A partir del 1 de abril, el servicio ferroviario que conecta General Guido con Divisadero de Pinamar quedará suspendido sin fecha de reactivación. Trenes Argentinos informó que el estado crítico de la infraestructura y el desgaste de los puentes impiden continuar con la prestación sin poner en riesgo a los pasajeros. Sin embargo, detrás del argumento oficial subyace un patrón conocido: el ajuste feroz en el sector público que deja a los trenes sin inversión y a los usuarios sin alternativas.
El Gobierno anunció la interrupción del ramal con el argumento de que la infraestructura requiere mejoras, pero en los hechos la asignación de recursos sigue otras prioridades. Mientras se reducen los fondos destinados al mantenimiento ferroviario, se priorizan otras áreas ajenas al desarrollo del sistema de transporte público.
La paralización del tren a Pinamar no es un hecho aislado, sino parte de un esquema más amplio de desmantelamiento del sistema ferroviario, que históricamente fue clave para conectar regiones y dinamizar economías locales.
La explicación oficial señaló que esta línea sufre inestabilidad en la marcha debido al avanzado deterioro de las vías. Además, el desgaste estructural de los puentes representa un riesgo latente de colapso, lo que llevó a las autoridades ferroviarias a suspender el servicio antes de que ocurra una tragedia. Lo que no explican es por qué se permitió que la infraestructura llegara a este estado crítico sin realizar las inversiones necesarias a tiempo.
Usuarios sin servicio y sin respuestas
El impacto es inmediato. La interrupción afecta a miles de pasajeros que dependen del tren, especialmente los fines de semana y en temporada alta. A diferencia de otros ramales con múltiples opciones de transporte público, aquí las alternativas son escasas y más costosas, lo que golpea directamente el bolsillo de los sectores que más necesitan el servicio.
Desde Trenes Argentinos reconocen que la reactivación dependerá de la disponibilidad de fondos. Pero en un contexto donde el Gobierno congela la inversión en infraestructura y deja librada al mercado la prestación de servicios esenciales, la posibilidad de que el tren vuelva a circular en el corto plazo es mínima.
