Pensiones por invalidez: denuncian caos y colas de varias horas en la auditoría que impulsa el Gobierno
En el inicio de la evaluación de beneficiaros en la provincia de Buenos Aires, algunas instituciones colapsaron ante la cantidad de asistentes; todos fueron citados por carta documento; desde la Agencia Nacional de Discapacidad adjudicaron lo ocurrido a problemas de conectividad
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LA NACIONLorena Oliva
Cuando Cristina Castagneris llegó anteayer a la clínica Santa Clara junto a su hija Karina, vio una escena catastrófica. “Había más de dos cuadras de cola, con gente descompuesta del calor y personas en crisis porque llevaba horas esperando. Eran todas familias que habían sido citadas por carta documento, como nosotras”, dice.
La clínica Santa Clara, ubicada en el partido bonaerense de Morón, es una de las instituciones en donde se lleva a cabo la auditoría de las pensiones no contributivas por discapacidad anunciada en septiembre pasado por el Gobierno. Se inició en octubre último en CABA y continuó esta semana en diferentes jurisdicciones del país. Entre ellas, la provincia de Buenos Aires.
“Está bien que controlen. El problema es cómo lo hacen, sin ningún tipo de contemplación hacia las personas con discapacidad”, le dice Cristina a LA NACION. Karina, su hija de 46 años, fue diagnosticada con esquizofrenia a los 8. “Kari pudo terminar la primaria sabiendo lo básico: leer, sumar, restar y no mucho más. Es una chica que hoy no tiene incorporado el valor del dinero y no viaja sola. Tiene muchos miedos y situaciones como la que vivimos en la clínica no la ayudan”, explica la mujer de 74 años.
Cristina hace memoria y cuenta que el último recibo del beneficio que percibe su hija fue por 229.000 pesos. “Hasta hace dos meses, tenía cubierta en un 100% la medicación que toma, pero ahora solo nos cubre el 40%. Solo en esa medicación se nos van casi 100.000″, dice la mujer, que cobra la jubilación mínima. “La obra social que tenemos me cubre un centro de día al que va Kari pero no el transporte. Por ahora la puede llevar mi marido, que también es jubilado”, explica.
En la tarde del miércoles, ambas llegaron a la clínica de Morón 30 minutos antes de la hora fijada en la citación, que era a las 18 horas. “El panorama era terrible. Una mujer en silla de ruedas entró en crisis después de llevar horas esperando. A Karina empezó a afectarle mucho todo lo que pasaba a nuestro alrededor”, recuerda.
Tratando de preservar a su hija del calor y los gritos, Cristina logró ubicarse en una zona que, para alivio suyo y de su hija, recibió una atención relativamente rápida. “Terminé saliendo a las 20 pero porque tuve suerte de ubicarme en un lugar en donde justo salió un médico que dijo: ‘A todos ustedes los voy a atender yo’. Y así fue. Pero cuando me iba, mucha gente seguía esperando afuera para ser atendida”, asegura.
Algo similar ocurrió en la localidad de Quilmes. Según un posteo de la agrupación Familias TEA “Hablemos de Autismo en Quilmes” en su cuenta de Instagram, unas 1500 personas de diferentes distritos fueron citadas ayer a la misma hora en el hospital Santa Lucía de esa localidad. Según la publicación, los encargados de auditar las prestaciones de todas esas personas eran cuatro médicos. “Exigimos condiciones dignas, accesibilidad y respeto para todas las personas con discapacidad. No podemos permitir que se sigan vulnerando sus derechos de esta manera”, puede leerse en la publicación.
LA NACION consultó al respecto a la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis). Desde el organismo adjudicaron la demora a problemas de conectividad que, sostuvieron , se solucionaron en el transcurso del día. “Ayer se monitoreó la situación y se regularizó la atención médica y los turnos, completándose la jornada sin demoras ni inconvenientes”, expresaron en un comunicado.
“Una medida regresiva e inconstitucional”
Popularmente conocido como “pensión por invalidez”, este beneficio es percibido actualmente por 1.212.187 personas, según números a septiembre de 2024 del Boletín Estadístico de la Seguridad Social que cita la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) en su documento Pensiones por discapacidad: aportes a la discusión pública.
El aumento de la cantidad de pensiones otorgadas en los últimos veinte años (de 78.585 beneficios a la cifra actual) fue lo que impulsó esta evaluación iniciada por el Estado debido a que encontró inconsistencias en el otorgamiento de muchas de ellas.
Esta medida se da en un contexto que ha sido calificado por diferentes organizaciones la sociedad civil, entre ellas ACIJ, como de “vulneración de derechos para las personas con discapacidad”. Surge del decreto 843, publicado en septiembre último, que eliminó una serie de flexibilizaciones que permitían, por ejemplo, que las personas con discapacidad no perdieran la pensión si trabajaban.
La nueva norma, en cambio, establece que el beneficiario debe acreditar, al menos, un 66% de incapacidad laboral, desconociendo las trabas sociales que padecen las personas con discapacidad para acceder al empleo pleno. Las cifras son elocuentes: el 86,7% de los mayores de 14 años con certificado de discapacidad no tiene trabajo, según el último anuario estadístico de la Andis.
Esta perspectiva, centrada en aspectos médicos, va a contramano de la Convención Internacional por los Derechos de las Personas con Discapacidad, a la que nuestro país adhirió otorgándole rango constitucional. Es por eso que Belén Arcucci, coordinadora del programa Derechos de las Personas con Discapacidad de ACIJ, califica al decreto como inconstitucional.
“Más allá de lo problemático que es que estén realizando una auditoría en base a una norma sumamente regresiva e inconstitucional, al ser contraria a la Convención, el proceso de auditoría es contrario a las obligaciones que tiene el Estado y a las necesidades que tienen las personas con discapacidad”, sostiene la especialista, quien remarca que el proceso que se está llevando a cabo no es accesible. “No se contemplan apoyos para las personas con discapacidad que tengan que asistir”, denuncia Arcucci.
ACIJ es una de las 130 organizaciones que el 27 de septiembre último firmaron una carta presentada ante la Andis exponiendo todas las falencias del proceso. La nota, a la que tuvo acceso LA NACION, señala que la citación que, ya entonces, habían comenzado a recibir algunas familias no especificaba con claridad la información que se debe presentar ni cuáles son las alternativas en caso de no poder asistir.
“La cercanía temporal (tres semanas aproximadamente) entre la recepción de las cartas y las fechas de las citas coloca a las personas convocadas en una situación de urgencia, angustia e incertidumbre en relación con la posibilidad de conseguir turnos médicos e informes actualizados para presentar ante la Agencia”, puede leerse en la notificación que lar organizaciones le hicieron llegar al titular de la Andis, Diego Spagnuolo.
Los firmantes también reclamaban que el formato de la citación -impreso- no era accesible para las personas con discapacidad visual. La redacción en lenguaje técnico, remarcaban, tampoco resultaba accesible. De la misma manera, objetaban que no se garantizaran apoyos de ningún tipo en los espacios en donde se lleven a caso las auditorías. Según informaron desde ACIJ, la nota no obtuvo respuesta.
“Es un proceso lleno de barreras que se reflejan en las imágenes que circularon, con espacios completamente inaccesibles y abarrotados de gente”, cuestiona Arcucci.
Desde la Andis, sin embargo, manifestaron que los turnos están pensados para una atención ágil y rápida, contemplando las necesidades de los beneficiarios de la pensión y sus acompañantes/ o apoyos. “No obstante, durante hoy y las jornadas próximas se continuará el monitoreo de atención para, en caso de ser necesario, se sumen médicos que estarán disponibles para reforzar la atención”, informaron.
Más información:
- Ante dificultades para asistir al turno, complicaciones o emergencias, las personas pueden dejar asentado el inconveniente y así reprogramar el turno a través del mail: inasistenciapnc@andis.gob.ar
- La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) elaboró una guía con información relevante sobre el proceso de auditoría, así como recursos útiles para quienes ya recibieron la citación. El documento incluye aclaraciones sobre el contenido de la notificación, recomendaciones sobre la documentación a llevar y notas modelo para presentar en ANDIS en caso de necesitar apoyos para concurrir a la citación o tener dificultades para asistir al organismo. Para acceder a ella hacé click acá
- Discapacidadyderechos.org.ar es un sitio web creado ACIJ para ayuda a personas con discapacidad a conocer sus derechos, entre los que figuran el acceso a la pensión no contributiva.
Por Lorena Oliva
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