La Casa Blanca lanzó una ofensiva contra el gobierno de Lula da Silva, que apunta a provocar una encerrona del sistema judicial brasileño para limitar su independencia. Le tocó al Secretario de Estado Marco Rubio la tarea de arremeter con el anuncio de una decisión de la administración de Donald Trump, destinada a impedir el ingreso al país de “autoridades extranjeras” que hayan violado el sagrado principio de la libertad de expresión y de prensa. Desde luego, el castigo recaerá sobre aquellos que se animen a censurar empresas tecnológicas como la Plataforma X, propiedad de Elon Musk.
En Brasilia ya se sabe quién será la primera víctima: el ministro del Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, que viene batallando desde hace tiempo contra las fake news distribuidas en las redes sociales. Vale recordar que ordenó la suspensión de X en Brasil durante varios días, precisamente porque los Musk y sus gerentes no quisieron borrar contenidos falsos que podrían perjudicar la elección presidencial brasileña de octubre de 2022, cuando Lula da Silva obtuvo su victoria contra Jair Bolsonaro.
El secretario Rubio se lamentó: “Durante demasiado tiempo los americanos fueron multados, asediados y hasta acusados por autoridades extranjeras por el solo hecho de ejercer los derechos a la libertad de expresión”. En función de esa prerrogativa, Rubio difundió el contenido de la norma: “Es una nueva política de restricciones para entregar las visas, a funcionarios extranjeros y personas que sean cómplices de la censura contra los americanos. La libertad de expresión –insistió- es esencial a nuestro modo de vida, un derecho innato sobre el cuál los gobiernos extranjeros no tienen autoridad”.
Insistió en ese punto, con más declaraciones: “Los extranjeros que trabajan para minar los derechos de los americanos no deben gozar del privilegio de visitar nuestro país”.
Es cierto que, con su función de canciller, el funcionario evitó dar nombres y apellidos. De modo que la nueva norma se aplicará ya “sea en América Latina, en Europa o en cualquier otro lugar”. Pero fuentes de la diplomacia brasileña indicaron que el primero de la lista de sancionados es el magistrado Moraes.
Los primeros en celebrar la nueva normativa de Washington fueron los miembros del clan del ex presidente Jair Bolsonaro, quien enfrenta hoy un juicio en Brasil por haber encabezado un golpe de Estado para impedir la llegada de Lula al Palacio del Planalto. Los miedos de este “Pater Familia” son los de terminar en la cárcel por la cantidad y talla de los delitos cometidos, entre los cuáles figuraron la posibilidad de asesinar a Lula, a Moraes, a Geraldo Alckmin e inclusive al anterior titular del Senado, Rodrigo Pacheco.
El juicio contra Bolsonaro padre está en marcha, bajo la conducción del magistrado de la Corte; y cada día que pasa, se confirman aún más todas las sospechas.
Habida cuenta de las amenazas de Washington que se ciernen sobre miembros del STF, la familia Bolsonaro celebró las declaraciones de Rubio. No podría ser de otra manera, ya que en la imaginación del clan, las órdenes salidas de Estados Unidos ejercen efectos fulminantes sobre los eventuales castigados.
Pero aquel que podría ser el primer ejemplo de la penalización estadounidense, el juez De Moraes, no permaneció impávido. Dio rienda suelta al Procurador General de la República, Paulo Gonet, para que inicie investigaciones sobre Eduardo Bolsonaro, el diputado hijo del ex mandatario, que pidió licencia en el Congreso y hoy reside en el Distrito Federal norteamericano. ¿Cómo fue que entró en escena el legislador? Ocurre que en febrero viajó a EE.UU. con la supuesta intención de tomar vacaciones con su familia; pero pocos días después de aterrizar, comenzó a pasearse por los pasillos del Capitolio, donde mantuvo reuniones con representantes ultraconservadores. Ya a fines de marzo, el hijo de Bolsonaro, ideaba con las autoridades del Partido Republicano para conseguir un “castigo ejemplar” contra Alexandre de Moraes, que lo obligara tal vez a retrotraerse de sus posiciones rígidas contra el ex gobernante brasileño.
El Procurador General Paulo Gonet advirtió que hay serios indicios de que Eduardo Bolsonaro comete varios delitos: atentado contra la soberanía de Brasil, coacción y obstrucción de las investigaciones y juicio en marcha contra su padre. Como sólo tiene autorización para permanecer 6 meses en Washington, Eduardo precisará extender ese permiso.
Por el momento, el gobierno de Lula no se ha pronunciado públicamente. Se sabe, sin embargo, que en caso de haber sanciones contra el juez de la Corte, se declarará como una “injerencia inadmisible” en los asuntos internos de Brasil.
HM/EM
