Aumentaron un 8% las denuncias por violencia de género en la Ciudad y el 27% de las víctimas estaban en alto riesgo
En enero, la Oficina especial de la Sorteo Suprema recibió 1761 presentaciones; atendió a 55 personas por día y se entregaron 81 botones antipánico.
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Durante la feria judicial de enero de 2025, la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación atendió a 1761 personas, lo que representa un incremento del 8% en comparación con el mismo período del año anterior. El informe de la OVD detalla que el 60% de las víctimas fueron mujeres mayores de 18 años, mientras que el 27% correspondió a niñas, niños y adolescentes.
Desde el lunes 30 de diciembre de 2024 hasta el 31 de enero de 2025, la OVD, que funciona las 24 horas del día, recibió un promedio de 55 personas diarias en sus oficinas de la Ciudad de Buenos Aires. De ese total, 915 fueron denuncias formales, 736 consultas informativas y 110 consultas telefónicas. Además, los equipos interdisciplinarios del organismo evaluaron la situación de 1129 personas afectadas en las presentaciones recibidas.
Los datos indican que en el 96% de los casos se registró violencia psicológica. La violencia física representó el 48% de las denuncias, seguida por la violencia simbólica (44%), ambiental (34%), económica patrimonial (26%), sexual (7%), social (6%) y digital (3%).
El informe señala que el 47% de las víctimas tenía un vínculo de pareja o expareja con la persona denunciada, mientras que el 33% tenía un lazo filial (hijos o progenitores). En el 9% de los casos, el vínculo era de otro tipo, en el 7% se trataba de familiares hasta el cuarto grado de parentesco, y en el 4% de los casos, el agresor era un hermano o hermana.
En cuanto a la evaluación de riesgo, el 27% de las personas afectadas se encontraba en una situación de alto o altísimo riesgo, mientras que el 60% presentaba un nivel de riesgo medio o moderado, y el 13% un riesgo bajo.
El equipo médico de la OVD constató lesiones en 211 personas, lo que representa el 18,6% del total de denuncias recibidas y un incremento del 3,6% respecto de la feria judicial de 2024. De ellas, el 80% eran mujeres. Se realizaron 46 derivaciones médicas, de las cuales 26 fueron de urgencia, 18 para atención médica especializada y cuatro para la aplicación del protocolo en casos de delitos sexuales.
El informe también detalla que el 99,6% de las denuncias fueron derivadas a la Justicia Nacional en lo Civil, el 15% a la Justicia Nacional en lo Criminal y Correccional, el 69% al Fuero Penal, Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas de la Ciudad de Buenos Aires, y el 26% al Consejo de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Gobierno porteño.
En el marco de estas denuncias, se entregaron 81 botones antipánico, lo que equivale a un promedio de 2,5 dispositivos diarios. Además, la Justicia Nacional en lo Civil ordenó 3482 medidas preventivas urgentes, entre ellas, la prohibición de acercamiento a la persona denunciante (69%), la prohibición de todo tipo de contacto (65%), la entrega de botones antipánico (36%) y el cese en los actos de perturbación o intimidación (28%).
Posición del gobierno sobre los femicidios
El contexto político actual ha generado incertidumbre en torno a las políticas públicas destinadas a abordar la violencia de género. En su discurso en el Foro Económico Mundial en Davos, el presidente Javier Milei incluyó al feminismo, la equidad de género, la diversidad y otros temas dentro de lo que denominó “el cáncer de la ideología woke”.
En línea con esta postura, el gobierno anunció su intención de eliminar la figura del femicidio del Código Penal, así como los cupos laborales para minorías sexuales, la paridad de género en listas electorales y los documentos de identidad no binarios.
El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, confirmó esta medida en sus redes sociales: “Vamos a eliminar la figura del femicidio del Código Penal porque esta administración defiende la igualdad ante la ley consagrada en nuestra Constitución Nacional. Ninguna vida vale más que otra”, sostuvo. En su mensaje, también afirmó que “durante años han usado a la mujer para llenarse los bolsillos y desmedrar al hombre”.
El anuncio generó una fuerte reacción en organizaciones de derechos humanos y colectivos feministas, que advierten sobre el impacto que estas decisiones pueden tener en la protección de las víctimas. Desde diferentes sectores, se han expresado preocupaciones por la eliminación de herramientas legales específicas para abordar la violencia de género, en un contexto donde las denuncias y la asistencia a las víctimas continúan en aumento.
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