Si bien siempre existió esta figura, la Defensoría Oficial, con su estructura y funcionamiento actual, se creó en el 2021, después de la aprobación de la Ley 2179-E en la Cámara de Diputados de San Juan. Su trabajo es velar por los derechos humanos de aquellas personas que no cuentan con los recursos económicos para acceder a la defensa en procesos judiciales. En medio de un contexto económico y social complejo, solo en 2024, este organismo, que tiene solo 156 trabajadores, recibió 69.000 consultas. Advierten que la demanda de defensa gratuita crece cada vez más: para dimensionar esta situación, hay defensorías civiles que en un solo turno de 15 días atienden más de 400 casos.
Para atender la mayor cantidad de casos posibles a la vez, el organismo actualmente cuenta con 26 defensorías; nueve son del fuero civil, siete del sistema acusatorio, cuatro de flagrancia, dos del fuero pena de la niñez, dos de ejecución penal y dos, que trabajan en la segunda circunscripción y son multifuero.
La Constitución Nacional establece en su artículo 18, el cual establece que "Ningún habitante de la Nación puede ser penado sin juicio previo, fundado en ley anterior al hecho del proceso, ni juzgado por comisiones especiales, o sacado de los jueces designados por la ley antes del hecho de la causa". Este derecho se refiere a que se garantice el derecho a que todas las personas accedan a la defensa, por lo que en el caso de las causas penales la Defensoría Oficial tiene la obligación de brindar sus servicios siempre. Sin embargo, en otros fueros, el organismo debe poner límites para asesorar casos: actualmente, la exigencia para acceder a la atención gratuita es ganar por debajo de dos salarios mínimos, vítales y móviles.
Pese a este requisito económico, cada vez más sanjuaninos llegan para pedir una defensa oficial. Según indicó la defensora general de la provincia, la Dra. Mónica Sefair, si bien históricamente se manejaron muchos casos, en el último tiempo se vio un crecimiento exponencial de casos. ¿La principal razón? La crisis económica, y por dos motivos. El primero es porque la gente que antes disponía de fondos para pagar un abogado, quizá ya no los tiene. El segundo, porque las personas están en búsqueda de dinero, por ejemplo, madres que antes decidían no iniciar juicios civiles por la manutención de sus hijos, hoy lo hacen.
Algunos números para entender este exponencial crecimiento: en promedio, una defensoría atiende 250 casos por turno de 15 días. En el caso de las defensorías civiles, en este lapso de tiempo llegaron a tener alrededor de 400.
Cada defensoría cuenta con un defensor oficial, un secretario y dos o tres administrativos (casi siempre abogados o estudiantes de abogacía). La poca cantidad de personal, sumado a la superposición de audiencias, hace que el sistema esté sobrecargado.
Según Sefair, el sistema de la Defensoría Oficial actualmente funciona “al tope”. Un sistema al que acuden los más desamparados de la sociedad, quienes muchas veces no tuvieron las mismas oportunidades que el resto. Pero también un sistema que actualmente alberga a aquellos que no cuentan con las mismas oportunidades que en otros tiempos sí.
No hay una solución “fácil” para mejorar el sistema de la Defensoría Oficial, puesto que, si bien es independiente desde el punto de vista administrativo, técnico y funcional, depende económicamente de la Corte de Justicia. Por lo que, para cada decisión que incluya nuevas erogaciones, como sumar nuevo personal, necesita el OK de alguien más. Para que esto cambie, se debe modificar la Constitución Provincial mediante una consulta popular.
