Un duelo de clanes desata una crisis política en Filipinas: la vicepresidenta es acusada de un complot para matar al presidente

MANILA.- Filipinas, un aliado estratégico de Estados Unidos en Asia, quedó sumergida en una crisis política luego de que la Cámara baja destituyera el miércoles a la vicepresidenta Sara Duterte, hija del exjefe de Estado Rodrigo Duterte, al acusarla de varios delitos, entre los que se incluye un complot para asesinar al presidente, corrupción a gran escala y no denunciar enérgicamente las acciones agresivas de China contra las fuerzas filipinas en el disputado Mar de China Meridional.

El acto, realizado por legisladores de la Cámara de Representantes, muchos de los cuales son aliados del presidente Ferdinand Marcos Jr. -hijo del dictador-, profundiza una disputa política entre los dos máximos líderes y clanes de una de las democracias más conflictivas de Asia.

Duterte se enfrentaba a cuatro denuncias por su presunta malversación de millones de fondos públicos y sus declaraciones de que había hecho planes para asesinar a Ferdinand Marcos, a su esposa y al presidente de la Cámara de Representantes, quien es primo de Marcos.

Marcos ha fomentado los lazos de defensa con su aliado Estados Unidos, mientras que el padre de la vicepresidenta, Rodrigo Duterte, estableció cálidas relaciones con China y Rusia durante su tormentoso mandato, que concluyó en 2022.

De los 306 legisladores de la Cámara baja, 215 firmaron la solicitud de destitución contra la vicepresidenta, una cantidad significativamente mayor que la requerida para permitir que la petición fuera transmitida rápidamente al Senado, que servirá como un tribunal para juzgar a la vicepresidenta, dijo el secretario general de la Cámara de Representantes, Reginald Velasco, antes de un receso de cuatro meses. Los aplausos estallaron en la sala tras el anuncio oficial de los resultados.

Entre los firmantes de la solicitud de destitución estuvo el hijo del presidente, el representante Sandro Marcos, y su primo, el presidente de la Cámara, Martin Romualdez. En la petición se exhortó al Senado a convertirse en un tribunal de impugnación para juzgar a la vicepresidenta, “emitir un juicio de condena”, retirarla del cargo y prohibirle ocupar un cargo público.

“La conducta de Duterte durante su mandato muestra claramente una burda deslealtad contra la confianza pública y un abuso tiránico del poder que, tomados en conjunto, muestran su clara falta de aptitud para ocupar una oficina pública y su infidelidad con las leyes y la Constitución de 1987”, se lee en la solicitud, al referirse a Duterte.

Duterte se enfrentará ahora a un juicio en el Senado filipino cuando el Congreso vuelva a reunirse en junio. Se necesitan dos tercios de los votos para la condena, y de ser declarada culpable Duterte será destituida e inhabilitada para desempeñar cualquier cargo público. También puede enfrentarse a cargos penales y civiles ante los tribunales.

Hasta el momento, la vicepresidenta no ha comentado sobre la decisión de la Cámara de destituirla, pero su hermano, el representante Paolo Duterte, señaló que la medida era “un claro acto de persecución política”. Dijo que estaba “horrorizado y enfurecido por los esfuerzos desesperados y políticamente motivados” para destituir a su hermana. “Si el gobierno de Marcos cree que puede forzar este simulacro de juicio político sin consecuencias, se equivoca gravemente”, advirtió en un comunicado. “Recuerden mis palabras: este imprudente abuso de poder no terminará a su favor”.

Legisladores rivales maniobraron para recolectar rápidamente las firmas e impulsar “un caso de destitución sin bases” ante el Senado, dijo.

Duterte se postuló como compañera de fórmula de Marcos en 2022, con un lema de campaña a favor de la unidad en el profundamente dividido país del sudeste de Asia. Ambos son descendientes de líderes que han estado desde hace mucho tiempo en la mira de grupos defensores de derechos humanos, pero sus sólidas bases de apoyo regionales se combinaron para darles una victoria aplastante.

Marcos es hijo y lleva el mismo nombre del fallecido dictador, derrocado en un levantamiento a favor de la democracia en 1986. Duterte, padre de la vicepresidenta y predecesor de Marcos Jr., puso en marcha una mortífera ofensiva antidrogas que ya es investigada por la Corte Penal Internacional como un posible crimen contra la humanidad. La sorpresiva alianza política se marchitó rápidamente tras su victoria electoral.

“Esto está arrastrando a todo el país al caos político”, advirtió Aries Arugay, presidente del departamento de Ciencias Políticas de la Universidad de Filipinas. “A diferencia de Estados Unidos, aquí no tiene ninguna función crítica como vicepresidenta. Entonces, ¿por qué? La motivación política aquí es detener la eventualidad de una presidencia de Sara Duterte”, añadió.

Duterte había hablado públicamente de presentarse a la presidencia cuando termine el único mandato de seis años de Marcos, en 2028.

Las acusaciones contra Duterte

El pedido de destitución contra la vicepresidenta, considerada como una posible contendiente presidencial una vez que termine el período de 6 años de Marcos en 2028, se centra en una amenaza de muerte que hizo contra el presidente, su esposa y el presidente de la Cámara el año pasado, irregularidades en el uso de los fondos de inteligencia y por no levantar la voz ante la agresión de China por el disputado Mar de China Meridional.

Ella reconoció abiertamente en una conferencia de prensa online, realizada el 23 de noviembre, que había contratado a un asesino para matar a Marcos, a su esposa y a Romualdez si ella era asesinada, advertencia que, dijo, no era ninguna broma.

Más tarde, señaló que no lo estaba amenazando, sino que estaba expresando su preocupación por su propia seguridad. Sin embargo, sus declaraciones provocaron el inicio de una investigación y desataron preocupaciones de seguridad a escala nacional.

Las acusaciones de corrupción y de recibir sobornos que pesan en su contra también surgieron de una investigación de la Cámara, la cual duró varios meses y fue televisada, sobre el presunto desvío de 10,5 millones de dólares de fondos confidenciales y de inteligencia recibidos por las oficinas de Duterte cuando ocupaba los cargos de vicepresidenta y secretaria de Educación. Desde entonces, abandonó el puesto en educación tras profundizarse sus diferencias políticas con Marcos.

También ha sido acusada de enriquecimiento ilícito y por no declarar sus bienes según lo requiere la ley. El año pasado se rehusó a responder preguntas en detalle en tensas audiencias televisadas.

En la solicitud de destitución se acusó a Duterte de perjudicar las políticas de Marcos, lo que incluye su descripción del manejo del gobierno de las disputas territoriales con Pekín en el mar de China meridional, a las que calificó como “un fiasco”. En la solicitud también se menciona su silencio sobre las acciones cada vez más asertivas de China en las aguas disputadas.

“Su evidente actitud evasiva y su silencio sobre el tema del Mar de Filipinas Occidental, un tema que afecta el núcleo de la soberanía filipina, contrasta diametralmente con su locuacidad sobre otros temas”, se lee en el pedido de destitución, donde se usa el nombre que da Filipinas a las aguas en disputa.

Duterte acusó repetidamente a Marcos, a su esposa y a Romualdez de corrupción, de ejercer un liderazgo débil y de intentar callarla debido a las especulaciones de que podría buscar la presidencia en 2028.

Muchos ciudadanos están hartos de las dinastías de los Marcos y los Duterte, y creen que el drama político distrae a los dirigentes de los principales problemas que afligen al país, como la pobreza y el desempleo. Los índices de aprobación de Marcos y Duterte han descendido significativamente en los últimos meses.

Agencias AP, AFP y Reuters, y diario The New York Times

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