La justicia pretende recuperar al menos US$ 500 millones en el caso “Vialidad”

La Justicia aspira a recuperar al menos 530 millones de dólares producto del perjuicio que le provocó al Estado las maniobras realizadas por los condenados en la causa Vialidad por el fraude a la administración pública, producto de la corrupción en las licitaciones de rutas en Santa Cruz.

Esto, sin contar a demanda civil que inició el Estado contra los ahora condenados. Allí se reclaman 1120 millones de dolares, y se tramita por separado. Semejantes cifras representan el peso de lo desviado en concepto de corrupción, solo en materia de fraudes en el sector de Vialidad.

Ese monto debe ser pagado de manera solidaria por todos los condenados, incluida Cristina Kirchner, Lázaro Báez y los exfuncionarios de Vialidad Nacional provincial que están presos.

La suma surge del monto calculado por los jueces del Tribunal Oral Federal N° 2, Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso cuando impusieron las condenas en diciembre de 2022.

Esa cifra, que quedó firme tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia que confirmó la condena, ahora debe ser actualizada por los jueces del tribunal oral. Luego deben pasar lista a los bienes embargados a todos los condenados, decomisarlos, y ponerlos a subasta para que el Estado recupere el dinero y lo destine a la persecución penal.

La cifra de 530 millones de dólares, de todos modos, corre el riesgo de ser insuficiente. El monto original que se estableció en la condena dictada en diciembre de 2022 del perjuicio al Estado fue de 84.835.227.378 pesos.

A esa cifra se le deben aplicar las actualizaciones del caso, pero cada tribunal tiene criterios diferentes para hacerlo. Algunos usan la tasa activa del Banco Central, otros la tasa pasiva del Banco Central y, otros, el índice de inflación del INDEC.

Calculando el monto del perjuicio con este último criterio, la cuenta llega a los 641.961.937.613 pesos. A la cotización del dólar al día, da unos 530 millones de dólares.

El Tribunal Oral Federal 2 va a empezar a pensar en ejecutar estos bienes, una vez que concluya esta primera etapa en la que se está asegurando las detenciones de los condenados y la resolución eventual de sus pedidos de prisión domiciliaria, según dijeron fuentes del caso.

Los jueces del tribunal oral ya establecieron en la sentencia que el monto a decomisar debía ser actualizado a través de la intervención de organismos técnicos especializados y van a ser ellos quienes definan la tasa a aplicar, siguiendo los lineamientos de la sentencia.

Una vez que tengan una cifra final pasarán a la ejecución de ese monto de dinero.

En cuanto a la modalidad y demás particularidades de ese proceso, todavía no es una cuestión que los jueces hayan analizado. Faltan una serie de pasos para estar en condiciones de decidir, por lo que por el momento van a seguir trabajando con lo urgente e inmediato que son las detenciones y los legajos de arresto domiciliario.

El monto del decomiso surge de un pedido de los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola que calcularon que el perjuicio al Estado debe determinarse por el monto de sobreprecios en las 51 licitaciones, los daños ocasionados por el abandono de las obras, el monto de las licitaciones para remediar canteras, que no se hicieron y lo abonado como modificaciones de obras y redeterminaciones de precios en la totalidad de los casos investigados.

La idea es que se produzca un “recupero de activos provenientes del delito que procura impedir que el autor del ilícito penal pueda seguir disfrutando de lo que por él obtuvo”, dijeron los fiscales al alegar.

Se trata de la herramienta que posee el Estado para “procurarse los bienes que sirvieron para cometer un hecho ilícito o de aquellos que son producto o ganancia de aquel”, dice la sentencia de la condena.

Ahora bien, de donde van a salir los bienes para cubrir el prejuicio al Estado, es otro tema espinoso.

Cristina Kirchner declaró un patrimonio de 250 millones de pesos, en su última declaración jurada, ya que no posee otros bienes, pues hizo un anticipo de herencia en favor de sus hijos Máximo y Florencia. Los 150 millones están compuestos por acciones en su mayoría y dinero en efectivo que está embargado.

Quien tiene mayor cantidad de bienes es Lázaro Báez. el juez Sebastián Casanello en la causa de la ruta del dinero K hizo un análisis patrimonial de los bienes, incluidas las cerca de 40 estancias, miles de autos y aviones y concluyó que suman unos 120 millones de dólares.

Claro que este monto debe repartirse entre los tribunales, porque Báez está condenado por lavado en la ruta del dinero K donde se le impuso una multa de 300 millones de dólares y el decomiso de otros 55 millones de dólares.

Con el agravante de que además hay un juicio por al quiebra de Austral Construcciones, donde los jueces ya autorizaron que se rematen bienes para pagar a los deudores, principalmente los trabajadores y proveedores.

En paralelo a la causa penal donde Cristina Kirchner fue condenada a 6 años de cárcel por corrupción, tramita silencioso un expediente en la justicia civil en el cual la Dirección Nacional de Vialidad le reclama a la expresidenta unos 1125 millones de dólares para resarcirse por los actos de corrupción de su Gobierno.

Pero a tratarse de un expediente civil depende del impulso que le de la parte para que avance. En este caso la Dirección Nacional de Vialidad.

Hay una norma que dice que cuando no hay impulso en seis meses en una demanda, esta cae porque se supone que el interesado dejó de estarlo.

Y esto es lo que ocurrió en esta causa según Cristina Kirchner que planteó ya dos veces la caducidad de la instancia, lo que en la práctica implica un pedido para que se cierre el caso.

Por ahora María Eugenia Nelli viene rechazando esos pedidos. El último fue el del 7 de abril pasado donde Cristina Kirchner insistió sobre la caducidad del caso.

“No existe actualmente interpretación alguna que pueda salvar la manifiesta inacción de Vialidad con relación a estos actuado, por ello, vengo a solicitar se ajuste a derecho el proceso y, habiendo pasado el plazo previsto en el art. 310 y ss. CPCCN, se declare la caducidad de instancias con expresa imposición de costas”, dice la presentación de su abogado Luis Goldin.

Ahora resta que la jueza resuelva, aunque luego el asunto será apelado ante la Cámara y eventualmente a la Corte.

El hecho de que exista una condena penal firme con fallo de la Corte Suprema contra los condenados, ya es una garantía de que el Estado cobre el monto de la demanda, pero siempre y cuando pueda demostrar que mantuvo el interés en seguir adelante con el proceso.

Por Hernán Cappiello

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