En paralelo al debate legislativo por los derechos de exportación (DEX), el secretario de CARBAP, Pablo Ginestet, publicó un mensaje contundente en sus redes sociales: “Desde la imposición de los DEX se perdieron más de 75.000 productores (25% del total). Solo ese dato debería ser suficiente para entender el daño que provocan”.
La publicación se conoció luego de una reunión clave en la Cámara de Diputados, convocada por la Comisión de Agricultura en el Salón Delia Parodi.
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Allí participaron las entidades de la mesa de enlace, que volvieron a insistir en la necesidad de eliminar las retenciones agropecuarias.
Ginestet en diálogo con TN agregó que continuar por el mismo camino significa seguir desmantelando el interior productivo.
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A su criterio, la eliminación del esquema no debe ser vista como una concesión, sino como una medida estratégica con impacto directo en el desarrollo económico y federal de la Argentina.
“Coincidimos en que los derechos de exportación deben eliminarse”
Durante el encuentro en el Congreso se debatieron al menos media docena de proyectos vinculados al régimen de DEX. El objetivo de la comisión es avanzar en un marco normativo que escuche las demandas del sector y promueva una mayor competitividad, sobre todo en las economías regionales.
Con el respaldo de las entidades rurales, el planteo cobró fuerza en un escenario donde la producción enfrenta costos crecientes, márgenes ajustados y, según los dirigentes, señales que desalientan la inversión en el campo.
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“Participamos en la reunión de la Comisión de Agricultura donde se discutieron seis proyectos que proponen distintas alternativas para reducir los derechos de exportación. Estaban presentes todos los bloques, pero lamentablemente el oficialismo no asistió”, explicó Ginestet.
“Desde CRA coincidimos en que los derechos de exportación deben eliminarse mediante una ley, y también consideramos fundamental derogar el artículo 755 del Código Aduanero, que le otorga al Presidente la facultad de subir o bajar retenciones. Ese atributo tiene que volver al Congreso”, remarcó.
“Nosotros argumentamos por qué este es el momento para hacerlo, y ese fue el eje central del debate”, señaló.
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“El sector agropecuario viene pagando retenciones hace más de 23 años. En ese período se perdieron 75.000 productores, lo que representa el 25% del total. Esa cifra por sí sola debería darnos escalofríos. Seguir por este camino resulta intolerable. Es hora de achicar el gasto público y mejorar la competitividad de la economía”, sostuvo Ginestet.
Los derechos de exportación al agro tienen una larga historia en la Argentina. Fueron reinstaurados en 2002, durante la salida de la crisis económica, como una herramienta de recaudación rápida para el Estado. Desde entonces, con diferentes gobiernos, el esquema se mantuvo con variaciones en las alícuotas, pero sin un debate de fondo en el Congreso sobre su legitimidad o permanencia.
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En estos más de 20 años, las entidades del campo reclamaron en reiteradas oportunidades su eliminación, argumentando que se trata de un impuesto distorsivo que castiga la producción y desalienta las inversiones.
A lo largo de ese período, los niveles de presión fiscal y la falta de previsibilidad fueron señalados como factores que contribuyeron al cierre de miles de explotaciones agropecuarias, especialmente en las zonas más alejadas de los puertos.
