Sigue sin resolverse el grave problema de los presos en comisarías

Una vez más la Justicia debió hacer lugar a un habeas corpus por la presencia y el hacinamiento de presos alojados en comisarías de la Provincia, en una situación que como se sabe se encuentra prohibida por las leyes y que, en este caso, se vio agravada por las condiciones de hacinamiento en que se encontraban los detenidos, que sufrían no sólo la presencia de roedores sino la falta de un servicio de agua potable.

El episodio ocurrió ahora en la Comisaría 8va de La Plata, ubicada en 7 y 74, en donde a partir de una inspección ocular en esa sede por parte de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) se ordenó desde el jugado de Garantías actuante la clausura de los calabozos de esa dependencia.

Tal como se informó en este diario, la medida se tomó tras constatarse condiciones infrahumanas de detención como hacinamiento extremo, falta de acceso al servicio de agua potable y la presencia de roedores, entre otras graves violaciones a los derechos humanos.

Un vocero indicó que “en un lugar con capacidad para hasta tres personas, se alojaban 45. Ese sitio dispondría de una superficie no superior a los 16 metros cuadrados, carente de ventilación y de provisión de agua potable”. El juez ordenó además que el ministerio de Seguridad presente en 15 días un plan de obras para restaurar la sede de la comisaría 8va.

Cabe señalar que la comisaría estaba clausurada por orden judicial y por resolución del propio Ministerio de Seguridad, en órdenes reiteradamente desobedecidas. Por esta razón se inició una investigación penal ante la posible comisión de delitos.

La denuncia describe un panorama lóbrego sobre las condiciones edilicias: celdas sin luz natural ni ventilación, lo que genera un ambiente sofocante e insalubre; acceso al agua a través de botellas entregadas por los policías o familiares, que muchas veces no alcanzan para todos; falta de inodoros convencionales, que son reemplazados por una letrina improvisada en el piso para decenas de personas, sin posibilidad de higiene adecuada.

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El cuadro de horror no deja de sorprender. En el lugar se registró la presencia de ratas y otros roedores, lo que obligaba a los detenidos a envolver sus alimentos en bolsas o mantenerlos colgados para evitar la contaminación. Por si fuera poco, los detenidos también denunciaron un trato cruel por parte del personal policial. A la hora del descanso, la falta de espacio para acostarse obligaba a muchos a dormir sentados o sobre el piso de cemento frío. También se registraron restricciones arbitrarias para recibir de las familias comida y artículos de higiene. Se denunció, además, la falta de asistencia médica a los allí alojados.

Se invocó muchas veces en las últimas décadas el alto costo presupuestario que supone la construcción de cárceles modernas, ajustadas a las nuevas pautas institucionales existentes para la contención de presos. En otro orden, también se ha dicho que las sucesivas administraciones no ven con buenos ojos invertir recursos “en obras que no se ven” o que “demoran tanto en terminarse, que el que las inaugura no es nunca el que las mandó a hacer”. Y que por ello, se han realizado inversiones muy graduales, en cuentagotas.

Sea como sea, la superpoblación carcelaria no puede esperar más y, mucho menos, no debe ser resuelta apelando a las comisarías para que se conviertan en cárceles. La Policía existe como fuerza pública de seguridad, creada para darle custodia a la población, no para alojar y atender a personas presas por un largo tiempo. Para esto existen las cárceles y si no alcanzan, no deben demorarse las construcciones que hagan falta.