Las comisarías porteñas, un colador: otro recluso escapó de su encierro

Una nueva fuga de un preso se produjo ayer en una comisaría ubicada en pleno microcentro de la Ciudad de Buenos Aires, según confirmaron a este diario fuentes policiales y judiciales.

El preso, identificado como Wilson Marcelo Ramírez Ríos, de nacionalidad peruana, se fugó alrededor de las 16, en circunstancias que se investigan, de la Comisaría 1D situada en Lavalle 451.

La fuga se produce a solo una semana de la evasión protagonizada por siete detenidos, que se encontraban en la alcaidía 6A, situada en la avenida Díaz Vélez 5152, en el barrio porteño de Caballito.

Ramírez Ríos estaba detenido en una causa caratulada como “encubrimiento agravado, falsificación de documentación pública y resistencia a la autoridad”.

Según se confirmó, desde el Centro de Monitoreo y con el área de Investigaciones, la Policía de la Ciudad trabaja en el seguimiento de las cámaras de seguridad para dar con el evadido.

Esta fuga se produce solo siete días después de la protagonizada por siete presos en la Alcaidía 6A de Caballito, donde maniataron y le sacaron el teléfono al jefe policial, que estaba de servicio en ese momento.

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Además, otra fuga de 17 presos en una comisaría de Liniers a fines de diciembre último provocó la destitución de las máximas autoridades de la Policía de la Ciudad.

Fuentes del Gobierno porteño recalcaron que “más del 90 por ciento” de quienes se encuentran alojados en alcaidías dependientes de comisarías porteñas, pertenecen a causas de la justicia nacional, que deberían cumplir su detención en cárceles federales.

“Desde 2020 el Gobierno Nacional dejo de cumplir el compromiso de ponerlos en cárceles federales”, dijeron las fuentes.

“La ley y los hábeas corpus son claros en cuanto a que el Servicio Penitenciario Federal (SPF) se los tiene que llevar, más allá del avance de cualquier transferencia, e independientemente a una fuga en comisaría”, agregaron.

En junio de 2020, el Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad presentó un hábeas corpus colectivo y correctivo ante el Juzgado Penal N° 3 de CABA, denunciando que las restricciones del SPF y las medidas del Ministerio de Seguridad de la Ciudad agravaron la vulneración de derechos de los detenidos.

El juzgado ordenó la creación de una “Mesa de Aproximación”, para desalojar las comisarías y restablecer el funcionamiento normal de las alcaidías.

El 25 de noviembre de 2024 el Juzgado resolvió ejecutar la sentencia firme del 6 de julio de 2020, ordenando al SPF a en tres meses, trasladar a todas las personas condenadas alojadas en dependencias policiales y, en cuatro meses, habilitar 1.600 plazas para detenidos con situación procesal resuelta.

La Cámara de Apelaciones en lo Penal y Contravencional de CABA rechazó in limine el recurso de apelación interpuesto por el SPF contra esta decisión, indicando que efectivamente la resolución que el juzgado de primera instancia ordena ejecutar se encuentra firme.