectiva al Estado. Además, se prohíbe expresamente la aplicación de esta vía en el Régimen Penal Tributario.

Cambios en la política de denuncias de ARCA

Se incorporan dos nuevos supuestos en los cuales la autoridad fiscal no deberá formular denuncia penal, sin necesidad de contar con un dictamen jurídico:

1. Cuando el contribuyente haya justificado fundadamente el criterio técnico o contable empleado para liquidar el impuesto.
2. Cuando se presenten declaraciones juradas originales o rectificativas antes de ser notificado de una fiscalización.

Estos casos se suman a las dos situaciones actualmente previstas, en las que sí se exige dictamen previo. La idea es que si el contribuyente actuó de buena fe, el proceso penal sea innecesario y se priorice la recuperación del dinero adeudado.

Reformulación de las multas e infracciones formales

El proyecto propone también una fuerte actualización de las sanciones por infracciones formales. Algunos ejemplos de la nueva escala:

• De $200–$400 a $220.000–$440.000
• De $5.000–$10.000 a $5.000.000–$10.000.000
• De $80.000–$200.000 a $6.000.000–$15.000.000
• De $500–$45.000 a $500.000–$35.000.000
• El monto fijo de $10.000.000 pasa a $10.000.000.000

Se trata de un ajuste inflacionario, pero que además tiene como propósito revalorizar el efecto disuasorio de las multas.

Reducción de los plazos de prescripción

Se proponen dos cambios relevantes:

• De 5 a 3 años en materia tributaria para contribuyentes inscriptos y cumplidores.
• De 10 a 5 años en Seguridad Social para quienes presenten en término sus declaraciones.

Con esto se busca diferenciar positivamente al contribuyente cumplidor, y reducir los períodos que el Fisco puede utilizar para investigar retroactivamente.

Nuevo Régimen Simplificado del Impuesto a las Ganancias

Una de las innovaciones más destacadas del proyecto es la creación de un Régimen Simplificado de Ganancias para personas humanas y sucesiones indivisas residentes. Este esquema está dirigido a contribuyentes que no califican como grandes contribuyentes y que tengan:

• Ingresos de hasta $1.000 millones
• Patrimonio de hasta $10.000 millones

ARCA propondrá una declaración jurada prellenada, en base a la información disponible. El contribuyente podrá aceptarla, complementarla o rectificarla. Si la acepta y paga en término, el impuesto queda liberado y el período fiscal no podrá ser reabierto, excepto en casos de:

• Uso de facturas apócrifas
• Deducciones indebidas
• Ingresos omitidos

Presunción de exactitud y "tapón fiscal"

La ley prevé que se presuma la veracidad de las declaraciones juradas presentadas bajo este régimen, limitando la capacidad del Fisco para iniciar fiscalizaciones sobre los períodos declarados, salvo que se verifiquen discrepancias significativas.

Además, se desactiva el uso del incremento patrimonial no justificado como disparador automático de fiscalización. Esta medida busca proteger a los contribuyentes que cumplen con el régimen, a la vez que evita abusos interpretativos por parte del organismo recaudador.

Protección al contribuyente cumplidor

En caso de que el contribuyente cumpla con el régimen simplificado y luego pase a otro régimen, se mantendrá la protección y el efecto liberatorio de las declaraciones realizadas. Solo podrá ampliarse la fiscalización si se detectan discrepancias relevantes, sin afectar períodos prescriptos ni amparados por el "tapón fiscal" del blanqueo o del nuevo régimen.

Un cambio estructural con fuerte impacto judicial y recaudatorio

Con esta reforma, el Gobierno busca reducir la criminalización de la evasión tributaria de menor escala, fomentar el pago voluntario de deudas y aliviar el sistema judicial penal económico, saturado por miles de causas de baja cuantía. También apunta a incentivar la formalización fiscal, especialmente entre personas físicas y pequeños contribuyentes.

Si el Congreso lo aprueba, será una de las reformas estructurales más importantes en materia tributaria de los últimos años.