La Armada argentina generó polémica tras decidir la mudanza de su archivo general y la decisión de eliminar ciertos materiales de su registro. Tanto abogados como organizaciones de Derechos Humanos demostraron preocupación porque esto podría afectar pruebas necesaria para impulsar las investigaciones por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura.

Las tareas de “depuración” comenzaron en los primeros días de enero y estaría previsto que el traslado de la documentación se produzca durante el mes de febrero. Quienes manejan el AGA deberán decidir qué se muda y qué se separa para ser destruido.

Desde Archivistas en Función Pública Argentina (AFPA) difundieron un comunicado en el que expresaban alarma ante la orden de eliminar documentación. “Es urgente y necesario garantizar la conservación de los documentos de valor permanente, ya sea porque contienen información única sobre la historia, la memoria institucional o porque están vinculados a graves violaciones a los derechos humanos”, advirtieron.

La documentación en poder de la Armada es fundamental para la causa en la que se investigan los crímenes en el campo de concentración de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), donde se estima que 5000 personas estuvieron cautivas.

No es en el único expediente en el que una alteración en el AGA puede tener impacto ya que también puede generar agujeros en las causas que tramitan en la jurisdicción de Bahía Blanca o en la de Mar del Plata, donde también la Armada estuvo involucrada en secuestros, torturas y desapariciones.

Antecedentes de la dictadura

La Armada estuvo históricamente sospechada por el manejo de la documentación del período 1976-1983. Los legajos de los marinos que actuaron en la ESMA desaparecieron o se vieron alterados en ese tramo de tiempo. Se destaca que su foja de servicios y parte de su accionar destacá se reconstruyeron gracias a documentos burocráticos que hallaron los equipos de relevamiento y análisis documental (ERyA) que funcionaban en el Ministerio de Defensa.