El caso Vicentin sigue ofreciendo pruebas de cómo funciona el poder económico vernáculo. En un fallo del pasado 13 de mayo, la Sala Segunda de la Cámara de Apelación en lo Civil, Comercial y Laboral de Rafaela declaró nula la propuesta de pago realizada por los accionistas de Vicentin, en línea con lo dictaminado por la Suprema Corte santafesina, por considerarla fraudulenta.
De esta manera, la nueva decisión judicial dejó abierta la posibilidad para que los principales activos de la concursada sean vendidos al mejor postor. Los interesados son Viterra-Bunge y la cooperativa ACA. Las dos primeras sociedades ya concentran el 25% del mercado agroexportador del país, donde tiene una fuerte presencia el fondo BlackRock. El otro conglomerado que pretende quedarse con los restos de Vicentin es el Grupo Grassi, que en todo este entramado aparece asociado al Grupo CIMA, una sociedad manejada por Esteban Nofal, empresario vinculado a Mauricio Macri, según consta en el libro de Santiago O´Donnel titulado “Hermano”.
El caso Vicentin es un prisma de cómo funciona el poder económico local. A través de sus diferentes procesos judiciales saltaron a la luz diferentes operaciones de triangulación, falseo de balances, y un desfalco al Estado nacional con la complicidad de quien fuera hasta 2019 Presidente de la Nación (Macri).
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Un concurso poco eficiente
El Poder Judicial de Santa Fe confirmó una resolución que había dictado el juez del concurso de la cerealera, Fabián Lorenzini, para que se ponga en marcha un proceso de cramdown, es decir, la posibilidad de que los principales activos de la empresa concursada sean vendidos al mejor postor.
Al inicio del concurso de acreedores, el magistrado había rechazado la propuesta de la cerealera, cuyos dueños –todos imputados en una causa penal colateral por el delito de estafas y defraudación – ofrecían el pago de 320 millones de dólares en dos años y luego completar unos 512 millones al término de 12 años. Para Lorenzini, la propuesta de los dueños de Vicentin (la familia Nardelli y Padoan, entre otros) resultaba insolvente, sumado a una ocultación fraudulenta de sus activos y pasivos, entre otras consideraciones.
Para Sergio Arelovich, integrante del Mirador de Actualidad del Trabajo y la Economía (MATE), a partir de la decisión de la Sala Segunda de la Cámara de Apelación en lo Civil, Comercial y Laboral de Rafaela, que ratificó otro fallo de la Suprema Corte de la provincia, se abrirían dos caminos: o se dicta definitivamente la quiebra –la resolución más improbable-, o se habilita el proceso de cramdown, donde cualquier empresa podría hacer una mejor oferta a la realizada originalmente por la cerealera. También queda pendiente un recurso en queja ante la Corte Suprema de Justicia.
“Mientras todo esto sucede, transcurre el tiempo y la principal perjudicada es la propia Vicentin. Al reabrirse la posibilidad del salvataje, surgen un conjunto de buitres de distinto pelambre con intenciones de quedarse con la empresa, uno de los cuales es el Grupo Grassi asociado con el empresario Esteban Mofal”, sostuvo Arelovich en diálogo con El Destape.
Que un caso de esta envergadura quede circunscripto a un juez provincial podría ser funcional a la balcanización de la que supo ser una de las principales cerealeras del país.
“Cuando se llega a una situación de cramdown, por lo general la empresa ya llega exprimida. En este sentido, un concurso de acreedores no debería durar más de seis meses; incluso, estos procesos deberían ser conducidos por un juez federal, teniendo en cuenta que involucra tanto a acreedores externos y una entidad de la envergadura del Banco Nación. Lo de la jurisdicción federal es un tema profundo. En Estados Unidos es federal. Y la Constitución Nacional dice que debe ser federal. Pero, en nuestro país, históricamente, se puso la ley de quiebras dentro del código de comercio. De ese modo queda a cargo de los jueces provinciales”, explicó, en diálogo con El Destape, el abogado Enrique Hidalgo.
El socio oculto y los buitres
El Grupo Grassi es uno de los principales acreedores que pretenden quedarse con los activos de Vicentin, a través de su empresa Commodities S.A. Sobre el cierre del año pasado, llevó adelante una “jugada judicial” asociado a una misteriosa compañía llamada CIMA SA, a partir de la cual compró las acreencias de los principales bancos que participaban del concurso de acreedores.
Es decir que se quedó con montos verificados al momento del default por más de 447 millones de dólares, abonando una suma mucho menor. Las financieras que cedieron sus créditos fueron IFC (205 millones de dólares), FMO (122 millones), ING (46 millones), MUFG (12 millones), SMBC (12 millones), Natixis (9 millones) y el Rabobank (22,7 millones). Esta última entidad, vinculada al fondo BlackRock, es clave ya que formó parte de todo un esquema de triangulaciones previo al inicio del concurso.
El grupo inversor CIMA Investments pertenece al financista Esteban Antonio Nofal, hijo de Luis Nofal, cofundador de Torneos y Competencias junto a Carlos Ávila. Según manifestó el diputado santafesino y periodista Carlos Del Frade, “el grupo CIMA es totalmente desconocido para los sectores políticos y sociales de la provincia de Santa Fe, ciertos grupos financieros lo conocen”. “El dinero viene de afuera. Nofal está muy vinculado a Mauricio Macri”, aseveró Del Frade en declaraciones al portal Letra P.
La mención a Macri no es menor, teniendo en cuenta que toda la maniobra de desfalco quedó en evidencia con el préstamo político que le diera Macri a Vicentín vía el Banco Nación. La empresa CIMA consiguió el dinero para comprar las acreencias internacionales a través de Soripel S.A, una sociedad radicada en Uruguay fondeada a través de otras mamushkas radicadas en diferentes paraísos fiscales.
De acuerdo al libro “Hermanos”, publicado por Santiago O´Donnel, Mariano Macri, hermano del ex presidente, le había manifestado al periodista que Nofal era la persona que supo interceder ante la empresa Isolux a fin de que vendiese una serie de parques eólicos a otras compañías vinculadas a la propia familia Macri y a Carlos Tevez.
Los otros buitres que pretenden quedarse con Vicentin son la fusionada Viterra – Bunge. Entre ambas concentran el 25% del mercado agroexportador.
La trama del desfalco
“Hablar con Martín Mura (ministro de Hacienda y Finanzas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires) por préstamo a Sergio Nardelli. 10 palos”. De esta manera, Darío Nieto, ex secretario de Macri, dejaba asentada la preocupación del ex Presidente por apoyar el salvataje de una empresa que ya había anticipado una situación de stress financiero.
La nota en su celular – peritado en el marco de una causa judicial vinculada al espionaje ilegal durante el macrismo- fue agendada el 22 de noviembre de 2019. Un mes antes, Vicentin ya anticipaba una pérdida patrimonial al hablar de stress financiero. La caída sería de 910 millones de dólares, según detectó la auditoria forense realizada en el concurso de acreedores. Macri convalidaba la estada de la cerealera.
Sobre el cierre del 2019, también ocurrieron otros movimientos llamativos, como por ejemplo, la operación de Glencore para aumentar su participación en la sociedad que manejaba con Vicentin. Tal era el caso de Renova. De esa manera, pasaba a controlar el 66 por ciento de las acciones del principal activo que poseía Vicentin.
¿De dónde salió el dinero para esa operación? Según quedó registrado en la auditoría forense realizada en el marco del concurso de acreedores, parte del dinero que se pagó por esa operación –122 millones de dólares– había quedado retenido en el banco suizo Rabobank, una entidad financiera que posee como socio a uno de los principales fondos de inversión del mundo, BlackRock. Actualmente Glencore, que en el país pasó a llamarse Viterra, sociedad fusionada con Bunge, pretende quedarse con el resto de los activos de Vicentin.
El caso Vicentin desnudó un esquema de triangulaciones pensado para la elusión fiscal. Las sumas de dinero adeudadas por Vicentin a Rabobank, según su propia presentación dentro del concurso de acreedores, ascienden a los 23,6 millones de dólares. Uno de los últimos desembolsos del banco holandés tuvo como destino Glencore, transferencia solicitada por Vicentin Paraguay.
Paraguay fue clave en todo el entramado elusivo de Vicentin. Lo que hacía la empresa era ingresar soja paraguaya que era elaborada en el país, en el marco de un régimen de admisión temporaria, pero cuya facturación y despacho se anotaba desde Uruguay.
Por el conjunto de todas estas maniobras, el fiscal de delitos económicos de Rosario, Miguel Moreno, imputó por estafas y defraudación a catorce directivos de Vicentin, entre quienes se encontraban integrantes de las familias Padoan y Buyatti. Las maniobras de la compañía incluyeron el falseo de balances para conseguir distintas líneas crediticias, que luego eran redireccionadas hacia las empresas satélites del grupo.
De las movidas detectadas en esta causa, sobresale una explícita protección a Renova, el activo más valioso del grupo, que ahora pretende ser canibalizado por un conjunto de buitres, al decir del especialista contable del Mirador de Actualidad del Trabajo y la Economía (MATE).
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