La reciente firma de un nuevo acuerdo con el FMI por US$ 20 mil millones dio comienzo a la tercera etapa de la política económica de Milei, ya que, por primera vez desde que asumió el gobierno, la fuente de divisas que garantiza temporalmente el cierre del sector externo y evita una nueva devaluación es el endeudamiento del sector público.
En la primera etapa, iniciada con la devaluación de 2023 que llevó el dólar oficial de 360 a 800 pesos, el Gobierno ejecutó un fuerte ajuste fiscal sobre jubilaciones, obra pública, universidades, subsidios y empleo público, generando una caída del salario, el consumo y la actividad económica. La consecuente caída de las importaciones dio lugar a un holgado superávit comercial que le permitió al BCRA acumular US$ 7.816 millones de reservas netas hasta mayo. Sin embargo, esta fuente se agotó en junio cuando –producto de la apreciación– la cuenta corriente volvió a ser deficitaria.
La segunda etapa comenzó con el blanqueo fiscal que inyectó US$ 22 mil millones al sistema financiero y permitió relanzar un esquema de carry trade: las empresas colocaron deuda en dólares, vendieron estas divisas al Banco Central y compraron activos en pesos a una tasa más alta, superior al 7% en dólares entre agosto y noviembre. Pero a partir de marzo, las crecientes expectativas de devaluación pusieron en jaque ese esquema: el desarme de posiciones en pesos, el adelanto de importaciones y la menor liquidación de exportaciones implicaron una caída de US$ 4 mil millones de reservas netas, deshaciendo buena parte de lo acumulado.
En la primera y segunda etapa, los proveedores de divisas fueron, respectivamente, la balanza comercial y el sector privado. Ante su agotamiento, el Gobierno firmó el acuerdo con el FMI por US$ 20 mil millones (US$ 12 mil millones ya fueron desembolsados) y US$ 2 mil millones del BID y el Banco Mundial. Esta inyección de divisas despejó temporalmente las expectativas de devaluación y le permitió al Gobierno flexibilizar parcialmente el cepo sin que el dólar sufriera sobresaltos. Los problemas reaparecen, entonces, en el mediano plazo, ante la creciente carga de vencimientos de deuda.
El sector público enfrenta crecientes vencimientos de deuda a partir del año que viene, llegando hasta US$ 17.308 millones en 2030. A esto se le suma la carga del sector privado por US$ 17.600 millones anuales en promedio entre 2026 y 2030. Todo esto equivale a más de un tercio de las exportaciones actuales. ¿Cómo se generan los dólares necesarios para pagar sin devaluar?
Según el FMI, estos vencimientos podrán afrontarse en parte con superávit creciente de cuenta corriente, pero esto depende de dos proyecciones poco realistas: exportaciones creciendo al 5,6% anual –a pesar de estar estancadas desde 2011– e importaciones creciendo al 4,7%, cuando el PBI lo haría al 3,9%. Esto es contradictorio con la elasticidad de ingreso de la demanda de importaciones, que ronda entre 2,5 y 3. Si la economía se recupera a ese ritmo, las compras externas deberían crecer bastante más de lo proyectado.
Además, el FMI y el Gobierno coinciden en que el crecimiento provendrá de la liberalización económica: flexibilización comercial y laboral y achicamiento del Estado como “llaves” para el dinamismo exportador. Sin embargo, esto también contradice la experiencia reciente. El sector energético, el más dinámico de la última década, pudo desarrollarse precisamente gracias a la presencia estatal expresada en decisiones como la nacionalización de YPF y la inversión pública en el gasoducto Néstor Kirchner.
El acuerdo va a contramano de proyectos como Vaca Muerta, porque exige profundizar el ajuste. El superávit primario del 1,8% del PBI alcanzado mediante el fuerte ajuste de 2024 debe aumentarse al 2,5% del PBI para 2027. Además de consolidar el ajuste en áreas sociales, esto implica mantener pisado el gasto en infraestructura en el 0,4% del PBI, menos de un tercio de lo invertido en 2023, incluso aunque la recaudación mejore. Difícilmente pueda materializarse el salto exportador que proyecta el FMI con inversión en infraestructura, educación y ciencia y tecnología en mínimos históricos.
Frente a este cuadro, la deuda se paga con una cuenta financiera positiva, es decir, con más deuda. Para que esto sea posible, el Gobierno necesita sostener un esquema de ingreso de capitales financieros y recuperar el acceso público a los mercados internacionales de crédito, cerrado desde 2018. En otras palabras, el programa depende de una reducción del riesgo país que le permita al sector público tomar deuda con la que pagarles a sus actuales acreedores –incluyendo al Fondo–, un plan frágil que implica la continuidad política del ajuste, de un contexto financiero favorable en un mundo cada vez más volátil y de una confianza que podría derrumbarse ante cualquier sobresalto político o externo.
En conclusión, el acuerdo con el FMI permite estabilizar el dólar en el corto plazo, pero a costa de profundizar un modelo regresivo y frágil que sacrifica herramientas imprescindibles para el desarrollo económico a largo plazo. Una macroeconomía ordenada no garantiza prosperidad si el Estado no invierte ni planifica sectores estratégicos que posibiliten una mejora de la inserción exportadora a futuro.
* Economista e integrante del CIEN.
