La primera ministra danesa busca prohibir el uso del niqab en los colegios: “Dios debe quedar a un lado”

MADRID (Europa Press).- La primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, anunció un plan para prohibir el uso del niqab -uno de los velos utilizados por el islam- en los colegios y universidades de todo el país y aclaró que “Dios debe quedar a un lado” para que “la democracia preceda” cuando se trata de la educación.

Frederiksen, que alertó de que existe una “represión inherente al control social dentro del islam”, indicó que el plan también prevé la retirada de salas destinadas al rezo en instalaciones educativas. “Tenemos el derecho a ser creyentes y practicar nuestra religión, pero la democracia va primero”, aseguró en declaraciones a la agencia de noticias Ritzau.

Las nuevas medidas contemplan multas para aquellas mujeres que presenten un velo cubriendo el rostro. Asimismo, señaló que se reunirá con los ministros de Educación y Enseñanza Superior, Mattias Tesfaye y Christina Egelund, respectivamente.

Con esto, la mandataria busca “dejar claro que las universidades no deben contar con instalaciones religiosas” e instó a los citados ministros a “lograr soluciones conjuntas”. “No queremos porque son utilizadas como mecanismos para oprimir a las niñas e incluso a los niños”, aseveró.

Esta propuesta fue puesta sobre la mesa a medida que crece el debate en otros países de Europa, especialmente Francia, donde el ex primer ministro Gabriel Attal propuso prohibir el uso del velo islámico en espacios públicos para las menores de 15 años aludiendo a una falta de igualdad entre hombres y mujeres.

Asimismo, el anuncio del Ejecutivo danés obedece a las recomendaciones de un comité de expertas, la denominada Comisión para la Lucha de las Mujeres Olvidadas, para garantizar “que las mujeres en contextos minoritarios puedan disfrutar de los mismos derechos y libertades que las demás mujeres danesas”. En su momento, la propuesta provocó reacciones y protestas en Dinamarca, y el plan original fue rechazado en 2023.

En esta nueva oportunidad, la normativa fue duramente criticada por partidos de todo el espectro político por considerar que una legislación de este tipo es inconstitucional y “muy difícil de aplicar”. Quienes se oponen a la prohibición general, entre ellos organizaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional, afirman que esto atenta contra el derecho de las mujeres a vestir como deseen. “Todas las mujeres deben ser libres de vestir como les plazca y de llevar prendas que expresen su identidad o sus creencias”, afirmó la ONG en 2018.

LA NACION

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