El debate sobre el atraso cambiario ha vuelto a ganar protagonismo en Argentina. Mientras el Gobierno busca contener la inflación y estabilizar la macroeconomía, los sectores exportadores y productivos advierten que la actual política cambiaria afecta su rentabilidad y competitividad, una preocupación compartida por analistas económicos de distintas corrientes ideológicas.
La tensión entre ambas posturas es cada vez más evidente y plantea un dilema complejo: ¿cómo evitar un salto en el precio del dólar sin desincentivar las exportaciones y la producción? O, por el contrario, ¿cómo mejorar el tipo de cambio para exportadores y desalentar importaciones, sin interrumpir el proceso de reducción de la inflación, un logro clave que la sociedad valora?
El Gobierno entiende que, con la inflación en baja y el dólar estable, la sociedad tolera mejor el ajuste, lo que aumenta sus chances en las elecciones de medio término. Además, por ahora, tiene margen para sostener el tipo de cambio.
Una prueba de ello fue la reciente licitación del Tesoro, donde el bono dólar linked con vencimiento en 2026 no tuvo demanda, sumado a la estabilidad en el mercado de futuros de dólar, que tampoco muestra signos de preocupación.
A su vez, en los últimos meses, los alimentos aumentaron por debajo del índice de precios al consumidor (IPC), mientras que los ingresos de los trabajadores del sector privado formal e informal comenzaron a recuperarse lentamente, con subas que superan la inflación mensual.
Si bien aún falta para recomponer el poder adquisitivo perdido en los últimos años, este proceso de precios de alimentos corriendo por debajo de IPC e ingresos formales e informales beneficia a los sectores más postergados, que destinan una mayor proporción de sus ingresos a la compra de alimentos y bebidas.
Por otro lado, la estabilidad del dólar genera en la clase media y media alta una sensación de bienestar que, en muchos casos, atenúa la preocupación por el desempeño de la economía real, que aún muestra una recuperación heterogénea.
Un ancla inflacionaria y sus riesgos
Desde la devaluación de diciembre de 2023, el Gobierno ha implementado una política de ajuste gradual del tipo de cambio, con un esquema de crawling peg del 2% mensual hasta enero y una reducción al 1% en febrero, muy por debajo de la inflación de los últimos meses.
Como resultado, el tipo de cambio real se ha apreciado, generando lo que comúnmente se denomina “atraso cambiario”.
Este escenario tiene ventajas y desventajas. Por un lado, contribuye a reducir la inercia inflacionaria y frenar la volatilidad financiera. Por otro, perjudica la competitividad de los sectores exportadores, ya que los pesos que reciben por cada dólar que ingresan pierden poder de compra con el tiempo. Además, encarece la producción local en comparación con las importaciones, afectando la industria nacional.
Cada vez es más frecuente escuchar que “Argentina está cara en dólares”, algo que se refleja por ejemplo en la creciente cantidad de argentinos que eligen destinos turísticos en Brasil, Uruguay o Chile, donde los precios resultan más convenientes.
El debate gira en torno a las causas de esta situación. Desde el Gobierno, sostienen que los precios se adelantaron en exceso a finales de 2023 y no retrocedieron frente al nuevo contexto macroeconómico.
Además, acusan a sectores concentrados de fijar precios muy por encima de los valores de la región. Por el contrario, los empresarios argumentan que estos precios son consecuencia de una alta presión tributaria, leyes laborales desactualizadas, costos logísticos elevados, financiamiento escaso y caro, y una inflación aún alta. Factores que, en su conjunto, deterioran la competitividad y explican por qué Argentina es cara en dólares.
Los sectores agropecuarios, industriales y de economías regionales han manifestado su preocupación por este escenario. La agroindustria, principal generadora de divisas del país, advierte que la combinación de atraso cambiario y retenciones reduce su rentabilidad y desalienta la liquidación de divisas, aunque el impacto se ha visto atenuado por la reciente reducción temporal de retenciones.
En el sector industrial, las empresas exportadoras enfrentan dificultades para mantener sus márgenes, mientras que aquellas que compiten con productos importados alertan sobre el impacto del ingreso de bienes más baratos.
Por su parte, las economías regionales, que dependen de un tipo de cambio competitivo para colocar sus productos en el exterior, advierten que la falta de rentabilidad pone en riesgo la continuidad de muchas actividades. Sectores clave como el vitivinícola, el citrícola y el azucarero han solicitado medidas compensatorias para mitigar los efectos del atraso cambiario.
El dilema: ¿estabilización versus competitividad?
El Gobierno enfrenta un dilema complejo. Un ajuste brusco y significativo del tipo de cambio provocaría un nuevo shock inflacionario, desestabilizando la economía y afectando tanto el poder adquisitivo como la estabilidad política. Esto pondría en riesgo gran parte del consenso social que ha logrado mantener a pesar del ajuste.
Sin embargo, sostener el esquema actual sin modificaciones profundiza la tensión con el sector productivo y podría afectar la acumulación de divisas, al menos hasta que las inversiones en minería y energía comiencen a generar exportaciones incrementales. Esto comprometería la sostenibilidad del programa económico en el mediano plazo.
Por ello, hay gran expectativa en torno al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Mientras el Gobierno asegura que solo faltan detalles para cerrarlo, muchos analistas sostienen que aún hay puntos críticos en discusión, especialmente en lo referido a la política cambiaria.
Esta incertidumbre genera preocupación en los mercados y en los sectores productivos, que esperan definiciones para ajustar sus planes de inversión.
En este contexto, distintos actores proponen alternativas, como un tipo de cambio diferencial para exportadores, una reducción de retenciones o una aceleración del ritmo de devaluación. Sin embargo, cada una de estas opciones tiene costos y beneficios que el Gobierno evalúa con cautela y cuya implementación, probablemente, quedará postergada hasta después de las elecciones.
En definitiva, el atraso cambiario ha reavivado la tensión entre el Gobierno y los sectores productivos, marcando una de las principales disputas económicas del momento.
Mientras el oficialismo prioriza la estabilidad macroeconómica y la reducción de la inflación, los exportadores y los productores advierten que la falta de competitividad puede afectar el crecimiento, la generación de empleo y la acumulación de divisas en el corto y mediano plazo.
El gran desafío será encontrar un equilibrio que permita sostener la estabilización sin comprometer el desarrollo de los sectores productivos, fundamentales para la recuperación económica del país.
Si bien el acuerdo con el FMI no resolverá las restricciones estructurales del programa económico, sí podría mejorar las expectativas y brindar mayor margen de maniobra para llegar a las elecciones de medio término con menos presión sobre las reservas.
En un escenario internacional incierto, marcado por la posibilidad de una guerra comercial entre Estados Unidos y China, Argentina enfrenta el reto de consolidar su estabilidad y generar condiciones para un crecimiento sostenido basado en la inversión privada.
