El gobierno de Javier Milei avanza en un ambicioso proyecto de reforma del Código Penal con el objetivo de endurecer las penas para delitos graves y garantizar que la prisión perpetua sea de efectivo cumplimiento, sin reducciones ni beneficios. La iniciativa, que busca hacer el sistema penal "más punitivo", es liderada por el Ministerio de Justicia y forma parte de la agenda legislativa que el presidente presentará el 1 de marzo en la apertura de sesiones ordinarias del Congreso.
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El gobierno de Javier Milei avanza en un ambicioso proyecto de reforma del Código Penal con el objetivo de endurecer las penas para delitos graves y garantizar que la prisión perpetua sea de efectivo cumplimiento, sin reducciones ni beneficios. La iniciativa, que busca hacer el sistema penal "más punitivo", es liderada por el Ministerio de Justicia y forma parte de la agenda legislativa que el presidente presentará el 1 de marzo en la apertura de sesiones ordinarias del Congreso.
El secretario de Justicia, Sebastián Amerio, encabeza los cambios junto a un equipo de asesores conformado por la Comisión de Reforma del Código Penal, liderada por el abogado y doctor en Ciencias Jurídicas Jorge Buompadre. También forman parte del grupo el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, y un equipo de jueces y juristas, entre los que destacan el camarista Mariano Borinsky, María Eugenia Capuchetti, Ricardo Ángel Basílico y Julio César Báez, además de especialistas en derecho penal como Carlos Alberto Manfroni, Horacio Jaime Romero Villanueva, Fernando Oscar Soto, Valeria Onetto y Mercedes Rodríguez Goyena.
El texto de la reforma está listo desde octubre del año pasado y uno de sus puntos centrales es el endurecimiento de la prisión perpetua, que en la actualidad permite acceder a la libertad condicional tras 35 años de cumplimiento efectivo. Según las autoridades, el nuevo Código Penal eliminaría esta posibilidad, estableciendo que la condena de cadena perpetua sea, efectivamente, de por vida.
El endurecimiento de penas no se limitará a la cadena perpetua, sino que abarcará un aumento en las sentencias para delitos considerados graves. En particular, se estudia una ampliación de los años de prisión para violaciones, que actualmente tienen un castigo de entre seis y quince años, pudiendo llegar a veinte en casos agravados.
Desde la gestión libertaria argumentan que las penas actuales "son irrelevantes" y que el sistema actual no disuade a los delincuentes. "Las de hoy no inhabilitan la comisión del delito", afirmó un funcionario, quien sostuvo que el objetivo del nuevo Código Penal es generar "miedo" en quienes cometan delitos graves. "Hoy entran y salen al día siguiente, entonces, ¿cuál es el miedo a cometer un delito? Queremos castigar más al delincuente", insistió.
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, también está involucrada en las reformas y trabaja en paralelo en un proyecto para la construcción de cárceles privadas. La iniciativa busca aliviar la sobrepoblación carcelaria, un problema estructural del sistema penitenciario argentino. "Hasta que no cambiemos el sistema penitenciario, la cárcel hoy es un posgrado en delito", admitió un funcionario.
El camarista Mariano Borinsky, uno de los principales autores del texto de reforma, se reunió recientemente con Cúneo Libarona para cerrar detalles antes de la presentación del proyecto. En la actualidad, el artículo 13 del Código Penal establece que las personas condenadas a perpetua pueden obtener la libertad condicional tras cumplir 35 años de condena si un juez lo autoriza en base a informes favorables de reinserción social. Sin embargo, el Gobierno sostiene que esta medida es insuficiente y que debe eliminarse.
Milei ha manifestado su intención de aplicar una política de seguridad más dura, bajo la consigna "el que las hace, las paga".
Con más de 56.000 personas condenadas en el país, de las cuales aproximadamente 2.500 cumplen prisión perpetua, la propuesta del Gobierno marca un cambio profundo en la política penal argentina. El debate en el Congreso será clave para determinar el alcance de estas modificaciones y su impacto en el sistema judicial y penitenciario del país.
Que la perpetua sea perpetua
En la Casa Rosada dijeron además que "la violación es un delito que el Gobierno quiere que se sancione con pena perpetua". Así como también prevé aumentar todas las penas contempladas en el actual Código. También contempla que la figura de la prisión perpetua, que en Argentina implica que una persona pueda pedir libertad condicional después de una determinada cantidad de años, sea reemplazada por un cumplimiento efectivo total. "Las penas a perpetuas tienen que ser a eso, hay que ser concretos", dijeron en la Casa Rosada.
