Escala la polémica. Tras el habeas corpus y la fuerte carta de Bullrich, llegó la respuesta de la Ciudad

La escalada en la pelea entre la Ciudad y la Nación por el destino de los detenidos en comisarías y alcaidías porteñas sumó hoy un nuevo capítulo, tras una semana de fuerte enfrentamiento que comenzó con una serie de habeas corpus con los que el gobierno de Pro buscó que la Justicia obligue al Servicio Penitenciario Federal a recibir a los presos con condena y siguió con la dura respuesta de la ministra de Seguridad nacional, Patricia Bullrich, que acusó a sus pares porteños de no actuar de “buena fe” en la negociación por los cupos de alojamiento.

Ahora llegó la nueva respuesta de la administración de Jorge Macri: sostuvo que los cuestionamientos de Bullrich se basan en informaciones “falaces”, calificó de “maliciosa” la eventual predisposición de la ministra y su equipo para aumentar la capacidad de alguno de sus penales para recibir más detenidos y, especialmente, afirmó que el Ministerio de Seguridad de la Nación incumple sistemáticamente una serie de fallos que, desde 2020, obligan al Servicio Penitenciario Federal (SPF) a recibir la totalidad de los presos porteños, no solo los condenados.

La respuesta porteña estuvo a cargo del ministro de Justicia de la Ciudad, Gabino Tapia, quien en una carta explicó que “para que la Ciudad asuma la competencia de alojar detenidos de la Justicia nacional es necesario un acuerdo con el Estado Nacional que incluya la transferencia de recursos y la creación de un Servicio Penitenciario local con la infraestructura y el personal adecuados“, y que “hasta que eso ocurra, la responsabilidad exclusiva recae en el Estado Nacional a través del Ministerio de Seguridad y del Servicio Penitenciario Federal”.

Tapia sostuvo que “desde que Bullrich asumió el Poder Ejecutivo, la Ciudad ha mostrado su mejor predisposición para trabajar en conjunto y solucionar un problema que fue heredado de gestiones anteriores. Sin embargo, una solución efectiva no puede partir de la base de una concepción completamente equivocada de las obligaciones legales a cargo de cada uno de nuestros gobiernos, como es la que plantea la ministra Bullrich en su nota”.

Enfatizó que el Servicio Penitenciario Federal es “el responsable de la guarda y el cuidado de los detenidos” y que las competencias a cargo del Servicio Penitenciario Federal aún no han sido transferidas a la Ciudad.

“No es función de la Policía de la Ciudad el alojamiento permanente de detenidos que se encuentren a disposición de la Justicia nacional con competencia penal. Por caso, en una resolución dictada el 25 de noviembre de 2024 ante el Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas N°3, se intimó al Servicio Penitenciario Federal a dar cumplimiento con la sentencia del 6 de julio de 2020, y en consecuencia, a dar ingreso a la totalidad de los condenados, tengan o no condena firme, como así también fijar un cronograma para el traslado de todas las personas que se encuentren detenidas en comisarías y alcaidías de la Ciudad, con un mínimo de 130 o 140 cupos por semana".

El ministro Tapia afirmó que “es claramente falaz” la afirmación de Bullrich de que el SPF “tiene la obligación legal de recibir solo 60/70 detenidos por semana", ya que las resoluciones judiciales obligan a “recibir a todos los detenidos que se encuentren alojados en comisarías y alcaidías de la Ciudad". Entre las “múltiples disposiciones legales y constitucionales que prohíben como regla el alojamiento de detenidos en comisarías y alcaidías" destacó una de la Cámara Federal de Casación, del 29 de octubre pasado, en la que “exhortó a los jueces federales deq todo el país a adoptar las medidas necesarias e inmediatas para que las personas detenidas sean alojadas en establecimientos adecuados del Servicio Penitenciario Federal, evitando su alojamiento en dependencias policiales".

Gabino Tapia suscribió que “todas las decisiones adoptadas en el proceso de referencia” han sido “sistemáticamente incumplidas por el Ministerio de Seguridad de la Nación” y calificó de “maliciosa la supuesta predisposición alegada por el Ministerio de Seguridad de la Nación a instalar regímenes modulares en predios nacionales, como también la supuesta extensión de plazas a las que hace referencia en la nota” que Bullrich le envió a Jorge Macri, en la que precisó que habían ofrecido 100 plazas en el interior del país y un cupo especial de 50 plazas para ofensores sexuales y le habían propuesto a la Ciudad realizar construcciones modulares en predios del Servicio Penitenciario Federal para poder alojar allí a 400 de sus presos, con la posibilidad de alojar a 600 más. El ministro porteño aseveró: “Apenas se iniciaron las correspondientes reuniones técnicas, fue ese mismo Ministerio el que decidió dar marcha atrás con ambas cuestiones".

En cuanto al nuevo complejo ubicado en Marcos Paz (cuya construcción comenzó en 2018, debió haber sido concluida en 2020, con 2240 plazas, y cuya obra se reinició en enero de este año), Tapia expresó que “dicha unidad carcelaria tiene por objetivo la desocupación del penal de Devoto" y esto “no diluye la obligación de trasladar los detenidos en comisarías y alcaidías de la Ciudad al Servicio Penitenciario Federal”.

También calificó de “absolutamente falsa” la afirmación de Bullrich de que en el sistema penitenciario federal argentino se está pagando por 6000 detenidos de la Ciudad, porque es la Nación la que, ante el incumplimiento de su traslado al SPF, debería estar pagando el costo de los detenidos que se encuentran alojados en comisarías y alcaidías de la Ciudad.

Tapia dijo que “más del 90% de las personas detenidas en comisarías y alcaidías de la Ciudad se encuentran a disposición de la Justicia Nacional en lo Criminal y Correccional con asiento en la Ciudad y que para que la Ciudad asuma dicha competencia debe existir acuerdo con el Estado Nacional y la consecuente transferencia de partidas“.

Afirmó que que en tanto “los magistrados de la Justicia Nacional en lo Criminal y Correccional con asiento en la Ciudad sean jueces nacionales, como el mismo nombre de dicho fuero lo indica, los detenidos a su disposición deben ser automáticamente alojados en dependencias del Servicio Penitenciario Federal”, obligación que “está siendo ‘sistemáticamente violada' por el Ministerio de Seguridad de la Nación.

El 20 de marzo de 2020 la Ciudad tenía 61 detenidos en las alcaidías y ninguno en comisarías. Hoy hay 2450, lo que representa un aumento de casi el 4000% en la cantidad de presos alojados en dependencias locales. “Con la nueva gestión nacional, lejos de resolverse, el problema se agravó. El gobierno de Alberto Fernández dejó un total de 1796 presos en la Ciudad. Hoy ese número es de 2468 y sigue en aumento. Además, en marzo del 2020, la Ciudad contaba con 183 plazas para detenidos, en ningún caso con tiempo de permanencia superior a las 48 horas. Hoy hay casi 1300 plazas”, describió Tapia.

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