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Armas en la escuela: alerta para docentes, jueces y gobernantes

Domingo, 30 de marzo de 2025 02:42
Armas en la escuela: alerta para docentes, jueces y gobernantes Armas en la escuela: alerta para docentes, jueces y gobernantes

Salta se conmovió esta semana con lo ocurrido en la escuela de Villa Esmeralda, cuando un adolescente intentó atacar con un machete a un compañero que, un rato antes, había intervenido para impedir que aquel agrediera a una compañera de curso. Cuando el agresor se encontraba en la dirección de la institución, convocado junto con su madre por la directora a raíz de aquel episodio, de pronto salió, buscó la herramienta en el baúl del auto y volvió a ingresar al establecimiento amenazando a sus compañeros con atacar a todos, uno por uno. Luego huyó y siguió amenazando a través de mensajes digitales.

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Salta se conmovió esta semana con lo ocurrido en la escuela de Villa Esmeralda, cuando un adolescente intentó atacar con un machete a un compañero que, un rato antes, había intervenido para impedir que aquel agrediera a una compañera de curso. Cuando el agresor se encontraba en la dirección de la institución, convocado junto con su madre por la directora a raíz de aquel episodio, de pronto salió, buscó la herramienta en el baúl del auto y volvió a ingresar al establecimiento amenazando a sus compañeros con atacar a todos, uno por uno. Luego huyó y siguió amenazando a través de mensajes digitales.

No es un problema aislado. La violencia escolar es un fenómeno generalizado en el mundo y está asociada a diversos detonantes que influyen en la sociedad.

Concretamente, en los mismos días, otro adolescente hirió con un cuchillo a un compañero en una escuela de Acheral, Tucumán; y, también, en la localidad bonaerense de San Martín, un chico extrajo un arma de fuego, que gatilló sin éxito contra otro alumno de su edad.

Los problemas de los jóvenes, varones y mujeres, deben ser asumidos con criterios psicológicos y pedagógicos que permitan interpretar qué le está ocurriendo a cada uno. No conviene aventurar una interpretación sin conocer a fondo su situación personal.

De todos modos, sin dejar de lado el abordaje personal indispensable en la vida educativa, no se puede ignorar el escenario de estos problemas, de adolescencias herméticas en un mundo de redes sociales y naturalización de las adicciones.

Según un informe de UNICEF, el acoso y las peleas físicas entre compañeros interrumpen la educación de 150 millones de jóvenes de entre 13 y 15 años en el mundo.

Más cerca de nosotros, en los barrios de Salta, el reclamo de los padres de familia también es muy claro. Por una parte, denuncian la presencia constante de patotas juveniles, integradas por adolescentes desocupados, sin educación ni formación laboral, que, en barrios atravesados por las adicciones y el narcotráfico, protagonizan peleas sangrientas. Son historias personales que muestran lo que significa crecer en un ámbito social donde la ley es la supervivencia, al precio que cueste.

Probablemente, esta sea una parte de la explicación de lo que ocurre con los casos particulares mencionados.

El agresor de Villa Esmeralda está detenido, lo cual es razonable porque, evidentemente, está fuera de control y su familia no ofrece garantías de contención. Es un peligro para todos los que lo rodean.

Estos episodios, que parecen incrementarse día a día, siempre son consecuencia del debilitamiento de la calidad de vida, del muy perceptible retroceso educativo, y también de la falta de políticas de seguridad a escala humana. La policía no puede reemplazar al gabinete psicopedagógico, y la exaltación de la violencia represiva forma parte de un estilo provocador y agresivo, que caracteriza al discurso político dominante, de todos los signos.

Por otra parte, una ideología, supuestamente defensora de los derechos de los menores, viene contribuyendo desde hace tiempo a negar la responsabilidad y conciencia de sus actos de los jóvenes que delinquen. Un contrasentido que desconoce los derechos de las víctimas. Esa impunidad ha contribuido a que muchos adultos conviertan en delincuentes precoces a menores de 16 años, aprovechando una fisura del sistema.

Pero se trata de un problema jurídico y pedagógico, que no se resuelve con solo bajar la edad de imputabilidad. El deplorable nivel del sistema carcelario esteriliza cualquier propósito de recuperación de nadie, y mucho menos de un adolescente.

Estos, en realidad, necesitan de una familia que los contenga y de una escuela, con autoridad y sin autoritarismo, que los eduque, genere expectativas para la vida y, sobre todo, los socialice y discipline.

 

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