El Gobierno de Javier Milei desplazó este miércoles a Mayki Gorosito, directora ejecutiva del Museo Sitio de Memoria ESMA, y desató una nueva ola de repudios por parte de organismos de derechos humanos y sobrevivientes del centro clandestino. La medida fue comunicada por Ana Belén Mármora, quien sin designación oficial, comenzó a tomar decisiones desde el Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos (CIPDH), entidad a la que el museo fue subordinado recientemente.
El apartamiento de Gorosito se dio apenas diez días después del décimo aniversario del museo, que funciona en el predio de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), epicentro del plan represivo durante la última dictadura. El sitio fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 2023, tras un proceso impulsado por la gestión de Gorosito.
Desde el cambio de gobierno, el Museo Sitio ESMA fue uno de los espacios alcanzados por las reestructuraciones, recortes y despidos promovidos por la administración libertaria. A mediados de mayo, fue degradado a unidad operativa dentro del CIPDH, una institución que permanece acéfala desde la salida de Fernanda Gil Lozano.
Mármora —quien proviene del ámbito jurídico y mantiene un perfil militante ligado a sectores antiderechos— ocupa las oficinas del organismo aunque su nombramiento aún no fue oficializado. Fue ella quien comunicó a Gorosito su desvinculación, sin resoluciones públicas ni explicaciones administrativas.
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Reacciones de sobrevivientes y organismos
La decisión generó rechazo inmediato por parte de sobrevivientes del centro clandestino, quienes emitieron un comunicado conjunto. "Este acto no puede entenderse como una decisión administrativa aislada. Se trata de una clara manifestación del desprecio sistemático hacia la política de Memoria, Verdad y Justicia", expresaron.
En el mismo sentido, acusaron al Gobierno de pretender desmantelar los símbolos democráticos construidos tras décadas de lucha: "El Sitio de Memoria ESMA no es un espacio neutro: es un testimonio vivo del horror de la dictadura, pero también de la fuerza transformadora de la justicia y la memoria". Los organismos de derechos humanos señalaron que este tipo de medidas responden a un accionar negacionista y revanchista, guiado por una visión ideológica que busca erosionar los consensos democráticos construidos tras el retorno de la institucionalidad en 1983.
Durante el acto por los diez años del Museo Sitio ESMA, la ahora exdirectora Gorosito había advertido sobre la reducción de personal y la falta de apoyo institucional por parte del Gobierno. "Éramos 42, ahora somos 28 trabajadores", dijo entonces, al tiempo que recordó que la gestión libertaria había prometido no afectar el funcionamiento del espacio.
El Museo funciona en el predio donde más de 5.000 personas fueron secuestradas y torturadas durante la dictadura cívico-militar. Su valor simbólico, histórico y pedagógico ha sido reconocido tanto en el país como en el exterior, especialmente desde que la UNESCO lo inscribió como Patrimonio Mundial, un hito que la propia Gorosito coordinó junto al equipo del sitio.
Ahora, se espera que Ana Belén Mármora designe a una persona de su confianza al frente del Museo. El perfil de la próxima conducción aún es incierto, pero fuentes del sector advierten que podría responder a una lógica de “neutralización simbólica”.
DCQ / Gi