Creen que el ladero de un jefe narco dirigía desde la cárcel la venta de drogas en el conurbano
Se trata de Marcelo González, que está acusado de enviar órdenes a sus lugartenientes desde su celda
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LA NACIONGabriel Di Nicola
Fue uno de los lugartenientes de Max Alí Alegre, alias Negro Alí o Alicho, un capo narco detrás de una poderosa organización que controlaba buena parte de los búnkeres de droga del corredor noroeste del conurbano y que, en su momento, se sospechó que podía estar detrás del lote de cocaína adulterado con carfentanilo que provocó 24 muertes. Tras la caída y detención de su jefe, Marcelo González, apodado Oreja, continuó con el millonario negocio en una zona caliente del narcomenudeo, la villa 9 de Julio, en el partido bonaerense de San Martín. No detuvo el plan criminal ni siquiera cuando fue apresado y trasladado a una cárcel del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB).
Así se desprende de un expediente a cargo de la jueza federal de San Martín Alicia Vence, magistrada que, en su momento, tuvo a su cargo la causa donde se investigaron las 24 muertes provocadas por la cocaína adulterada.
En las últimas horas, personal de la Policía de la provincia de Buenos Aires hizo 16 allanamientos para desbaratar a la organización criminal. Uno de los operativos se realizó en la cárcel de Magdalena, donde está alojado Oreja González. Se detuvo a 15 sospechosos.
“El operativo tuvo como eje la desarticulación de una organización criminal liderada por González, actualmente detenido en la Unidad 28 del SPB, en Magdalena, desde donde coordinaba la distribución de estupefacientes en la villa 9 de Julio, en San Martín. Según la investigación, González operaba con una estructura de intermediarios que gestionaban el acopio, fraccionamiento, armado de envoltorios y venta de drogas, y que además contaba con una red financiera y armamento ilegal”, informaron fuentes de la policía bonaerense después de los procedimientos.
En la celda donde estaba alojado Oreja González se secuestraron dos teléfonos celulares. Se sospecha que eran los móviles utilizados para impartir las directivas para que el resto de la banda que no estaba detenida continuara con el negocio narco.
“Alicho, quien fuera jefe de Oreja González, está preso en una cárcel del Servicio Penitenciario Federal (SPF) bajo el protocolo de alto riesgo, lo que significa que no tienen contacto con el exterior. Entonces, se sospecha que la voz de mando la tomó su ladero, preso en el penal de Magdalena”, agregaron las fuentes consultadas.
Ese protocolo seguido en penitenciarias federales para cortar los vínculos de los jefes narco con sus aliados fuera de los muros empezó a ponerse en práctica el año pasado, cuando el Ministerio de Seguridad Nacional estableció una serie de cambios en el sistema de visitas para los presos definidos como de alto riesgo, con el objetivo de impedir el contacto físico entre los reclusos y sus allegados.
Según se informó entonces, la intención del plan es “enfrentar, disuadir, desarticular y neutralizar el accionar de miembros de organizaciones criminales nacionales y transnacionales, grupos organizados u organizaciones complejas” y reducir las posibilidades de que “participen en actividades delictivas desde los establecimientos penitenciarios” y de que exista “riesgo de corrupción o violación del régimen interno” o de entorpecimiento de las investigaciones judiciales.
A partir de la implementación del llamado “Sistema Integral de Gestión para Personas Privadas de la Libertad de Alto Riesgo en el Servicio Penitenciario Federal”, los jefes narco buscan alternativas para no perder el control de sus bandas.
Los dos teléfonos celulares secuestrados en la cárcel de Magdalena serán sometidos a un peritaje para reconstruir las comunicaciones que tuvo Oreja González y así poder identificar a las personas que recibieron sus directivas.
“Se investiga si las órdenes que bajaba Oreja González eran encargos de Alicho, pero, en principio, esa hipótesis está descartada porque Alí Alegre no tiene contacto con el exterior”, sostuvo una fuente judicial.
En los allanamientos, además de detener a los 15 sospechosos, detectives de la Superintendencia de Planeamiento y Operaciones Policiales de la fuerza de seguridad bonaerense secuestraron cuatro y medio de cocaína y 3,700 kilos de marihuana en envoltorios listos para ser comercializados, más de 9.000.000 de pesos y 13.000 dólares, 13 armas de fuego, más de 20 teléfonos celulares y anotaciones y chalecos antibalas, una réplica de fusil, municiones de distintos calibres y vehículos con pedido de secuestro.
Si bien, en febrero de 2022, la banda de Alicho estuvo bajo sospecha por la venta de la “cocaína envenenada”, la droga adulterada le fue adjudicada a la histórica organización narcocriminal liderada por Miguel Ángel Villalba, más conocido como Mameluco, quien soñó con ser intendente de San Martín.
Otros de sus laderos de Alicho, también conocido como Vieja, Joaquín Aquino, alias el Paisa, fue detenido pocos después de que estallara el escándalo. Fue procesado con prisión preventiva por el juez federal de Tres de Febrero, Juan Manuel Culotta, por tenencia de estupefacientes para su comercialización y tenencia de armas de guerra.
La banda del sospechoso operaba en una zona caliente del narcomenudeo: los barrios de emergencia Loyola y Villa Sarmiento,18, en San Martín, una zona cercana al asentamiento conocido como Puerta 8, en Tres de Febrero, donde se vendió la cocaína adulterada que causó la muerte por intoxicación de 24 personas.
Pero como se dijo, para la Justicia, el lote de la cocaína adulterada fue vendido por la banda de Mameluco Villalba. Así se estableció la causa judicial que llevó adelante la jueza Vence con la participación del por entonces fiscal Paul Starc, hoy funcionario nacional a cargo de la Unidad de Información Financiera (UIF).
La clave para avanzar sobre la banda de Mameluco fue una serie de intervenciones telefónicas ordenadas por la Justicia.
En una de las conversaciones incorporadas a la causa, Mameluco decía, desde la cárcel de Rawson: “Todas las cagadas que hicieron, tiraron a la cancha lo que no estaba para tirar, hicieron todo cagada”.
Su interlocutor, Matías Pare y Ruiz, apodado Mocho, respondió: “Sacaron la droga fea, la sacaron a vender acá a la mañana”.
Para la jueza Vence, el fiscal Starc y sus colaboradores no había dudas de que hablaban de la cocaína adulterada.
La escucha telefónica, ordenada por la Justicia y a la que, en su momento, tuvo acceso LA NACION, dura cinco minutos y 44 segundos. Mocho comenzó a hablar con cautela porque, al principio, no estaba seguro de que su interlocutor era Mameluco. Pero cuando advirtió que hablaba con su jefe se despachó:
“Ahora están todos con el bondi de la droga esa [por la cocaína adulterada]”, le explicó Pare y Ruiz al histórico capo narco que quiso ser intendente de San Martín.
Además, según otra escucha incorporada al expediente, los sindicados narcos tenían conocimiento de que la cocaína estaba adulterada porque dos integrantes de la banda la probaron para hacer un control de calidad y se descompensaron. Fue entre una semana y diez antes de que murieran los intoxicados.
“Locos están boludos, si esto estaba todo para no tirarlo [no venderlo], todo para guardar”, le dijo con bronca Mameluco a Mocho. “Si. Y bueno, no lo tiraron, lo pusieron ahí para vender”, respondió su cómplice.
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