"No es una ley 'light', -afirmó- pero tampoco parece un recorte brutal. Su implementación efectiva dependerá de cómo se reglamente y se controle".
"Está en juego una redefinición del contrato social en el trabajo y eso siempre es terreno complejo" "Está en juego una redefinición del contrato social en el trabajo y eso siempre es terreno complejo"
Un estudio realizado por Juan Martín Morando, experto en legislación laboral de BDO, consultora especializada en contabilidad, impuestos y asesoría empresarial, analizó las recientes iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional para EL LIBERAL y destacó cuáles son los puntos clave que se pretenden modificar como beneficios sociales, vacaciones y nuevas contrataciones.
Morando indicó que "a pesar de la fuerte resistencia de múltiples sectores, el Gobierno nacional ha avanzado en una de las materias más sensibles del derecho argentino: la legislación laboral. En un camino que inició con el DNU 70/2023, y que siguió con la aprobación de la Ley de Bases 27.742, el oficialismo busca ahora dar un paso más con un nuevo proyecto que apunta a reformar la Ley de Contrato de Trabajo, incentivar el empleo y facilitar la inversión".
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Recordó el analista que "el 28 de noviembre de 2024, el oficialismo presentó en Diputados el Proyecto de Ley de Promoción de Inversiones y Empleo. Su núcleo: actualizar prácticas laborales, alinear beneficios sociales con las dinámicas del siglo XXI y ofrecer incentivos fiscales a la contratación. ¿Se trata de una verdadera modernización o de una flexibilización con otro nombre?".
En este sentido, enumeró todos los cambios propuestos.
Pactos individuales y nuevos beneficios sociales
"Uno de los puntos más discutibles del proyecto reside en la posibilidad de que empleadores y trabajadores pacten cambios en las "modalidades esenciales" del contrato de trabajo. Esto, aunque sujeto a homologación por parte de la autoridad administrativa, introduce un margen de negociación individual que puede debilitar el principio de irrenunciabilidad consagrado en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional", señaló.
Por otra parte, "se reconocen prácticas extendidas en el mundo del trabajo que hasta ahora no estaban claramente amparadas por la ley: reintegros por medicina prepaga, servicios de cuidado infantil, acceso a internet o vouchers alimentarios. La ley busca que estos beneficios no sean considerados remunerativos, brindando alivio fiscal al empleador y mejor calidad de vida al trabajador. ¿Un ganar-ganar? Posiblemente, aunque no exento de riesgos si se utilizan para sustituir parte del salario formal".
Más certezas sobre vacaciones, licencias y certificados médicos
El proyecto –señaló Morando- "actualiza criterios de otorgamiento de vacaciones, ampliando los períodos posibles y permitiendo fragmentación. También propone cambios en la gestión de enfermedades inculpables, con la creación de un Registro de Médicos oficial para validar certificados. Con ello, se busca zanjar viejas controversias judiciales que generaban litigios e incertidumbre para ambas partes".
En paralelo, destacó también que "se establece que los créditos laborales devengarán intereses más previsibles —limitados a un tope razonable vinculado al IPC—, incluso en casos de quiebra o concurso del empleador".
Incentivos a la contratación: ¿herramienta eficaz o espejismo fiscal?
Por otro lado, el experto señaló que "el proyecto propone un esquema de créditos fiscales para quienes incorporen nuevos trabajadores, con porcentajes de beneficio crecientes según el tamaño de la empresa. En paralelo, incentiva la contratación de empleados provenientes del sector público, con condiciones específicas para evitar favoritismos o acomodos".
"Ambas medidas –destacó- podrían tener impacto positivo en un mercado laboral que necesita dinamismo. No obstante, su eficacia real dependerá de la confianza empresarial y de un contexto macroeconómico que aún no da señales claras de recuperación sostenible".
El límite entre modernización y precarizacion
A su vez, expresó que "el texto parece orientarse a legitimar legalmente muchas prácticas que ya ocurren de facto en el mundo laboral argentino. Pero este tipo de reformas también suelen poner en tensión derechos adquiridos". "No es una ley 'light', -afirmó- pero tampoco parece un recorte brutal. Su implementación efectiva dependerá de cómo se reglamente, cómo se controle".