15 Junio 2025
El Gobierno enfrenta dificultades para reunir los apoyos necesarios en Diputados y demora el tratamiento del proyecto de ley de "Principio de Inocencia Fiscal", destinado a incentivar la bancarización de los dólares que están fuera del sistema financiero. La clave para destrabar la discusión no sólo está en el respaldo de los gobernadores, sino también en lograr adhesiones entre los sectores más díscolos de la oposición, especialmente la Coalición Cívica, los radicales no alineados y el bloque que responde a Miguel Ángel Pichetto.
Por ahora, el oficialismo evita convocar al plenario de comisiones para iniciar el debate, aunque confía en poder abrir la discusión durante la última semana de junio. "El Congreso y las comisiones están complicados. Queremos ser prudentes, pero la intención es avanzar lo antes posible", señaló un operador libertario. La propuesta impulsada por el ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, busca atraer parte de los más de U$S 250.000 millones que los argentinos mantienen fuera del circuito bancario. Sin embargo, ni los aliados más optimistas del oficialismo creen que el debate formal pueda comenzar la próxima semana, y plantean como alternativa una reunión informativa entre el 24 y el 26 de este mes.
El respaldo de los gobernadores, que firmaron su adhesión al nuevo Régimen Simplificado de Ganancias, no es suficiente. La iniciativa fue girada a las comisiones de Presupuesto, Legislación Penal y Legislación General, donde el oficialismo tiene control en las dos últimas, pero no logra mayoría en Presupuesto, presidida por José Luis Espert. Allí se requieren 25 firmas para el dictamen de mayoría, pero La Libertad Avanza sólo suma 22, incluyendo apoyos de PRO, UCR, MID, la Liga del Interior, Innovación Federal y Producción y Trabajo. En la vereda opuesta, Unión por la Patria reúne 20 votos y el Frente de Izquierda uno más para rechazar la propuesta oficial.
Para alcanzar las tres firmas que faltan, Martín Menem, Eduardo "Lule" Menem y Santiago Caputo apuntan a Encuentro Federal (de Pichetto), Democracia para Siempre (de Manes y Lousteau) y la Coalición Cívica (de Elisa Carrió). Entre los radicales díscolos, sólo Jorge Rizzotti, cercano al gobernador jujeño Carlos Sadir, podría ceder ante la presión oficialista. También se observa con atención la postura del cordobés Ignacio García Aresca, alineado con el gobernador Martín Llaryora. En tanto, la Coalición Cívica reclama la falta de tratamiento del Presupuesto y mantiene reparos sobre la reforma al Procedimiento Tributario incluida en el proyecto. Aún con apoyo en comisión, el oficialismo no tiene garantizados los votos en el recinto, donde los gobernadores podrían pesar para torcer voluntades. Mientras tanto, Jorge Macri (CABA) y Maximiliano Pullaro (Santa Fe) condicionan su aval a cambios en la iniciativa, y Axel Kicillof (Buenos Aires) directamente se opone al Régimen Simplificado y amenaza con gravar a quienes blanqueen dólares fuera del sistema.
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