Un caso de narcotráfico con epicentro en la Unidad Carcelaria 1 de Salta tuvo esta semana su capítulo final en los tribunales. Cuatro mujeres fueron condenadas a penas de prisión efectiva por ingresar drogas al penal ocultándolas en sus partes íntimas, mientras que cuatro internos que operaban desde el interior recibieron penas unificadas que superan los once años de prisión.
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Un caso de narcotráfico con epicentro en la Unidad Carcelaria 1 de Salta tuvo esta semana su capítulo final en los tribunales. Cuatro mujeres fueron condenadas a penas de prisión efectiva por ingresar drogas al penal ocultándolas en sus partes íntimas, mientras que cuatro internos que operaban desde el interior recibieron penas unificadas que superan los once años de prisión.
La investigación se originó en octubre de 2022 a partir de una denuncia anónima publicada en la página web del Ministerio Público Fiscal. El reporte señalaba a una vecina del barrio Solidaridad como responsable de vender estupefacientes, tanto desde su domicilio como dentro del penal salteño. El caso fue tomado por el Grupo de Drogas de la Unidad Fiscal contra la Narcocriminalidad (Ufinar), que avanzó con tareas de inteligencia y vigilancia.
Entre las primeras medidas, se solicitaron informes a empresas de telefonía móvil y se intervinieron algunas líneas. A partir de las escuchas, los investigadores confirmaron que la mujer apuntada mantenía contacto frecuente con determinadas personas, entre ellas internos del Servicio Penitenciario. Las comunicaciones revelaron detalles alarmantes: los internos realizaban encargos de droga que eran pagados por adelantado mediante transferencias, y que las mujeres luego introducían al penal durante las visitas familiares.
La modalidad de ingreso no dejaba dudas sobre la premeditación y el nivel de organización. Las imputadas escondían las sustancias prohibidas en sus partes íntimas, y también utilizaban ese método para ingresar teléfonos celulares a los pabellones.
El juicio se resolvió mediante un procedimiento abreviado en la Sala III del Tribunal de Juicio. Cuatro mujeres —dos de 38 años, una de 63 y otra de 30— fueron condenadas a cuatro años de prisión efectiva más el pago de multas, por el delito de comercialización de estupefacientes agravado por haberse cometido en un establecimiento de detención. Las condenas se dictaron con distintos grados de responsabilidad: como coautoras y como partícipes secundarias.
Los hombres que lideraban la operatoria desde dentro del penal también fueron juzgados. Los cuatro estaban cumpliendo penas anteriores y recibieron condenas de seis años de prisión efectiva más multas por el mismo delito. La jueza María Gabriela González unificó las penas, resultando en condenas totales de nueve años y diez meses, once años y dos meses, y doce años y dos meses de prisión.
En el mismo fallo, un menor fue declarado penalmente responsable como partícipe secundario, mientras que otro imputado mayor de edad fue sobreseído por retiro de la acusación fiscal.
El caso puso al descubierto una estructura que lograba vulnerar los controles y mantenía el flujo de estupefacientes dentro del penal.
