Jaldo eliminó la Subsecretaría de Regularización Dominial

El gobernador, Osvaldo Jaldo, desarticuló la Subsecretaría de Regularización Dominial y Hábitat de la Provincia, a partir de la polémica generada por la venta de tierras fiscales de la Reserva Natural La Angostura. Además, según el decreto acuerdo al que accedió LA GACETA, el mandatario dispuso la apertura de un sumario administrativo contra dos empleados de esa repartición.

La investigación judicial involucra a ex funcionarios provinciales y también a empleados públicos. En ese contexto, el gobernador dispuso ayer una drástica medida. Mediante un decreto, ordenó la disolución de la Subsecretaría de Regularización Dominial y Hábitat, así como también el inmediato cese de sus autoridades y direcciones, en virtud de la “las investigaciones llevadas a cabo por el Poder Judicial en respuesta a las denuncias de usurpaciones en las que el Estado Provincial ha sido víctima, y han revelado la existencia de irregularidades”.

En paralelo, el instrumento asigna a la Dirección General de Catastro de la Provincia las funciones que por ley corresponden a dicho organismo, “especialmente actuar como autoridad de aplicación de la Ley Provincial N° 5.670, ejercer las facultades de autoridad de aplicación de las disposiciones de la Ley N° 6.753, de adhesión de la Provincia de Tucumán a la Ley Nacional N° 24.374 y entender en la regularización dominial de los inmuebles adquiridos por el Estado Provincial con dicha finalidad o afectados mediante Ley Provincial a dicho fin, en el marco de la Ley de Emergencia Social y Habitacional N° 7.347”.

Jaldo también ordenó a Catastro que concrete un relevamiento de las actuaciones cumplidas y las que se encuentran en trámite en el organismo disuelto, “a los fines de proveer la información a las autoridad judiciales intervinientes en la causa Castro Juan Pablo s/ usurpación y otros delitos” y en toda otro expediente en el que la Provincia denuncie usurpaciones de inmuebles fiscales.

Finalmente, el Poder Ejecutivo dispuso la suspensión e inicio de investigaciones administrativas de los empleados Maximiliano Rodrigo Martín Barreiro y de Pablo Rafael Trujillo; ambos se desempeñaban en la subsecretaria disuelta y están, según el decreto, “vinculados a la causa judicial”.

En ese expediente, según pudo reconstruir LA GACETA, en Tribunales se presentaron 14 damnificados, pero habría una veintena más. Se especula que al haber avanzado la investigación que confirmaría la maniobra serían más las personas que se presenten a denunciar.