Crimen impune. Nueve años después, la Corte Suprema confirmó la absolución de una acusada de un homicidio en Bariloche

Nueve años después del crimen de Micaela Bravo en San Carlos de Bariloche, su familia enfrenta un nuevo revés judicial. La Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó un recurso de queja y, así, dejó firme la absolución de Angélica Paine, quien había sido la única imputada en el caso. La decisión confirma el fallo del Tribunal de Impugnación de Río Negro que anuló la condena inicial al considerar insuficientes las pruebas en contra de la entonces imputada. Con esta resolución del máximo tribunal del país, el caso sigue sin culpables y sin nuevas líneas de investigación, lo que genera preocupación e incertidumbre entre los allegados de la víctima.

Desde su desaparición el 23 de marzo de 2016, la investigación, en cargo de la fiscal Betiana Cendón enfrentó diversas dificultades. La familia de la víctima y su expareja denunciaron que la búsqueda inicial no fue prioritaria y que hubo falencias en la recolección de pruebas. Cuando su cuerpo fue hallado en un descampado dos semanas después, el estado de descomposición del cuerpo dificultó la determinación exacta de la causa de la muerte.

Actualmente, la causa no tiene imputados y no se han anunciado nuevas líneas de investigación. La falta de una resolución definitiva en el caso ha generado incertidumbre y preocupación en la familia de Micaela Bravo. Su madre, Teresa Bravo, ha expresado en reiteradas ocasiones su deseo de obtener respuestas sobre lo ocurrido. “No sé qué hacer como mamá para que eso no quede impune“, lamentó.

Mientras tanto, la comunidad sigue pendiente de posibles novedades en el expediente, aunque por el momento no se ha informado sobre nuevos peritajes o investigaciones adicionales.

El 27 de septiembre de 2022, Angélica Paine había sido condenada a 12 años de prisión por homicidio simple, tras considerarse indicios como restos plásticos y pelos de conejo encontrados en la escena del crimen que coincidían con elementos hallados en su domicilio.

También se había tomado en cuenta su vínculo con la víctima y testimonios que apuntaban a conflictos previos entre ambas. Sin embargo, la defensa apeló el fallo argumentando que no existían pruebas directas que acreditaran su participación en el crimen.

Durante la impugnación, la defensa sostuvo que el tribunal de juicio “en lugar de valorar la prueba objetiva utilizó el estereotipo de mujer violenta y ‘mala suegra’ para hacerse eco de las valoraciones genéricas de la prueba que presentó la fiscalía, y que de esa forma fundaron su responsabilidad, lo que, a su criterio, vulnera el principio de inocencia y de motivación de las decisiones judiciales”. Este argumento fue clave en la revisión del caso, pues se alegó que la acusación se había basado en percepciones subjetivas más que en pruebas concretas.

En 2023, el Tribunal de Impugnación de Río Negro anuló la condena, señalando que la sentencia inicial contenía estereotipos de género y una valoración insuficiente de las pruebas. En su resolución, los jueces indicaron que los elementos presentados no alcanzaban para demostrar la culpabilidad de Paine y que existían dudas razonables sobre su responsabilidad. La defensa también alegó que algunos testimonios clave no fueron debidamente considerados en el proceso judicial.

El caso de Micaela Bravo no es el único en la Argentina en el que la Justicia tarda años en llegar a una resolución. Un ejemplo reciente es el caso de Yamila Cuello, cuya desaparición en 2009 sigue sin esclarecerse por completo. Solo 16 años después de los hechos, el juicio contra los principales sospechosos ha comenzado, reflejando las demoras en los procesos judiciales que afectan casos de violencia de género y desapariciones. Ambos casos evidencian la dificultad de obtener justicia en un sistema donde las pruebas y las investigaciones suelen extenderse por años, dejando a las familias en un estado de incertidumbre prolongado.

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