El Juzgado Federal N° 2 de Salta sobreseyó al camionero Héctor Romero (71), único imputado por la desaparición de María Cash, ocurrida el 8 de julio de 2011. El hombre enfrentaba el cargo de "homicidio agravado por alevosía" y cumplía prisión preventiva desde noviembre del año pasado. El 3 de diciembre de 2024, el hombre había sido beneficiado con la prisión domiciliaria, por una enfermedad que padece.

El Juzgado --a cargo de Mariela Giménez-- dictó el sobreseimiento y ordenó la inmediata liberación porque "no existen pruebas suficientes, elementos objetivos, ni evidencias, que permitan vincular de manera fehaciente a Héctor Romero con los hechos imputados". A la par, el comunicado señaló que la investigación fue "rigurosa, imparcial y respetuosa", y que se priorizó "la búsqueda de la verdad y la preservación de los derechos constitucionales de las partes involucradas".

Ante esta situación, el fiscal general salteño Eduardo Villalba adelantó que presentará un recurso de apelación y mencionó que “la resolución se basó en evidencia que, según él, fue malinterpretada y cuestionó que esta decisión impide avanzar hacia un juicio oral que permita aclarar lo sucedido”.

Pese a la disconformidad de la fiscalía con el cierre del caso, las autoridades judiciales destacaron en el mismo comunicado que la investigación fue “rigurosa e imparcial”.

El abogado defensor del camionero, Fernando Díaz resaltó: "La resolución judicial es el resultado no solo de la inocencia sostenida desde un principio por el señor Romero, sino también de un sin número de tareas investigativas agregadas al expediente, como allanamientos, rastrillajes, pericias, testimoniales, entre otras". En la investigación participaron la División de Análisis de Evidencia Digital Forense, la Subdirección de Forensía Digital de la División de Criminalística y Estudios Forenses de la Dirección General de Inteligencia Criminal e Investigaciones de Gendarmería Nacional Argentina y por un perito oficial Licenciado en Criminalística y Criminología de la Corte de Justicia de la Provincia de Salta.

En esa línea, el letrado manifestó que el "análisis de todas las pruebas objetivas y científicas" y "una ardua tarea a cargo de la señora jueza, concluyeron de manera irrefutable en el decisorio fundamentado en más de 420 fojas. Declarando, además, que la formación del sumario no le afecte el buen nombre y honor de que hubiere gozado".

Sin embargo, Santiago Cash --hermano de la joven desaparecida-- no se sintió conforme. "Sólo quiero mencionar la mediocridad de la Justicia argentina, pero eso no es ninguna novedad", describió.

La resolusión también declaró prescripta la acción penal contra el abogado Carlos Enzo Cuéllar y el médico Jesús Virgilia Chuquisaca, acusados de falso testimonio por la fiscalía. Este último había asegurado haber atendido a la joven en su consultorio ubicado en la capital jujeña en el día de su desaparición. En tanto, el abogado y su hijo habían declarado haberla visto en la gruta Difunta Correa --Gral Güemes-- a las 17, pero el peritaje sobre sus celulares descubrió que la ubicación era otra. Pobladores de la zona declararon en múltiples ocasiones que no vieron a nadie allí el 8 de julio de 2011.

Un caso sin resolver

La joven tenía 29 años al momento de la desaparición. Había salido el 4 de julio de la terminal de Retiro para ir a visitar a un amigo que vivía en el norte del país. Fue registrada por última vez por una cámara de seguridad en el acceso a la ciudad de Salta. Algunos testigos declararon que se trasladó a la ciudad de General Güemes y que ahí fue vista haciendo dedo con sentido hacia el sur. Romero recorría a diario la ruta nacional N°34 y llevó a la joven en un camión en el trayecto de Salta Capital y Joaquín V. González.

Algunos testigos la describieron como "desorientada", "narcotizada" y "con la mirada perdida". Los investigadores notaron un patrón errático en su conducta en las estaciones --donde abandonó algunas de sus pertenencias-- y en su abordaje de micros y camiones.

Antes de su detención, Romero había declarado cinco veces: cuatro en 2011 y una en 2019. En esos testimonios, la Fiscalía concluyó que dio diferentes ubicaciones en la que habría dejado a la joven diseñadora, luego de que se subiera al camión. Así, la investigación lo señaló como la última persona en ver a la joven con vida. Durante la audiencia de imputación, Romero se declaró inocente, pero la jueza Giménez, decidió dictar prisión preventiva. Poco tiempo después, el hombre fue recluido en su domicilio por una enfermedad.

Por eso, el fiscal federal Eduardo Villalba le atribuyó haber levantado a María Cash en Güemes con la intención de abordarla sexualmente y en el trayecto desde la rotonda de esta ciudad a González, haberla atacado y luego haber hecho desaparecer su cuerpo. Esta fue una de las muchas hipótesis sobre el caso desde 2011. Durante algún tiempo, la investigación se centró en la trata de personas, pero esa línea no prosperó.

De todas formas, después de casi 14 años, la causa sigue abierta y la búsqueda del paradero de María del Carmen Cash sigue activa. Su padre, Federico Cash, se encargó personalmente de colaborar con las autoridades pero falleció mientras buscaba a su hija en 2014, tras sufrir un accidente automovilístico en la provincia de La Pampa. El Programa Nacional de Recompensas ofrece 5 millones por información que pueda dar con pistas que hagan avanzar el caso.

Informe: Natalia Rótolo.