Tras el cruce de Carrió con el Gobierno por el Garrahan, la Coalición Cívica pide la intervención de la Defensoría General de la Nación

Luego del fuerte cruce entre Elisa Carrió y la viceministra de Salud, Cecilia Loccisano, por el supuesto desfinanciamiento del Hospital Garrahan, la Coalición Cívica presentó un pedido formal a la Defensora General de la Nación, Stella Maris Martínez, para que intervenga en defensa de los derechos de niños, niñas y adolescentes. En el escrito, el espacio político denunció “una situación de abandono estatal deliberado” y advirtió sobre la “regresión de derechos fundamentales, en particular del derecho a la salud infantil”.

El documento —que lleva la firma de diputados nacionales, legisladores porteños y dirigentes de la CC— reclama la actuación urgente de los Defensores Públicos de Menores e Incapaces, según lo estipulado por la Ley 24.946, en todos los procedimientos que puedan iniciarse para garantizar el acceso a una atención médica adecuada en el hospital pediátrico. La presentación acusa al Gobierno nacional de implementar un ajuste presupuestario que compromete el funcionamiento del Garrahan y agrava la situación de los pacientes en estado crítico.

El conflicto escaló días atrás, cuando Carrió publicó un tuit en el que responsabilizaba al ministro de Economía, Luis Caputo, por la situación del hospital: “Toto Caputo, con los niños no. Vas a terminar preso y yo me voy a ocupar de eso. Lo del Hospital Garrahan es un escándalo moral”, escribió. La respuesta de Loccisano no tardó en llegar: “Es un escándalo que haya 953 burócratas en el Garrahan y solo 478 médicos de planta. Estamos poniendo el hospital en orden”. La tensión también se da en medio del reclamo salarial de los médicos residentes del centro de salud.

En ese marco, la Coalición Cívica advirtió que el ministro de Salud, Mario Lugones, podría haber incurrido en delitos contemplados en el Código Penal, como el incumplimiento de los deberes de funcionario público y el abandono de persona. Además, solicitó que se constituya de forma urgente una comitiva del Ministerio Público de la Defensa en el hospital, con personal especializado que supervise la situación y vele por los derechos de los pacientes pediátricos.