El Congreso de la Nación se encuentra resguardado por fuerzas federales de seguridad, como cada miércoles desde hace meses. Este miércoles 25 de octubre, la Gendarmería, Prefectura y Policía Federal están en alerta por la marcha iniciada a las 16 horas, donde se espera la participación de diversos grupos, más allá de los jubilados. Se unieron a la movilización de jubilados miembros del movimiento feminista Ni Una Menos, que cumplió 10 años ayer, investigadores del Conicet, estudiantes universitarios y familias de personas con discapacidad, que exigen que se apruebe la ley de emergencia en el área.
Ante esta situación, el Ministerio de Seguridad, liderado por Patricia Bullrich, decidió cerrar el tránsito desde las 10 de la mañana en avenidas cercanas al Palacio Legislativo. Las restricciones incluyen la Avenida Entre Ríos, Av. Hipólito Yrigoyen, Combate de los Pozos, Callao y Rivadavia, y Riobamba y Rivadavia en los alrededores del Congreso. Aunque la marcha comenzó a las 16 horas, se veían desde más temprano a grupos de familiares de personas con discapacidad.
La movilización busca visibilizar el reclamo al Gobierno por el desfinanciamiento de la educación pública, la salud y la investigación, así como por la necesidad de actualizar las prestaciones para personas con discapacidad, lo que impacta negativamente en este grupo. Dentro del Congreso, los bloques de oposición consiguieron el quorum para tratar temas sensibles para el actual Gobierno. Este último anticipó que rechazaría cualquier proyecto que se apruebe.
Entre los puntos destacados que se discutirán está la restitución por dos años de la moratoria previsional, solicitada por el peronismo y la izquierda. Este mecanismo, que no fue prorrogado en marzo, permitía a quienes no cumplían con los 30 años de aportes completar lo necesario para acceder a la jubilación mínima. También se debatirán propuestas para establecer una Prestación Proporcional que reconozca los años aportados aunque no se logre el mínimo de 30 años.
Además, un consenso amplio entre diversas fuerzas políticas busca aumentar las jubilaciones en un 7,2% y un incremento en el bono que actualmente permanece congelado en $70 mil desde marzo del año pasado. La disputa principal se centra en el monto del bono, con el peronismo planteando elevarlo a $115 mil, a lo que Encuentro Federal propone $105 mil.
Otro punto relevante en la agenda será la declaración de emergencia en discapacidad, que se extendería hasta el 31 de diciembre de 2027. Esto conllevaría una recomposición de los aranceles de prestaciones y una indexación para ajustar los pagos a la inflación, además de modificaciones en las condiciones de acceso a los beneficios y actualizaciones en los nomencladores.
