
El legislador Gerónimo Vargas Aignasse rechazó el decreto de Javier Milei que limita la facultad de la Unidad de Información Financiera (UIF) para actuar como querellante en causas de lavado de activos, corrupción y crimen organizado. “Constituye un retroceso institucional grave que debilita al Estado en uno de los frentes más sensibles: el combate a las redes delictivas que financian la corrupción, el narcotráfico y la economía ilegal”, dijo.
“Mientras el Congreso Nacional avanza con decisión, sancionando la Ley Antimafias 27.786 -que agrava siete artículos del Código Penal y otorga herramientas extraordinarias a la Justicia para investigar y condenar a las organizaciones criminales- el Poder Ejecutivo opta por desarmar a uno de los organismos técnicos clave del sistema antilavado”, afirmó.
Y prosiguió: “No se trata de una medida menor. La UIF ha tenido un rol activo en causas complejas, como el caso Avianca-MacAir, que expuso vínculos entre empresas privadas y decisiones del Estado bajo sospecha de lavado de activos, tráfico de influencias y conflicto de intereses. En lugar de fortalecer su rol, el Gobierno decide limitarlo, justo en un contexto donde las organizaciones criminales se diversifican y penetran estructuras institucionales”.
El parlamentario consideró que el argumento técnico, basado en supuestas recomendaciones del GAFI, es engañoso. “Ningún estándar internacional exige suprimir la intervención judicial de las unidades de inteligencia financiera; por el contrario, se promueve su fortalecimiento, su independencia operativa y su articulación con el Ministerio Público Fiscal”.
“En Tucumán, en la próxima sesión legislativa, avanzaremos en la adhesión a la Ley Antimafias, reafirmando nuestro compromiso con la construcción de una política criminal moderna, seria y coherente. La seguridad no se garantiza con discursos ni con desfinanciamiento del Estado, sino con instituciones fuertes, preparadas para enfrentar el delito en todas sus formas”, sumó.
Por último, Vargas Aignasse consideró que “por eso, la pregunta es inevitable: ¿de qué lado está el Presidente? ¿Qué intereses defiende cuando le quita a la UIF una de sus principales herramientas para investigar el lavado y la corrupción? En un país que necesita más transparencia y más control, esta decisión va exactamente en el sentido contrario”, sentenció.