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El regreso de Trump, ¿una amenaza a la democracia y al orden liberal global?
Los presidentes democráticos nunca logran todo lo que se proponen, al margen del contexto y de las limitaciones institucionales a las que están sometidos. Con suerte, durante su mandato pueden avanzar con una porción de sus prioridades, en general bastante acotada, que de todas formas deben negociar en el Congreso y con otros actores económicos, políticos y sociales. Eso implica ceder y así se desdibujan al menos algunos de los objetivos buscados. En teoría al menos, cuanto más consenso se logra involucrando actores diversos, más legitimidad obtendrá esa iniciativa y, por ende, más impacto tendrá en el mediano y largo plazo. Por el contrario, leyes que se aprueban por una escasa mayoría o, más aún, iniciativas que avanzan por decreto (unilateralmente por parte del Poder Ejecutivo), tienen más chances de sufrir modificaciones o incluso reversiones con el paso del tiempo.
La realidad es siempre mucho más compleja: hay muchos casos de políticas que “salen con fórceps” pero se vuelven muy populares y, por consiguiente, resultan sorprendentemente resilientes (un gran ejemplo es la dolarización en Ecuador, de la que se acaban de cumplir 25 años). Y otras que al principio tenían mucho apoyo pero luego se volvieron impopulares. En política, las cosas son más difíciles, ambiguas y cambiantes de lo que inicialmente parece.
Los presidentes enfrentan todo tipo de restricciones, sobre todo legales, políticas, materiales y temporales. Hay iniciativas que pueden contradecir la legislación vigente, incluyendo algunos aspectos constitucionales. Otras pueden alienar a un conjunto de votantes crítico, ya sea por su número, lugar de residencia o por que puede beneficiar directamente a un adversario político (de otro partido o, peor aún, del propio). Las cuestiones que tienen impacto distributivo o requieren partidas presupuestarias tienden siempre a complicarse. Y otras maduran en el mediano y el largo plazo: los líderes que las impulsan no llegan a ver sus frutos (como ocurre con los proyectos de infraestructura de envergadura). En rigor, parte de los objetivos que conseguirán será luego modificada total o parcialmente por los gobiernos sucesivos, incluso los del mismo partido o coalición (YPF fue nacionalizada por la misma fuerza que la había privatizado y muchas bicisendas de nuestra ciudad serán eliminadas por el mismo gobierno que las construyó).
La evolución del ciclo político-económico (el calendario electoral, el crecimiento de la economía) constituye un predictor bastante adecuado para comprender la capacidad de un presidente de sostener la iniciativa política. Para aquellos que no tienen reelección el debilitamiento suele ser muy significativo (aunque AMLO en México acaba de demostrar lo contrario). Más aún, contextos en los que se recupera el ingreso medio de los ciudadanos son más propicios para lanzar proyectos ambiciosos, en la medida en que no haya tensiones inflacionarias y en que otras demandas prioritarias (en materia de seguridad, infraestructura física, salud y medio ambiente) estén mínimamente satisfechas.
Puede sonar exagerado o pesimista, pero es bastante raro que, al margen de algún éxito pasajero, a un gobierno le vaya bien. En el mejor de los casos, tendrá apoyo en un segmento mayoritario de la ciudadanía o en una sólida primera minoría. En sociedades modernas (plurales, diversas, complejas, segmentadas), lo que para algunos constituyen logros ejemplares para otros son pruebas incontrastables de negligencia e ineptitud. En efecto, gobernar por lo general se torna algo particularmente frustrante y los pasillos de poder suelen ser ámbitos tóxicos, donde los seres humanos se comportan de manera particularmente egoísta y donde la traición es moneda común. Juan Carlos de Pablo lo sintetizó alguna vez con su característica gracia y sentido común: “¿Ganaste? ¡Jodete!”.
La relación entre la extensión y complejidad de la agenda inicial de un presidente y su capacidad para alcanzar logros significativos suele ser inversamente proporcional. Cuanto más transformacional y revolucionario es el programa prometido, menos serán los objetivos logrados. Es más: muchos se revertirán más temprano que tarde. Incluso los consensos de una época pueden convertirse en agudas discusiones para introducir cambios severos poco tiempo después. En algunos momentos, la dinámica del debate público adquiere características inusuales y las sociedades están dispuestas a revisar valores que parecían firmemente compartidos. Muchos especialistas sostienen que, si esto se agrava e involucra los principios fundamentales del orden institucional republicano, puede derivar en deslizamientos autoritarios o incluso en el fin de la democracia.
Dicho esto, en estos últimos días se han disparado numerosas alarmas en relación con las primeras medidas anunciadas por Donald Trump. Como había prometido, comenzó su segundo gobierno con una andanada de órdenes ejecutivas (similares a nuestros decretos de necesidad y urgencia) que involucra una enorme cantidad de temas tanto domésticos como internacionales: la narrativa neoimperial que caracterizó su tercera campaña y que ha profundizado luego de su contundente victoria impregnó su renovado liderazgo desde los primeros minutos de su gestión. Este blitzkrieg busca romper la inercia de una presidencia que había quedado desdibujada con el desplazamiento de Biden de su candidatura y en especial con la durísima derrota electoral de Kamala Harris, que dejó a ambas cámaras del Congreso con leves mayorías republicanas. Y posicionó al presidente número 47 en el centro de la escena, dentro y fuera de su país.
¿Están en riesgo los valores fundamentales de la democracia norteamericana, el caso más estable y antiguo del mundo? ¿Logrará Trump modificar de forma rápida y contundente problemas tan arraigados y complejos como la inmigración ilegal, la desindustrialización por la relocalización de empresas en busca de competitividad o la trágica epidemia de fentanilo? En este sentido, ¿podrá inducir a una disminución de los preocupantes índices de criminalidad en las grandes ciudades en un país federal y con gobiernos locales tan autónomos? ¿Cuál será el impacto en el comercio internacional de las tarifas que prometió imponer tanto a China como a sus vecinos Canadá y México, con los que su país ha firmado un acuerdo de libre comercio? Su promesa de recuperar el control del Canal de Panamá, ¿implicará acaso el uso de la fuerza militar? Si cumple con su promesa de nuevos recortes impositivos, como fue el caso no bien asumió en 2017, ¿cómo impactará en un déficit fiscal de casi 1,9 billones de dólares y en un endeudamiento que supera el 120% del PBI?
Muchos gobiernos tratan de arreglar determinados problemas y logran exactamente lo contrario (la 125). ¿Cuántas de las iniciativas que está impulsando Trump terminarán generando más problemas que soluciones? Toda la evidencia empírica acumulada durante décadas de investigación demuestra el efecto deletéreo de las tarifas en el comercio internacional, no solo en términos económicos sino en materia de seguridad, pues la cooperación en materia económica genera un animus societatis positivo en otras dimensiones, y lo contrario también aplica. Al menos parte de ese daño autoinfligido implicará costos para la propia administración Trump, incluyendo la posibilidad de una aceleración inflacionaria (como sabemos demasiado bien los argentinos, las tarifas las termina pagando el consumidor).
Sin duda es demasiado prematuro para responder el interrogante planteado en el título de esta columna. No caben dudas de que Trump tiene la intención, la voluntad y la decisión de avanzar en múltiples dimensiones de la política de su país, y le encantaría redefinir las reglas del sistema internacional. ¿Podrá lograrlo? ¿Se sostendrán esos potenciales cambios a lo largo del tiempo? ß
