Amenazas y disputas por el poder
09 Junio de 2025 13:40
La política tucumana entró en una espiral de crisis y escándalo tras la filtración de un audio que expuso los presuntos vínculos entre el intendente de Juan Bautista Alberdi, Luis "Pato" Campos, y el empresario Roque "Chipi" Giménez, en una conversación que mezcla acusaciones por narcotráfico, robos millonarios, amenazas políticas y una interna feroz por el poder local. El impacto fue tan fuerte que el gobernador Osvaldo Jaldo resolvió este lunes intervenir el municipio y destituir al intendente y a todo el Concejo Deliberante.
Lo que parecía una disputa más dentro del microclima político del interior tucumano estalló como una bomba institucional con la viralización de un audio de alto voltaje. En la grabación, "Chipi" Giménez -empresario de la construcción devenido en aspirante a intendente- lanza un sin número de reproches e improperios contra Campos, a quien no solo acusa de haber perdido el control del municipio, sino que directamente lo vincula al manejo del narcotráfico y le exige el pago de 16 millones de pesos por un supuesto robo en el mercado municipal. "Necesitás un Al Capone para gobernar, no un Lassie. Están diciendo que Luisito se mete merca todos los días en la oficina", le dijo sin rodeos Giménez al intendente, en un fragmento que escaló rápidamente a los despachos más altos del Poder Ejecutivo provincial.
La reacción del gobernador Jaldo no se hizo esperar. En una rueda de prensa cargada de tensión, anunció la intervención del municipio por un período de 180 días, con la promesa de convocar a elecciones el 26 de octubre. "Esto no es solo un audio escandaloso. Hay una red de complicidades que vamos a desarmar. Quien tenga vínculos con el narcotráfico va preso, sea intendente, concejal o contratista. No vamos a permitir que el crimen se meta en la política", lanzó con tono desafiante. Jaldo designó como interventor al histórico dirigente peronista Guillermo Norry, con pasado sindicalista y peso propio dentro del PJ tucumano.
La medida será ratificada por la Legislatura provincial esta misma semana, con base en el artículo 139 de la Constitución tucumana que habilita la intervención ante "graves desórdenes institucionales". Mientras tanto, la ciudad de Juan Bautista Alberdi se convirtió en un hervidero. Un operativo conjunto entre la Policía de Tucumán, Gendarmería y el Ministerio Público Fiscal llevó a cabo múltiples allanamientos en domicilios vinculados tanto a Campos como a Giménez, además de otros funcionarios municipales. En una vivienda del empresario se incautaron celulares, documentación y el DVR de las cámaras de seguridad.
Con estas piezas claves, las autoridades buscan avanzar en la causa que investiga la posible connivencia entre el poder local y el negocio del narcotráfico. El intendente Campos, que no negó que su voz esté en el audio, aseguró que fue grabado sin su consentimiento y que no recuerda detalles de la conversación, aunque admitió que discutía con Giménez por el robo de maquinaria en el mercado municipal. "Quiero limpiar mi apellido. No tengo nada que ver con el narcotráfico. No voy a renunciar. Estoy más firme que nunca", declaró, aunque esas palabras quedaron enterradas por la decisión política del gobernador.
La figura de Giménez tampoco sale ilesa. El empresario de 39 años, contratista habitual del municipio y responsable de obras públicas como una sala velatoria y reformas en el centro cultural, pasó de proveedor municipal a denunciante con aspiraciones políticas. Él mismo confesó que quiere competir por la intendencia y que la conversación con Campos fue parte de una interna desatada por el desfinanciamiento de obras. Pero su retórica, plagada de insultos, amenazas y afirmaciones gravísimas, terminó encendiendo alarmas judiciales y políticas por igual. Como telón de fondo, la situación en Alberdi ya venía cargada de tensiones.
Días antes de la difusión del audio, fuerzas de seguridad secuestraron un pan de cocaína en el municipio, lo que para Jaldo fue "la señal de que estamos tocando intereses pesados". "No es casualidad. Están nerviosos porque estamos avanzando", afirmó. La crisis no solo sacude los cimientos del municipio, sino que abre un nuevo capítulo en la lucha por el poder territorial en el sur tucumano, donde familias políticas tradicionales -como la de Campos y su esposa, la legisladora Sandra Figueroa- alternan cargos desde hace décadas. El escándalo parece marcar el principio del fin de ese ciclo.
