Escala la batalla judicial por la herencia de una de las bodegas más premiadas de Argentina
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La histórica pelea por la herencia dentro de una de las bodegas más prestigiosas del país sumó un nuevo capítulo judicial. La fiscalía de Delitos Económicos e Informáticos de Mendoza imputó este jueves a José Alberto Zuccardi, en el marco de una causa iniciada por su hermana, María Cristina Zuccardi. La denuncia lo acusa de "defraudación" por un supuesto vaciamiento patrimonial para evitar pagarle una millonaria deuda.
Según el expediente, la fiscal Susana Muscianisi imputó a José Alberto como autor del delito, y a Pedro Giovanello -apoderado de La Agrícola y Viña Santa Julia, además de fiduciario del Fideicomiso Familia Zuccardi- como partícipe necesario.
La causa penal avanza sobre maniobras presuntamente diseñadas para eludir un fallo judicial que, en agosto de 2023, ordenó a Zuccardi pagarle a su hermana intereses por más de u$s12 millones.
"Lo que hace la imputación es darle inicio al proceso penal", señaló Bernardo Saravia Frías, abogado del empresario. Pese a las acusaciones, sostuvo: "La empresa continuará trabajando como hasta ahora".
La denuncia y el fallo contra el empresario bodeguero José Zuccardi
La denuncia, presentada por los abogados de lMaría Cristina Zuccardi –Enoc Ortiz y Carlos Varela- sostiene que José Zuccardi habría y estaría realizando en el presente "actos tendientes a insolventarse", y estaría licuando su patrimonio, fraguándolo, escondiéndolo y disminuyéndolo "en conjunto con Giovanello y su hija".
Y para ello, habría transferido "112 marcas comerciales propias y de valores millonarios a una empresa que integran solo sus hijos en el medio del proceso judicial y con posterioridad a la sentencia para burlar el derecho de cobrar de María Cristina Zuccardi".
La Agrícola es la empresa que comercializa los vinos y productos más conocidos de la "Familia Zuccardi" con vastos premios y reconocimientos internacionales.
La denuncia sostiene que la presunta acción delictiva se habría realizado antes, durante y luego de sentencia civil de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza es del 5 de agosto del 2024 por la que condena exclusivamente a José Alberto y su patrimonio, compuesto entre otros precisamente por las marcas que se habrían transferido.
Y este presunto traspaso de acciones habría ido a Viña Santa Julia SA., propiedad exclusiva de sus tres hijos. "Para ser claros, una donación encubierta mediante una insolvencia defraudatoria, con una única perjudicada patrimonialmente; Cristina Zuccardi y en burla a las decisiones judiciales de la máxima instancia".
Por eso, el fallo emitido por María Teresa Day, Pedro Llorente y Omar Palermo, analizó la cuestión desde una perspectiva de género: "Por el sólo hecho de ser mujer, recibió un trato desigual en la distribución de los bienes familiares. Según esa evaluación, sus padres no habrían considerado que tuviera la capacidad, la aptitud, la creatividad y la tenacidad para llevar adelante la empresa familiar, cualidades que encontraron sólo en el hijo varón.
Una historia familiar marcada por la disputa
La denuncia de María Cristina recorre la historia de la familia y el origen del conflicto. En los años 60, Alberto Victorio Zuccardi y su esposa Emma Cartellone eran los principales accionistas de tres empresas: La Agrícola, Cimalco Mendoza y Cimalco Neuquén. En 1991, el padre decidió repartir los activos entre sus tres hijos. La Agrícola -la bodega insignia- quedó íntegramente en manos de José Alberto, mientras que las dos constructoras fueron divididas entre los tres hermanos. Todo quedó formalizado en un contrato firmado por los herederos.
Con el correr de los años, el valor de los activos se desbalanceó: la bodega creció hasta convertirse en una de las más premiadas del mundo, mientras que las constructoras perdieron relevancia. El padre murió en 2014 y su esposa, en 2020, sin bienes a su nombre.
En 2018, María Cristina, ex diputada nacional y ex esposa del ex ministro de Trabajo Alberto Flamarique, presentó una demanda civil. Asegura que su parte de la herencia fue sustancialmente menor y que el valor de las acciones no refleja lo pactado.
"Veremos en futuras ampliaciones que esta composición societaria y los valores de las acciones han sufrido sustanciales modificaciones con la única intención de alterar esencialmente con maniobras defraudatorias por parte de José", sostiene la denuncia.
En declaraciones públicas, Cristina aclaró: "Lo que yo pretendo es recuperar el capital que presté en aquel momento y que fue utilizado a favor de una actividad. Simplemente, que se repare la situación original. No pretendo apropiarme de nada posterior".
Además, rechazó los argumentos que plantean que un pago de u$s12 millones pondría en riesgo a la bodega. "Es una falacia", afirmó, y agregó: "Yo, aún, no recibí nada y ya están descalificando la sentencia, como si fuera un tema de género. Esto es una 'legítima violada', independientemente del sexo de los hijos".