Pensiones por invalidez: el Gobierno dio de baja a uno de cada tres beneficiarios que evaluó
Los datos corresponden a las 11.035 auditorías que hizo en 2024; lo reveló la organización ACIJ, que accedió a reportes oficiales de la Agencia Nacional de de Discapacidad; unas 10 ONG denunciaron ante la ONU que esta situación pone en riesgo el derecho a la protección social
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LA NACIONPaula Soler
Unas 11 mil pensiones por invalidez fueron auditadas por el Gobierno nacional en 2024 y de ellas, el 35% fueron dadas de baja. El dato lo difundió la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), que accedió a esas cifras luego de un pedido de información pública hecho ante la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis).
Las pensiones por invalidez son un beneficio que hoy perciben 1.212.187 personas, según cifras de septiembre de 2024 del Boletín Estadístico de la Seguridad Social que cita la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) en su documento “Pensiones por discapacidad: aportes a la discusión pública”.
A principio de este año, el Gobierno había argumentado que es necesario auditarlas porque en los últimos 20 años se pasó de 78.585 beneficios a la cifra actual. Y había señalado que se detectaron inconsistencias en el otorgamiento de muchas de ellas.
En ese contexto, durante 2024 se enviaron 33.925 citaciones, de las cuales 12.522 fueron efectivamente notificadas, mientras que 16.982 no llegaron a manos de los beneficiarios de las pensiones. De estas personas notificadas, asistieron 11.035. Y, finalmente, de ese universo 3.854 tuvieron una evaluación desfavorable, 6.729 favorable y 452 están aún en proceso de análisis.
Desde ACIJ informaron que prefieren ser prudentes y esperan los datos de los primeros meses de este año para ver cómo evolucionaron las auditorias y qué porcentaje han sido dadas de baja.
La principal razón por la cual las pensiones son rechazadas, dijeron desde ACIJ, es porque no cumplen con una modificación realizada recientemente y que indica que, para percibir la pensión, las personas deben tener un 66% de invalidez para trabajar.
Todas estas cifras se desprenden del análisis que ACIJ hizo de la respuesta al pedido de información pública ante la Andis, organismo que en lo que va del año aún no informó públicamente sobre la cantidad de pensiones auditadas este año. De acuerdo a la información oficial que se desprende del Informe 142 presentado por el Poder Ejecutivo en la Cámara de Diputados, al mes de abril de 2025 ya se habían suspendido 2.004 pensiones porque sus titulares no cumplían con los requisitos.
LA NACION le consultó a la Andis sobre el número de pensiones auditadas hasta el momento, pero no recibió respuesta.
Auditorías “regresivas”
Unas semanas antes de difundir este informe hecho en base a información oficial, ACIJ junto a nueve organizaciones vinculadas a los derechos de las personas con discapacidad, como la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) entre otros, habían denunciado ante la Organización de Naciones Unidas (ONU) que el criterio de evaluación de las pensiones es inconstitucional.
Esas organizaciones aseguran que la forma de auditar las pensiones va en contra de la Convención Internacional por los Derechos de las Personas con Discapacidad, a la que nuestro país adhirió otorgándole rango constitucional.
Asi, los cambios en los requisitos para acceder a una pensión por invalidez que el Gobierno introdujo con el decreto 843 “son regresivos e inconstitucionales” y en eso se basaron las organizaciones para argumentar su denuncia ante la ONU. Ese decreto, publicado en septiembre, determinó que las personas con discapacidad que tuvieran un trabajo formal no podían cobrar la pensión, algo que se había permitido en una reforma realizada en 2023.
Además, estableció que el beneficiario debe acreditar, al menos, un 66% de incapacidad laboral para poder cobrar una pensión, lo que, según explican desde ACIJ, responde a un enfoque médico de la discapacidad y es contrario al modelo social que establece la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
“Que las personas cuenten con un 66% de discapacidad laborativa es el requisito principal para evaluar la continuidad de las pensiones”, señaló a este medio uno de los especialistas y asesores de ACIJ, Eduardo Quiroga. Esto va en contra de una mirada social de la discapacidad e instala una mirada meramente médica, explicó, porque es un hecho que una persona puede trabajar si se le brindan los debidos apoyos necesarios, como facilidades para movilizarse o la extensión de tiempos para realizar ciertas tareas.
“Pensar la discapacidad desde ese decreto es pensar que las barreras no están en la sociedad, sino en las personas, cuando en realidad es al revés. Hay barreras históricas y sociales que se basan en prejuicios y que no permiten que las personas con alguna discapacidad puedan tener un trabajo”, explica Quiroga.
Por otra parte, el especialista indica que se condena a las personas a ser dependientes de sus familias e incluso se ignora que sus gastos para vivir son mayores que los de las personas que no tienen una discapacidad, ya sea por los medicamentos que deben tomar, la adecuación que deben hacer de sus espacios para movilizarse o los costos para trasladarse de un lugar a otro ante la imposibilidad de poder tomarse un medio público de transporte.
La incompatibilidad de poder trabajar y cobrar la pensión que plantea la actual normativa también “va en contra del principio de vida independiente al que subscribió el país al sumarse a la Convención”, explicó.
De hecho, el 87% de los mayores de 14 años con certificado de discapacidad no tiene trabajo, según el último anuario estadístico de la Andis.
Quejas e incertidumbre
Desde ACIJ y otras organizaciones que representan a las personas con discapacidad se afirma que tienen “cientos de consultas y quejas de beneficiarios”, ya que muchos no han recibido la carta documento en el que les informan que deben presentarse a las auditorías. Esto es preocupante ya que tienen 60 días para presentarse y si no lo hacen la pensión se da de baja.
“El Jefe de Gabinete dijo hace poco que de las 703.430 cartas documento enviadas, 222.607 no fueron entregadas y 231.948 están en proceso de distribución. Hicimos un pedido de información pública para saber porque no fueron entregadas porque es grave. Hay miles de personas que ni siquiera recibieron la citación y que por ende podrían estar incumpliendo con este control”, advirtió.
Para muchas personas, la pensión es el único ingreso que tienen y con el que cubren algunas de las prestaciones más básicas y elementales, desde la alimentación, la vivienda, etcétera. “Además, muchas, a través de la pensión acceden al programa Incluir Salud con la que cubren necesidades de salud”, señala Quiroga.
“El Estado debería hacer el esfuerzo de notificar adecuadamente a esta población”, reclamó Quiroga. Hay personas ciegas recibieron la documentación por escrito y otras que cambiaron de domicilio y no les llegó la notificación. A personas que por una cuestión de salud mental no pueden salir de sus casas y se las exhortó a que se acerquen a sanatorios ubicados a 500 kilómetros de su casa para ser auditadas. Otras denunciaron que debieron permanecer parados varias horas en colas para poder sacar un turno con la Andis.
Incluso algunas fueron citadas en lugares inexistentes o en clínicas donde les dijeron que no hacían auditorías. Cuando intentaron reclamar, muchos se encontraron con que nadie atendía en los números de contacto de la Andis.
Luego del proceso de auditoría, el paso que le sigue es enviar en el plazo de 30 días nuevamente la documentación médica. El principal mecanismo es a través del TAD, que es el sistema online de trámites a distancia, que para muchas personas también es inaccesible, no solo el sistema, sino el poder contar con una computadora o con la asistencia de alguien para enviarlo.
Cantidad de pensiones y presupuesto
En conversación con LA NACION, Quiroga, especialista de ACIJ, advirtió que son muchas las irregularidades que la Andis debe rever.
—¿En qué se basan las bajas en las pensiones hasta el momento?
—El jefe de gabinete informó que en abril ya se habían suspendido más de 2000 pensiones, pero aún no nos enviaron los datos consolidados desde que empezaron las auditorías a esta parte del año. Muchas de las suspensiones están vinculadas con el requisito de invalidez laboral que ahora es el 66% y que, por supuesto, es muy problemático desde un enfoque de derechos.
—¿Cuál es el monto de una pensión?
—Hoy no cubre ni siquiera una canasta básica para una persona adulta. La pensión siempre corresponde el 70% de una jubilación mínima. Eso da unos 211.000 pesos y aparte tienen el bono de 70.000 pesos que se le otorga a las pensiones y jubilaciones mínimas. Por eso llega a unos 283.306 pesos. Entonces no solo yo le otorgo a una persona un monto notablemente insuficiente para tener una vida digna, sino que también de alguna manera le prohíbo que consiga solventar sus gastos con otros ingresos como puede ser un ingreso laboral.
—¿Cuál es el presupuesto que asigna la Andis a las pensiones?
—En total, el presupuesto que maneja este año es de 3.749.501 millones de pesos. Si se suma el presupuesto de pensiones y el programa Incluir salud, ambos representan el 99,4% del presupuesto total. Este año vemos con respecto al año pasado una reducción del 30%.
—Andis asegura que el número de pensiones es excesivo. ¿Es es así?
—En Argentina el número no pareciera ser excesivo en absoluto. De acuerdo a proyecciones que realizamos, a marzo del 2025 estimamos que recibían la pensión 1.193.523 personas. De acuerdo a los datos del censo 2010, porque no están desagregados los datos del último censo en materia de discapacidad, en Argentina el 12,9% de la población total tenía algún tipo de discapacidad. Lo que equivalía en ese momento a 5.175.105 personas aproximadamente. Esa proporción no está lejos de las estimaciones mundiales, ya que la OMS calcula que un 15% de las personas en el mundo tiene alguna discapacidad.
—De esas personas, ¿qué cantidad recibe una pensión?
—Tomando ese porcentaje de personas con discapacidad del censo 2010 y proyectándolo sobre la población que surge del censo 2022, solo el 20% del total de personas con discapacidad recibe una pensión. No pareciera para nada un número exorbitante.
Más información
Acij hizo dos guías con información sobre las cartas documento que la Andis envía a las personas que deben presentarse para que se audite su pensión no contributiva por invalidez:
- Una guía general
- Una guía con lenguaje fácil
Además, elaboró nuevos modelos de amparo para defender los derechos de las personas con discapacidad que pueden ser bajados desde aquí
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