La dura lección de la venta ilegal de mercadería social

En la semana que pasó tuvo lugar la audiencia en el juicio abreviado por el caso de la venta ilegal de mercadería perteneciente al Ministerio de Desarrollo Social. Dos de los acusados reconocieron su responsabilidad ante el juez y firmaron un acta acuerdo con el Ministerio Público Fiscal y se estableció para ellos una pena de ejecución condicional por ser responsables de los delitos de peculado a uno y de ser partícipe necesario el segundo, el compromiso de realizar trabajos no remunerados en favor del Estado o de instituciones de bien público a determinar. En tanto, se espera resolución con respecto a otros acusados en la maniobra, entre ellos el supuesto cabecilla del grupo, el dirigente barrial Juan Alberto López Cansillieri.

Se trata de una maniobra que causó fuerte conmoción en nuestra comunidad. En noviembre pasado, durante un allanamiento en Manantial Sur, en la casa de este dirigente barrial, en el marco de una causa caratulada “lesiones leves agravadas” la Policía encontró cientos de kilos de mercadería asignada por Desarrollo Social para su entrega a personas en situación vulnerable. Además se hallaron anotaciones y otros indicios que dieron cuenta de la comercialización de estos productos. Había también documentación que enumeraba los módulos alimentarios aportados a organizaciones barriales a nombre del dirigente para su supuesta entrega a situaciones en situación de vulnerabilidad. En otros operativos la Policía halló más mercadería de Desarrollo Social, lo que hace suponer que se trata de una operatoria que se habría repetido en varias ocasiones. El caso tuvo gran impacto pues se dio en momentos en que el Estado provincial había aumentado el auxilio a las comunidades vulnerables. El Ministerio de Desarrollo Social se había hecho cargo de programas de ayuda que había cambiado o abandonado el Gobierno nacional, al tiempo que a nivel federal había fuertes polémicas por otro escándalo, el de la mercadería en los galpones dependientes del Ministerio de Capital Humano.

El ministro entonces reafirmó el compromiso de su gestión con la transparencia y el control en la distribución de los módulos alimentarios destinados a 137.000 familias en situación de vulnerabilidad. “Nosotros tenemos un control cada mes. Vamos rotando el control. No ha fallado ningún mecanismo”, dijo en ese momento, prometiendo ajustar la forma en que se desarrollan esos controles.

En los seis meses que pasaron desde el escándalo de la venta ilegal no surgieron otras irregularidades, pero el hecho de que se haya tratado de una operatoria que se habría repetido en otras ocasiones da la pauta de que en estos casos se deben extremar los controles, tanto en lo que hace a la idoneidad de las personas designadas para estas tareas como en la forma en que se llevan a cabo los programas. No puede haber rendijas por donde se cuele la corrupción y en estos momentos de dura crisis es importante estar atentos a que la ayuda llegue siempre a quienes son los beneficiarios.