Javier Milei firmó el DNU que autorizó el acuerdo con el FMI y deberá ser evaluado en el Congreso, que solo podrá anularlo si es rechazado por las dos cámaras legislativas. Más allá de la instancia parlamentaria, en el documento que se oficializó en el Boletín Oficial, el Ejecutivo dejó entrever algunas pautas sobre el nuevo programa con el organismo y también evitó dar precisiones sobre otras cuestiones clave.
El decreto de necesidad y urgencia tiene cinco artículos. Allí, el Gobierno estableció la aprobación de un préstamo de Facilidades Extendidas, que tendrá un plazo de amortización de 10 años -o sea, el entendimiento durará hasta 2035- con un período de gracia de cuatro años y seis meses.
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A diferencia de otros créditos del organismo, el Programa de Facilidades Extendidas (EFF, por sus siglas en inglés) es más extenso en el tiempo y está atado a mayores condicionalidades, ya que se deberán presentar revisiones de cumplimiento periódicas para evaluar la evolución del acuerdo y habilitar así el envío de los desembolsos.
El escrito también indica que el crédito tendrá como finalidad “exclusiva” cancelar las Letras Intransferibles del Banco Central -valuadas según el organismo en unos US$23.000 millones- y cubrir los compromisos del programa firmado en 2022 con el propio FMI. A raíz de esto es que los especialistas hablan de un cambio de acreedor, ya que una vez que se cancelen esos títulos, el Tesoro cubrirá los compromisos con el BCRA, pero deberá cumplir con el Fondo.
“En atención a la decisión del Gobierno Nacional de no comprometer su política económica de déficit cero, los fondos recibidos por medio de un nuevo Programa de Facilidades Extendidas o Extended Fund Facility (EFF) deberán ser utilizados exclusivamente para cancelar deudas del Tesoro Nacional con el Banco Central y deudas con el Fondo Monetario Internacional”, dice el texto.
Además, especifica que “a los efectos de extender el horizonte de vencimientos, despejar la carga de pagos del Tesoro en los próximos años, dar más certidumbre a los tenedores de bonos y afianzar la perspectiva de mejora en la sustentabilidad del proceso de estabilización y crecimiento, es imprescindible, también, cancelar las operaciones de crédito público celebradas en el marco del Programa de Facilidades Extendidas del 2022 cuyos vencimientos operen dentro de los cuatro años de la suscripción del acuerdo a celebrarse”.
Dicho de otro modo: se dilatará el plazo para pagar vencimientos con el FMI. Este es un punto troncal, ya que este año hay que afrontar US$2500 millones en compromisos con el organismo y US$12.700 millones en lo que queda de la gestión actual, según estimaciones de GMA Capital.
En los considerandos del DNU, el Gobierno también justifica que su plan económico requiere “medidas que permitan consolidar la estabilización de la macroeconomía” y explica que para ello es necesario recomponer las reservas del Banco Central de forma de avanzar hacia el acceso a los mercados internacionales de deuda y liberar el cepo cambiario.
“La necesidad manifiesta de cancelar operaciones de crédito público vigentes con el Fondo Monetario y cancelar una parte sustancial de la deuda asumida con el Banco Central para fortalecer su posición financiera, garantizar la estabilidad macroeconómica, el acceso de la Argentina a los mercados de crédito internacionales, la disminución de las restricciones cambiarias y la reducción de la inflación hace necesario aprobar de forma urgente las operaciones de crédito público en el marco del Programa de Facilidades Extendidas a ser celebrado con el referido organismo internacional”, expresa.
Sin embargo, al documento publicado todavía le faltan muchos detalles. En primer lugar, el texto no menciona el monto del préstamo acordado con el FMI ni tampoco el cronograma de desembolsos para cuándo el organismo enviará dinero a la Argentina.
Ahora, la negociación del acuerdo comenzará a correr por dos vías paralelas: por un lado, en el camino parlamentario, se enviará a la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, que deberá definir si respalda o rechaza la iniciativa. Mientras tanto, la aprobación sigue vigente y solo podrá refutarse con la negación de ambas cámaras.
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Por otro lado, todavía hace falta avanzar en una serie de pasos burocráticos para cerrar el programa con el Fondo en su totalidad. En primer lugar, se deberá publicar el staff level agreement o acuerdo técnico, que es el entendimiento preliminar alcanzado entre los técnicos del FMI y el Gobierno. El equipo económico asegura que esta instancia se alcanzó, pero todavía el organismo no lo oficializó.
Luego se deberá avanzar en la elaboración y firma del Memorándum de Políticas Económicas y Financieras, que describe las políticas o compromisos -fiscales, cambiarios, monetarios- que se pretenden implementar. Y está la firma del Memorándum Técnico de Entendimiento, que plasma aspectos tales como los mecanismos de medición del déficit fiscal o la acumulación de reservas.
Por último, esos documentos deberán ser enviados al Directorio del FMI, que deberá aprobarlo para su finalización. Es decir, que teniendo en cuenta esta serie de instancias pendientes, se estima que -en un escenario optimista- el nuevo acuerdo con el Fondo podría concretarse a fines de abril.
