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¿Quiere el Gobierno mejorar la calidad de nuestra democracia?
La vocación transformadora del presidente Milei no está en duda: mostró un valiente y necesario compromiso con la austeridad y la eliminación de la inflación, prioriza la lucha contra la inseguridad en general y el narcotráfico en particular, enfatiza su carácter rupturista en materia de relaciones internacionales y se involucra en debates complejos en el contexto de la “guerra cultural” contra las visiones extremas del progresismo (denominadas, despectivamente, “wokismo”). Más aún, su gobierno dio pasos contundentes respecto de la reducción de impuestos, la desregulación y el achicamiento del aparato del Estado. Alguien que hizo de la consigna del cambio un eje fundamental para comprender la dinámica política contemporánea, como Jaime Durán Barba, afirma que Milei desplazó a Macri como garante y ejecutor de una agenda de política pública que expresa la insatisfacción de enormes segmentos de nuestra sociedad con el statu quo.
Sin embargo, cuando se analizan otros aspectos para nada menores de estos primeros casi catorce meses de gestión aparecen interrogantes inquietantes respecto de su genuina vocación por cambiar las formas de hacer política.
El Presidente demostró muchísimo más pragmatismo del que en principio se suponía iba a tener, tanto en aspectos externos (la relación con China, su silencio frente al proteccionismo de Trump, su polémica posición respecto de Ucrania) como domésticos (sostiene a muchos funcionarios del gobierno anterior, exhibió más afinidad y tolerancia con exintegrantes del peronismo, incluso del kirchnerismo, como Daniel Scioli, que con dirigentes ideológicamente más afines, como Ricardo López Murphy). Al mismo tiempo, se siguen postergando los componentes más importantes de las reformas estructurales, como la impositiva, la de la seguridad social y, en especial, la laboral (en un sector del Gobierno existe esperanza de que algunas de estas cuestiones sean impulsadas en las sesiones ordinarias a partir del 1º de marzo próximo). Continúa la polémica por las renuencias a debatir la ley de presupuesto, lo que significa, en la práctica, valorizar un enfoque muy tradicional de la política vernácula: asignar recursos con criterios discrecionales. Puede comprenderse el uso sistemático de los decretos de necesidad y urgencia, dada la actual correlación de fuerzas en el Congreso, muy desfavorable para el oficialismo. Pero también en este sentido se repiten prácticas típicas y afianzadas. Esto incluye la concentración de poder en el Presidente y un núcleo ínfimo de colaboradores: nada más argentino que el hiperpresidencialismo y el culto a la personalidad.
¿Desea Milei implementar un cambio cultural efectivo y contundente o prefiere utilizar buena parte de sus componentes para acumular poder y avanzar en una parte de su programa, la estabilización de la macroeconomía y la primera etapa de las reformas estructurales? ¿Le interesa mejorar la calidad de la democracia o busca consolidar su proyecto de poder, aunque esto implique mantener estándares subóptimos en materia de funcionamiento de las instituciones?
El Presidente se siente muy cómodo planteando diferenciaciones extremas, como cuando se refiere al “partido del Estado” como síntesis de las prácticas comunes por parte de múltiples actores económicos, políticos y sociales de recurrir al erario para extraer recursos para fines privados. Es cierto que mezcla cosas y en la misma bolsa caen programas derivados de derechos consagrados por la Constitución con prácticas corruptas o cuestionables, como subsidios absurdos, financiamiento a los amigos o la creación artificial de empleo público. Pero las principales fuerzas partidarias y una amplia constelación de actores sociales y empresas de la Argentina se acostumbraron a vivir del presupuesto público, a menudo con privilegios y prerrogativas inaceptables. ¿No ocurrieron infinidad de casos de tráfico de influencias, obras públicas de envergadura asignadas a familiares, contratos multimillonarios con los mismos “desconocidos de siempre” y concursos fraguados para beneficiar a uno de los “competidores”?
En paralelo, el Gobierno utiliza parte del mismo repertorio para evitar conflictos (como con los beneficiarios del régimen de Tierra del Fuego), conseguir apoyo político (obra pública a gobernadores amigos) o lograr votos en iniciativas parlamentarias críticas (como la Ley Bases). De todas formas, conviene analizar más a fondo si contribuyen en algo dos componentes fundamentales de la agenda de las sesiones extraordinarias: ficha limpia y la suspensión de las PASO.
El gobierno necesitaba despejar cualquier duda de contubernio con el kirchnerismo y, luego del fracaso en el tratamiento del proyecto de ficha limpia, el año pasado, se dispuso a enviar una versión “superadora” para la consideración de los legisladores. Los expertos, en general, consideran que se trata de un paso en la dirección correcta para evitar que el Poder Legislativo se convierta en un “aguantadero” para políticos condenados por corrupción. En realidad, el propio Congreso ya actuó de forma muy taxativa en varias oportunidades frente a casos polémicos, expulsando a algunos de sus miembros involucrados en escándalos con alcance mediático y demostrando que hay “anticuerpos” para evitar costos reputacionales significativos. Ahora bien, tampoco este proyecto impide que se presenten como candidatos políticos con trayectorias cuestionables en los casos en que no tengan condenas ratificadas en segunda instancia. Es más: el propio exsenador Edgardo Kueider podría ubicarse en alguna lista de los próximos comicios aun con este proyecto aprobado.
El sistema electoral argentino es tal vez la institución que más confianza genera en el conjunto de la sociedad. En más de cuatro décadas de democracia no tuvimos ni un solo caso de dudas o serias irregularidades respecto de la legitimidad de una elección. ¿Puede mejorarse? Sin lugar a dudas, y algo de eso se logró con la eliminación de la lista sábana y la instauración de la boleta única en papel. ¿Debe transparentarse el financiamiento de la política en general y las campañas en particular? Por supuesto. Y quedan más reformas para hacer. Por ejemplo, con un sistema electoral mixto para elección de diputados (mitad por el actual criterio de representación proporcional, mitad con sistema uninominal). Pero no es lo que propone el Gobierno, que pretendía eliminar las PASO y se contentaría con suspenderlas. Cabe recordar que en Uruguay, el país de toda la región que es un verdadero ejemplo en materia de cultura ciudadana, existe un mecanismo muy parecido. Es cierto que el sistema actual es muy perfectible y que, como argumenta el propio Milei, el objetivo de Kirchner no era mejorar la democracia sino controlar a los propios integrantes de su partido luego de que lo “traicionaron” en los comicios de 2009. Pero eliminarlas no implicaría un salto de calidad en materia institucional. Para peor, esta decisión, de avanzar en la suspensión, puede malinterpretarse: ¿se sienten confiados, como parece y expresan, de cara al proceso electoral o apuntan a evitar las potenciales consecuencias negativas de un mal resultado en las PASO?ß
