Ajuste en la atención a las personas con discapacidad: «Es legitimar la discriminación y la exclusión»

Finalmente el miércoles pasado, la Cámara de Diputados de la Nación le dio media sanción a la ley de Emergencia en Discapacidad, ahora falta esperar la votación y aprobación de lo senadores y en ese caso, «rogar» porque no llegue el veto del presidente Javier Milei. En Río Negro y Neuquén, referentes en esta materia consideraron muy positiva la manifestación conjunta con los jubilados y profesionales del hospital Garrahan, pero claramente no sienten que la emergencia sea suficiente para resolver la crítica situación de fondo por la que están atravesando las personas con discapacidad.

Dolores Eyheraguibel, subsecretaria de Políticas Públicas para Personas con Discapacidad de la provincia de Río Negro y Daniela Carrera, integrante del Foro Permanente en Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad de Neuquén, aseguraron que si bien la ley de emergencia es un paso, se requiere de mayor apoyo y convicción para defender y sostener las políticas públicas en favor de las personas con discapacidad.

Explicaron que en este punto se requiere de un cambio de actitud y romper con esa mirada y pensamiento de parte de la clase dirigente que está volviendo al viejo concepto de que «las personas con discapacidad no producen, que son un gasto».

Este volver a, «el retroceso social», lleva a que el Estado se desentienda de las personas con discapacidad. Y ejemplos hay millones, las obras sociales no brindan algunas de las prestaciones que el afiliado requiere, o se suspenden arbitrariamente o se cortan transitoriamente. Medicamentos que quedan fuera del plan de asistencia, trámites eternos, terapias que no son aprobadas o autorizadas con tanta lentitud que la persona tarda el doble de tiempo en lograr mejoras en su vida y en su salud. Aranceles de los terapistas que están muy por debajo de lo necesario para que puedan obtener un salario digno por su profesión, la caída de los Certificados Únicos de Discapacidad (CUD) y la lista podría serguir. Una de las principales causas de todo esto son la fata de presupuesto para financiar organismos y planes de asistencia y la ausencia de políticas públicas correctas.

La susbsecretaria de Políticas Públicas para Personas con Discapacidad, Dolores Eyheraguibel, de la provincia rionegrina comentó que desde ese lugar de contención, se sostienen varios programas no solo en lo relacionado al acompañamiento, sino también en Salud y en gestionar para derribar los obstáculos que se presentan a la hora de generar soluciones inmediatas y efectivas frente a «una demanda inmensa». «El presupuesto por supuesto nunca alcanza», agregó.

Las referentes se mostraron preocupadas por estas situaciónes, pero realizan un análisis mucho más profundo. «Lo más crítico es el retroceso social, como en la misma línea respecto de los jubilados, los colectivos trans, las mujeres. Lo que habíamos avanzado que requeria un cambio cultural que llevaba su tiempo; el reconocimiento como sujeto de derecho, como ciudadano, dejar de usar el mogólico como insulto, en todo eso de a poco se esta retrocediendo», consideró Daniela Carreras.

«Con las políticas actuales del gobierno nacional se pretende legitimar la discriminación y exclusión», sentenciaron. En Río Negro y Neuquén se trabaja por una atención igualitaria, amplia e integral para las personas con discapacidad. Pero cualquier intento que se pretende hacer o camino que se comienza a recorrer queda trunco con un gobierno nacional claramentre ausente y sobre todo que «intenta además, legitimar un posicionamiento individual», agregaron.

La situación en Río Negro, Neuquén y Argentina

Neuquén tiene más de 30.000 personas con alguna discapacidad que cuentan con el Certificado Único de Discapacidad (CUD), representan el 1,7% del total de la población. En Río Negro, el registró asciende a 36.000 personas, 2% de la cantidad total de habitantes.

La estadística completa y detallada está desactualizada, el último registro oficial data de 2023, pertenece a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y salvo el porcentaje de personas con discapacidad distribuidas por provincias, el resto son a nivel nacional. «Todavía no tenemos los datos de este año, por ahora solo decir que en la actualidad son 36.000 las personas con una discapacidad en la provincia que tienen su Certificado Único de Discapacidad», aseguró la subsecretaria de Río Negro.

Según los registros de la ANDIS, en Argentina unas 1.680.723 personas tienen Certificado Único de Discapacidad, lo que representa un 3,65% de la población nacional. El 25,3% presentan una deficiencia motora, el 23,3% fue certificada por deficiencia mental, un 20% corresponde a personas con más de un tipo de deficiencia, el 10,% cuenta con un certficado por deficiencia intelectual, un 7,3% por deficiencia físico visceral y el 4,8% restante tiene deficiencia sensorial visual.

«La distribución de la población en grandes tramos de edad refleja que el rango de 15 a 64 años concentra un 54,7% de la población certificada (918.589 personas). Las personas certificadas menores de 15 años representan un 22,7% (383.150 personas) y el grupo de personas certificadas de 65 años y más representan un 22,6% (379.009 personas)», se detalla en el informe de la Agencia.

Clasificadas por género, de las 1.147.545, que recibieron su CUD a partir de septiembre de 2018, cuando se incorpora la variable «identidad de género al protocolo de evaluación), un 55,8% son de género masculino, un 44,2% son de género femenino, 85 personas transexuales, 51 personas son de género no binario y 82 personas se identifican con otro género.

La letra del proyecto que obtuvo media sanción

Que dice el proyecto de ley que luego de la aprobación de la Cámara de Diputados, aguarda ser debatido en el Senado:

• Refuerza las pensiones no contributivas por invalidez que serán equivalentes al 70% del haber mínimo jubilatorio. Actualmente son de 213.000 pesos. La pensión será compatible con un empleo en blanco, siempre y cuando los ingresos no superen los dos salarios mínimos.

• Otorgar financiamiento para la Agencia Nacional de Discapacidad y sus programas vinculados a la salud, la accesibilidad, la inclusión, la prevención y promoción del modelo social de discapacidad.

• Fortalecer el Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral a favor de las Personas con Discapacidad.

• La actualización mensual automática de los aranceles que perciben terapistas, psicólogos, entre otros profesionales, de acuerdo al índice de precios al consumidor, informado por el Indec, con financiamiento del Estado.