Elecciones en Ecuador: cómo están las encuestas entre el presidente Daniel Noboa y la opositora Luisa González
La mayoría de las encuestas posicionan al mandatario en primer lugar, aunque podría haber un balotaje; la violencia narco, eje de la campaña
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LA NACION
QUITO.- Los ecuatorianos irán a las urnas este domingo por tercera vez en cuatro años para elegir a su próximo presidente con la esperanza de que pueda resolver un desafío titánico: frenar la ola de violencia que sembró la cotidianidad de la población con crímenes, asesinatos, extorsiones y secuestros.
Unos 16 candidatos se presentarán en la contienda del fin de semana, entre ellos el actual mandatario, Daniel Noboa, quien busca mantenerse por al menos cuatro años más en el Palacio Carondelet, y la excandidata presidencial de Revolución Ciudadana Luisa González, delfín del expresidente Rafael Correa. Como en 2023, Noboa y González son los dos favoritos en esta elección, en la que según algunas encuestas al presidente podría llegar a ganar en primera vuelta, sin necesidad de balotaje.
Para ganar en la primera vuelta un candidato debe lograr al menos el 40% de los votos con una diferencia de 10 puntos sobre el segundo, o superar el 50% de los sufragios.
Según la encuesta de intención de voto de Ipsos, Noboa tiene una intención de voto de 45,3%, mientras que González cuenta con 31,3%. Detrás le siguen Andrea González -quien fue la candidata a vicepresidente del aspirante presidencial asesinado Fernando Villavicencio-, con 5,1%, y el ingeniero ambiental Leonidas Iza, con 2,4%.
Noboa, de 37 años, obtendría 47,1% de los votos válidos, sin incluir blancos y nulos, frente al 39,5% de González, según el sondeo de la firma Comunicaliza, del 25 de enero. El resto de los 14 candidatos suman en conjunto un 13,4% de la intención de voto.
La firma Negocios & Estrategias, por su parte, coloca a González en primer lugar con un 45% de intención de votos válidos, frente al 40% de Noboa, pero igualmente anticipa una segunda vuelta, que está prevista para el 13 de abril.
Noboa, quien dice que sus 15 meses de presidencia resultaron en una disminución del 15% en muertes violentas, prisiones más seguras y la captura de líderes de las bandas criminales, está haciendo campaña con promesas de cumplir con su llamado “Plan Fénix” para combatir la inseguridad.
Sus partidarios dicen que Noboa necesita un mandato completo de cuatro años para poder cumplir con sus promesas, incluida una mayor cooperación con Estados Unidos, que ha sancionado a la importante banda ecuatoriana Los Lobos.
Sus detractores, en tanto, señalan que no ha hecho lo suficiente para reducir la violencia, y sus 15 oponentes en la carrera a la presidencia lo han tildado de ineficaz, al señalar que no pudo resolver la inseguridad rampante.
Noboa también ha tenido un altercado público con la vicepresidenta Verónica Abad, a quien el Ministerio de Trabajo suspendió de su cargo en una medida que, según ella, violaba la Constitución.
También generó controversia por realizar la campaña electoral sin tomarse licencia de su cargo. La Corte Constitucional de Ecuador anuló por inconstitucionales dos decretos de Noboa en los que encargaba el poder durante tres días por semana a una funcionaria de confianza - en lugar de a la vicepresidenta electa- para, en ese tiempo, hacer actos de campaña.
Inseguridad
Quien asuma la presidencia tendrá que hacerse cargo de un país en el que los niveles de inseguridad y violencia se volvieron un problema urgente y el principal reclamo de los ciudadanos en los últimos cuatro años.
La inseguridad “nos ha obligado a permanecer encerrados”, dijo el empresario del sector del acero Mauricio Bermeo. “Hemos perdido todo. Ahora hasta para salir a la calle, a cualquier hora, se debe estar atento”.
Las autoridades atribuyen esta situación, que se disparó hace cuatro años y empujó a miles de ecuatorianos a migrar, a la acción del crimen organizado relacionado con el narcotráfico transnacional, un problema al que se han enfrentado por años otros países como México o Colombia, sin que hayan encontrado una solución definitiva para la pacificación de las calles.
Y así también como en territorios vecinos, a Ecuador le espera un camino largo, auguran analistas, ante las soluciones planteadas por los últimos tres gobiernos. Se han implementado medidas para contener situaciones violentas —como motines carcelarios o repunte de asesinatos— pero las promesas de políticas de seguridad no han dado hasta ahora resultados consistentes.
“Es un problema con el que vamos a tener que convivir”, dijo el exjefe del comando conjunto de las Fuerzas Armadas, general retirado Paco Moncayo, para quien contra la inseguridad de momento “no hay política de Estado”.
En enero de 2024, el presidente Daniel Noboa declaró el conflicto armado interno luego de la fuga de la cárcel del mayor capo criminal y de la incursión de un grupo armado a un canal de televisión estatal mientras transmitía en vivo.
La medida dio paso al patrullaje conjunto de policías y militares en calles y carreteras y permitió desplegar uniformados dentro de algunas prisiones, convertidas en centros de mando criminal según la policía, pero no alcanzó para contener la inercia delictiva en el país.
De las prisiones, según los últimos tres gobiernos, la criminalidad saltó a las calles hasta llegar en 2024 a 38,78 muertes violentas por cada 100.000 habitantes -una de las más altas de la región- y 294 toneladas de narcóticos incautadas el año pasado, según cifras policiales. Las extorsiones y secuestros pasaron de 379 y 204 casos respectivamente en 2019 a 19.473 y 1761 el pasado.
Ecuador, antes popularmente conocida como una “isla de paz”, está entre dos grandes productores de cocaína -Colombia y Perú- que lo utilizan como plataforma de tránsito y embarque de grandes cantidades de narcóticos al mundo, según la policía.
Si bien durante el 2024 los homicidios bajaron un 16% en comparación con 2023 (el año más violento registrado), la cifra sigue siendo alta y apenas en este enero se contabilizaron más de 600 muertes violentas, un 56% más que en el año anterior y aproximadamente una por hora.
El consultor y experto en seguridad Mario Pazmiño afirmó que uno de los factores es “que tenemos una justicia de impunidad permanente, a la que se debe hacer una restructuración total”. La policía se ha quejado de que horas después de entregar delincuentes, detenidos en delitos flagrantes, estos salen libres.
A un día de que concluya la campaña electoral, Noboa envío a la Corte Constitucional un pedido de reforma parcial a la Constitución para que la medida cautelar de presión preventiva sea obligatoria en los casos de implicados de terrorismo y crimen organizado.
La situación de seguridad y “las fallas en la administración de justicia requieren medidas firmes para evitar que delincuentes peligrosos se burlen de la justicia”, y enfrentar delitos de alto riesgo con probabilidad de fuga, indicó un comunicado de la Secretaría de la Presidencia divulgado el miércoles.
Economía y cortes de energía
Pero la inseguridad ha sido sólo uno de los problemas en el país. Además del miedo a las bandas criminales, los ecuatorianos fueron afectados durante tres meses por racionamientos eléctricos hasta de 14 horas diarias, que se resolvieron por el simple hecho de que llovió y las centrales hidroeléctricas se reactivaron, y ahora se preguntan si este año sucederá algo similar. El gobierno atribuyó los cortes a una fuerte sequía y a la falta de mantenimiento de centrales térmicas.
Los recientes cortes de luz dejaron pérdidas por unos 7500 millones de dólares, de acuerdo con las cámaras de producción y comercio de este país, aunque la situación también afectó a los hogares.
“En los apagones me sentía como en algún pueblo atrasado”, dijo Carla Méndez, asistente de enfermería, quien manifestó que a sus “hijos les tocó la parte más fea: hacer los deberes a la luz de la velas”. Los alimentos, recuerda, se echaban a perder dentro de la heladera por la falta de energía, ocasionando un doble gasto para reponerlos.
Otro de los grandes problemas que preocupan a la población es el desempleo. El Instituto de Estadísticas y Censos reportó que el país perdió 132.000 empleos plenos en un año, reduciendo la tasa de empelo adecuado del 35,8% al 33,7%. La tasa de desempleo creció a un 3,7%.
También los colegios y los estudiantes debieron adaptarse a la dinámica de carecer de luz, lo que incidió negativamente en el progreso educativo. Las bandas criminales también han asediado a estudiantes y colegios.
En la ciudad más violenta del país, Durán se registra un 29% de deserción escolar en jóvenes mayores a 14 años. En barriadas de otras ciudades bajo amenaza criminal pasa un fenómeno similar.
Para el exministro de Educación, Milton Luna, la crisis eléctrica y la inseguridad “por supuesto han incidido negativamente sobre la educación”. Comentó que “la educación en nuestro país no es buena” y venía deteriorándose desde hace al menos una década, entre otras razones, por un esquema caduco y la falta de inversión por parte de los gobiernos de turno.
Agencias AP, AFP y Reuters
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