A días de que la Corte Suprema dejara firme la condena a Cristina Kirchner en la causa Vialidad, la Justicia avanzó con otro fallo clave: el Tribunal Oral Federal N° 5 confirmó este lunes que más de 50 propiedades, vehículos, cuentas y activos financieros de la familia seguirán embargados en el marco de la causa Hotesur-Los Sauces, donde están imputados la ex mandataria y su hijo Máximo por lavado de dinero.
La decisión judicial dejó firme la medida cautelar que alcanza a bienes distribuidos entre Capital Federal, Santa Cruz y El Calafate, incluyendo hoteles, terrenos, vehículos, acciones en sociedades y más de 6 millones de dólares en efectivo. La causa aún no tiene fecha de inicio de juicio oral.
En paralelo, la defensa de Cristina solicitó que se levanten los embargos, alegando que los bienes ya no figuran a su nombre. Es que en agosto de 2016, apenas tres días después de haber sido procesada por el direccionamiento de la obra pública en favor de Lázaro Báez, la expresidenta cedió de forma anticipada el grueso de su patrimonio a sus hijos, Máximo y Florencia Kirchner.
"El 50% de los activos financieros, bienes muebles e inmuebles que me correspondieran en la sucesión de Néstor Kirchner fueron cedidos legítimamente a mis hijos", argumentó entonces en una presentación judicial. Desde ese momento, Cristina declaró poseer apenas 200 mil dólares como patrimonio propio.
Fiscales evalúan denuncia por insolvencia fraudulenta
Para los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, este movimiento podría constituir el delito de "insolvencia fraudulenta", una figura utilizada para vaciar el patrimonio antes de afrontar un proceso de restitución de fondos al Estado. El Tribunal Oral Federal 2 ya había dispuesto en su sentencia que Cristina y los demás condenados deben devolver, en forma solidaria, al menos 500 millones de dólares, cifra que será actualizada por peritos de la Corte.
A CFK le corresponderían cerca de 55 millones de dólares de ese total. Como se prevé que la mayoría de los condenados aleguen insolvencia, los fiscales pidieron abrir un incidente de ejecución para avanzar en el decomiso de bienes, que incluyen 145 inmuebles, 42 autos, dos embarcaciones, 18 productos bancarios y 11 participaciones societarias.
En un escrito reciente, Luciani y Mola solicitaron al juez de ejecución penal Jorge Gorini que el dinero recuperado a través del decomiso sea destinado a fines sociales, como la construcción de escuelas, hospitales o infraestructura pública.
"Debe resarcirse el grave daño ocasionado al Estado. La corrupción afecta directamente el goce de derechos esenciales como salud, educación, vivienda y justicia", sostuvieron. La Corte Suprema avaló esta línea al reglamentar el uso social de los fondos recuperados en la Acordada N° 2/18.
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Máximo figura como titular de 25 inmuebles, entre Capital y Santa Cruz, acciones en Hotesur y Los Sauces, un vehículo y una suma cercana a 6 millones de dólares. Según su última declaración jurada, su fortuna asciende a más de 4.700 millones de pesos. Florencia, en cambio, fue sobreseída, aunque en su nombre también figuran cuentas y propiedades cedidas por su madre, incluida una caja de seguridad con 5 millones de dólares en el banco Galicia.
La estrategia de CFK recuerda a maniobras similares utilizadas por otros funcionarios condenados por corrupción, como María Julia Alsogaray, quien se declaró insolvente y perdió su mansión en Recoleta tras un fallo por enriquecimiento ilícito.
Pese a la cesión de bienes, los fiscales y peritos sostienen que parte de los activos permanecen ocultos, en manos de testaferros o transferidos mediante actos simulados. El ex titular de la UIF, Mariano Federici, sostuvo que es probable que "una parte significativa del producto del delito aún no haya sido blanqueada" y pidió investigar si hubo maniobras para evadir la acción de la Justicia.
Mientras tanto, la expresidenta dice contar con apenas U$S 200.000, además de un terreno en El Calafate, el usufructo de su departamento en Recoleta y acciones en empresas como Mercado Libre, Apple y Vista Oil. Sus ingresos actuales son inciertos: el gobierno de Javier Milei le anuló en noviembre la jubilación de privilegio que cobraba, valuada en 14 millones de pesos mensuales.
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