La masacre de Villa Crespo reabrió el debate por la Ley de Salud Mental

La masacre descubierta el miércoles 21 de mayo en un departamento del barrio porteño de Villa Crespo impactó por su magnitud, pero la conmoción fue aun más grande cuando se conocieron los detalles: según los datos que surgen de la investigación, la autora de los asesinatos habría sido Laura Leguizamón, la madre de los niños y esposo de la víctima mayor.

Paralelamente se supo que la mujer padecía trastornos psíquicos. Estaba bajo tratamiento, sufría depresión y lo del miércoles habría sido un brote psicótico.

Este caso policial remite al Congreso, que en 2010 aprobó la Ley 26.657 que introdujo la perspectiva de los derechos humanos en el abordaje de los padecimientos mentales. La ley vigente cosechó muchos apoyos en el momento de su aprobación, pero despierta muchas críticas de familias que se quejan que no tienen adónde llevar a los enfermos mentales. En el Congreso se han presentado numerosos proyectos sobre esta ley que está por cumplir 15 años y que muchos sostienen que al menos necesita modificaciones que hasta ahora los legisladores se resisten a tratar.

Autora de un proyecto para modificar la Ley 26.657, la diputada Marcela Campagnoli había presentado justamente dos días antes de la masacre de Villa Crespo un proyecto para declarar la emergencia en salud mental en todo el territorio nacional hasta el 31 de diciembre de 2027. El proyecto tiene por objeto efectivizar el cumplimiento de la obligación del Estado Nacional, asumida en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de modificar leyes y decretos y de adoptar medidas legislativas, ejecutivas, administrativas y de otra índole que sean pertinentes para asegurar el derecho a la salud mental. La medida es “en virtud de la grave situación que atraviesan los servicios de atención, prevención, tratamiento, rehabilitación e inclusión social de personas con enfermedad mental o trastorno y/o adicciones”, expresa el proyecto.

Para Campagnoli, la Ley de Salud Mental es “sumamente ideologizada, que busca estigmatizar al psiquiatra como torturador”.

Preocupada desde hace tiempo por el tema, la diputada de la Coalición Cívica organizó el 29 de abril en la Cámara de Diputados para tratar la problemática de la salud mental. En el primer panel participaron enfermos, adictos y familiares; en el segundo, especialistas, entre ellos el decano de la Faculta de Medicina de la UBA, que es psiquiatra. Hubo representantes de la Asociación de Psiquiatría y psicólogos, y el tercer panel estuvo dedicado a la justicia: cómo la Ley de Salud Mental también obstaculiza el desempeño de la justicia cuando tiene que judicializar una internación involuntaria.

“Yo comencé a trabajar el tema de la salud mental después de la pandemia, en 2021, cuando vi casos como el del cabo Roldán, que fue acuchillado en la puerta del MALBA por una persona en situación de calle que tenía trastornos psiquiátricos. El hermano vino como moderador de esa jornada”, contó a parlamentario.com la diputada Campagnoli, que agregó que también participó del evento la mamá del cantante Chano, Marina Charpentier, que fue moderadora del primer panel, y estuvo como expositor el actor Gastón Pauls, en su condición de exadicto.

Un intento fallido

El Gobierno nacional llegó a incluir una reforma de la Ley de Salud Mental en el proyecto de ley de Bases original. Allá por el 16 de enero del año pasado Marina Charpentier llegó a exponer en el plenario de comisiones de Diputados, donde aseguró que hay “una cantidad de familias y de madres desesperadas diciendo: ‘Mi hijo se quiere internar y no hay dónde’, porque realmente no hay dónde. Los psiquiatras tienen sueldos que son de vergüenza y casi que hacen un trabajo vocacional”.

“Celebramos la interdisciplina de la que habla la ley, celebramos que hablen de prevención”, destacó sobre el proyecto, y respecto de la norma vigente dijo que “será muy buena, pero es teórica. Es lo mismo que si hoy (Javier) Milei dijera ‘saco una ley para que desaparezca la inflación… no se puede, hay que tomar medidas para eso”.

En ese plenario celebrado en Diputados, la mamá de Chano, que a raíz de su experiencia personal encabeza la lucha de madres de hijos con adicciones, se preguntó: “¿Qué derecho humano tiene un paciente enfermo mental que no puede trabajar, que no puede criar a un hijo y que no puede convivir en la sociedad?”. Y advirtió: “Argentina tiene a los pibes muriéndose en la calle. Hagamos leyes para los pibes que tenemos, no los que soñamos tener”.

Como se recordará, la primera versión de la ley de Bases que incluía ese tema volvió a comisión y en el segundo intento ya no fue incluido el tema.

La tan mentada desmanicomialización

Cuando el 2 de diciembre de 2010 la entonces presidenta Cristina Kirchner promulgó la Ley Nacional de Salud Mental, recibió a los integrantes de Radio La Colifata en la Casa de Gobierno, en un hecho considerado histórico por las asociaciones vinculadas al campo de los derechos humanos y la salud mental. Se enfatizó entonces que nuestro país se unía a un pequeño grupo de países cuyo eje en salud mental es el respeto a los derechos humanos y con el principio de inclusión y no de exclusión.

La ley vigente reconoce la autonomía de las personas con padecimiento mental y su capacidad para decidir sobre lo que desean; recomienda la internación como un recurso terapéutico a utilizarse solo en situaciones excepcionales y en hospitales generales.

La Ley 26.657 desalienta las internaciones indefinidas y prohíbe la creación de nuevas instituciones psiquiátricas con características de asilo. Promueve el trabajo interdisciplinario de los equipos de salud y establece que el 10% del presupuesto de la cartera del área debe estar destinado a la salud mental. Eso nunca se cumplió.

Grandes defensores de la ley vigente fueron siempre el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) que denunciaron “presiones de la corporación psiquiátrica” cuando se demoraba su reglamentación.

Los principales argumentos en contra de la desmanicomialización se basan en la peligrosidad de los padecientes y en la concepción de la psiquiatría como disciplina aislada, separada de los hospitales generales.

En el Senado ya se han hecho jornadas para debatir sobre la Ley de Salud Mental.

Entre los argumentos a favor de la demanicomialización se sostiene que no tiene ningún sentido desde el punto de vista de la salud mental la existencia de los manicomios. Además, estas instituciones prácticamente no existen en los países con reformas modernas en el tema.

Para la diputada Campagnoli, lo principalmente malo que tiene la ley es que prohíbe los institutos psiquiátricos. “Cualquier enfermo mental o cualquier adicto tienen que ir a tratarse a un hospital polivalente, un hospital general”, sostuvo, insistiendo en que “nunca se cumplió el presupuesto que decía la ley del 10% del presupuesto nacional de salud dirigido a salud mental, para poder acondicionar los hospitales generales a la atención especializada”.

En ese sentido explicó que se necesitan hospitales especiales, pues “hoy estás internando a un enfermo mental que yo llamo ‘el enfermo vertical’, porque se mueve, parte de su tratamiento es estar en movimiento, no en una cama. Lo tenés al lado de un infartado, de una parturienta, de una persona que está con una fractura. ¿Y cómo hacés para tenerlo quieto, que no toque el monitor, por ejemplo? O lo atás en una cama, o lo dopás hasta que quede tonto… Estás vulnerando sus derechos, cosa que esta ley decía que venía a proteger”.

“¿Y qué es lo que pasa? Como los hospitales no tienen personal especializado, terminan expulsándolos o no recibiéndolos -continuó Campagnoli-. Y eso te lo dicen permanentemente los familiares, que me escriben hablando de la situación de vulnerabilidad que atraviesan”.

La diputada de la CC contó el caso de un familiar suyo que padece esquizofrenia. Afortunadamente siempre estuvo bien, porque estuvo medicado y estabilizado. Pero hace pocos días la llamó la madre, desesperada, para contarle que sin que ella supiera él había dejado de tomar la medicación. “Es un tipo grande, más de 40 años, y estuvo en situación de calle. Ella no lo encontraba por ningún lado. Lo quiso internar y no pudo porque él no quería, y la ley prohíbe la internación involuntaria”, recordó. Antes sí se podía internar; si un familiar, un vecino, denunciaba que una persona era peligrosa para sí o para terceros, el asesor de menores e incapaces disponía una internación evaluatoria para ver si merecía estar internado hasta que lo estabilizaran. Hoy no se puede eso.

“Solamente muy, muy excepcionalmente, y cuando haya un riesgo muy cierto e inminente. Si es un riesgo, no es cierto, porque siempre (el riesgo) es potencial, pero la ley dice que tiene que ser cierto -analizó Campagnoli-. ¿Y qué pasa? El año pasado hubo 4500 suicidios. Hoy, la segunda causa de muerte en jóvenes es el suicidio. No dan abasto los hospitales, porque no hay hospitales, subsistieron muy pocas clínicas privadas, el que tiene una buena prepaga tal vez consigue un buen lugar para internar a su hijo, el que no la tiene, no”.