En pleno siglo XXI, cuando muchas sociedades avanzan hacia la equidad de género y la protección de los derechos infantiles, Irak ha dado al comienzo del año un paso alarmante en la dirección contraria. La reciente aprobación de una enmienda en el Parlamento iraquí, que podría permitir el matrimonio de niñas desde los 9 años, representa un golpe devastador a los derechos humanos y, en particular, a la infancia.
Detrás de esta medida no solo se esconde una interpretación religiosa extrema, sino también una realidad de pobreza, desigualdad y conflicto que perpetúa el sufrimiento de generaciones enteras de mujeres.
Mientras el presidente del Parlamento, Mahmoud al-Mashhdani, celebró la aprobación de estas leyes planteando que mejoran la justicia, la sesión terminó envuelta en escándalo, ya que la mitad de los legisladores no votaron. Varios parlamentarios repudiaron el proceso de votación conjunta y la ausencia de quórum legal.
La instrumentalización de la religión. La Ley de Estatus Personal iraquí, establecida en 1959, había sido un pilar fundamental para proteger los derechos de las mujeres en el país. Fijaba la edad mínima para el matrimonio a los 18 años, con una excepción a los 15 bajo supervisión judicial. Sin embargo, las nuevas reformas priorizan la interpretación de los clérigos sobre el derecho civil, entregando el destino de las mujeres y las niñas a la arbitrariedad de dogmas religiosos.
En particular, la congregación chiita de los Jaafari sostiene que las niñas pueden casarse a partir de los 9 años, una postura que ahora se traduce en legislación. La idea de que una niña de esa edad pueda ser considerada apta para el matrimonio es aberrante desde cualquier perspectiva basada en derechos humanos. No se trata de una elección libre, sino de una imposición cultural y religiosa disfrazada de normalidad.
Lo preocupante es que este cambio no ocurre en un vacío, sino en un contexto de constante tensión entre las distintas facciones religiosas y políticas de Irak. La enmienda fue impulsada por el diputado chiita Raad al-Maliki y forma parte de un paquete legislativo que busca satisfacer intereses de diversos sectores, excepto el de las mujeres. Mientras los líderes políticos negocian cuotas de poder, la niñez femenina se convierte en moneda de cambio.
El matrimonio infantil como mecanismo de opresión. El matrimonio infantil no es una novedad en Irak. A pesar de la prohibición anterior, datos de Unicef indican que cerca del 28% de las mujeres iraquíes se casan antes de los 18 años. Sin embargo, legalizar esta práctica equivale a legitimarla y perpetuar un ciclo de opresión difícil de romper.
Las niñas que son casadas a edades tempranas enfrentan consecuencias devastadoras para su desarrollo. No solo se ven privadas de su derecho a la educación, sino que también son expuestas a embarazos tempranos, con graves riesgos para su salud. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), las complicaciones en el embarazo y el parto son una de las principales causas de muerte en niñas y adolescentes de entre 15 y 19 años. Para las menores de 15 años, los riesgos son aún mayores.
Más allá de los riesgos físicos, el impacto psicológico es inmenso. El matrimonio infantil significa la pérdida de la infancia, la sumisión forzada a una vida de servidumbre y, en muchos casos, el sometimiento a abusos físicos y sexuales dentro del matrimonio.
Uno de los argumentos que se esgrimen para justificar esta legislación es que “solo legaliza lo que ya ocurre”. Sin embargo, normalizar una injusticia no la convierte en aceptable.
Lo que sí ha sido una realidad en las últimas décadas es la desigualdad legal a la que fueron sometidas las mujeres que contrajeron matrimonio religioso sin estar amparadas por el Estado. Muchas de ellas no han tenido los mismos derechos a ayudas económicas, atención de la salud o educación de sus hijos por no estar casadas ante la ley iraquí. No pueden probar un divorcio, o la paternidad de sus hijos, si formalmente nunca estuvieron casadas.
La pobreza como factor clave. En Irak, como en muchos otros países donde el matrimonio infantil es frecuente, la pobreza es un factor determinante.
Por otra parte, las familias que viven en condiciones de miseria ven en el matrimonio infantil una salida: casan a sus hijas para reducir la cantidad de bocas que alimentar y, al mismo tiempo, recibir una dote. Lo que para algunas familias puede parecer una estrategia de supervivencia, en realidad perpetúa la pobreza intergeneracional.
Una niña casada a temprana edad es una niña que no podrá completar su educación, que dependerá económicamente de su esposo y que transmitirá esa misma vulnerabilidad a sus hijas.
En lugar de abordar las causas estructurales de la pobreza, la legislación iraquí opta por consolidarlas. Si el objetivo fuera realmente mejorar la vida de las niñas, el gobierno debería invertir en educación, en oportunidades laborales para mujeres y sistemas de protección social que eviten que las familias recurran al matrimonio infantil. También podrían incluir reformas legales que no limiten los derechos en función del estado civil de la mujer. Pero no, la opción fue legalizar que las niñas puedan casarse, con todo lo que ello implica.
El contexto de un país devastado por la guerra. Irak ha sido escenario de conflictos bélicos durante más de cuatro décadas. Desde la guerra Irán-Irak en los años 80, hasta la invasión estadounidense en 2003 y la lucha contra el Estado Islámico, el país ha vivido en un estado de crisis constante.
La invasión de Estados Unidos estaba concebida para ser un triunfo rápido, como el de la primera Guerra del Golfo. Sin embargo, al igual que en Afganistán, el pantano del conflicto fue mucho mayor al esperado. Las consecuencias fueron devastadoras: más de medio millón de muertos entre 2003 y 2011 –según los cálculos más conservadores–, una guerra civil en 2006 y las condiciones para el crecimiento del Estado Islámico.
Las décadas de guerra han dejado a Irak en una situación de fragilidad extrema. A pesar de su riqueza petrolera, la inestabilidad política, la corrupción y la falta de infraestructura han convertido al país en un Estado fallido en muchos aspectos. En este contexto, la población ha quedado a merced de líderes políticos que instrumentalizan la religión para consolidar su poder.
El avance de los sectores chiitas en el gobierno, tras la caída de Saddam Hussein y la posterior lucha contra el Estado Islámico, llevó a un incremento de la influencia religiosa en la legislación. La aprobación de esta enmienda es solo una manifestación más de cómo los derechos de las mujeres pueden ser sacrificados en aras de intereses sectarios y de poder. El mismo paquete legal que habilita el matrimonio infantil incluye el indulto a miles de sunnitas detenidos y una ley de tierras que beneficia a los kurdos.
La democracia en Irak no resultó ser el paraíso prometido.
Los movimientos de mujeres y la hipocresía de la comunidad internacional. A pesar de la gravedad de la situación, la reacción de la comunidad internacional ha sido tibia. Organizaciones de derechos humanos han denunciado la medida, pero los gobiernos de los países occidentales, que han intervenido en Irak con discursos de democratización y derechos humanos, han guardado un sospechoso silencio.
Este doble estándar deja en evidencia la hipocresía de la política internacional: cuando conviene, se habla de los derechos de las mujeres como una justificación para intervenciones militares o sanciones, pero cuando se trata de un aliado estratégico en la región, la indignación desaparece.
Pareciera que no valen lo mismo las vidas de las mujeres de Afganistán que las de Irak, cuando las violaciones a sus derechos no causan la misma indignación. Queda claro que, reconocer lo que sucede, implica evidenciar que el supuesto régimen democrático promovido por Estados Unidos en el país es un fracaso.
Si bien esta nueva ley es un gran retroceso para los derechos de las mujeres, y el panorama es desolador para los movimientos de mujeres alrededor del mundo, y especialmente en los países árabes, la resistencia es el único camino. Levantar la voz resulta un imperativo, pero también comprender las desigualdades estructurales, las problemáticas históricas y las pautas culturales y religiosas que subyacen a esta decisión y sus consecuencias.
La simplificación de la realidad, la orientalización, la visión occidental desde un lugar de pretendida superioridad no solo reproduce el pensamiento colonial dominante, sino que, sobre todo, no nos permite pensar en estrategias de acompañamiento, de visibilización situadas en la comprensión.
Las mujeres árabes no requieren ser salvadas por las occidentales ni deben renunciar a su religión para emanciparse. El feminismo islámico lo ha dejado claro, proponiendo una reinterpretación de los textos religiosos en clave femenina.
Para ellas, el islam es igualitario, pero su interpretación es patriarcal. Para liberarse, las mujeres musulmanas no necesitan dejar de serlo, sino encontrar en su religión la emancipación y agencia social. Lo que sí requieren es una comunidad internacional comprometida en el cumplimiento de los derechos de las mujeres. Difícil pensarlo en estos tiempos en los cuales se dinamitan las instituciones y, al igual que en la selva, funcionan según la ley del más fuerte.
*Politóloga especializada en relaciones internacionales. Magíster en Desarrollo Humano. Doctoranda en Ciencias Sociales. Investiga los movimientos de mujeres musulmanas y su influencia en el cine y las industrias culturales.
