El Tribunal de Impugnación rechazó los recursos presentados por la defensa del exjuez Claudio Alejandro Parisi, el abogado Roberto Ortega Serrano y el empleado de la Defensoría de Violencia de Género Héctor Manuel Alderete. De esta forma, quedó firme la prisión preventiva dictada por el titular del Juzgado de Garantías 1 de Orán, Raúl López.
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El Tribunal de Impugnación rechazó los recursos presentados por la defensa del exjuez Claudio Alejandro Parisi, el abogado Roberto Ortega Serrano y el empleado de la Defensoría de Violencia de Género Héctor Manuel Alderete. De esta forma, quedó firme la prisión preventiva dictada por el titular del Juzgado de Garantías 1 de Orán, Raúl López.
El ex juez Parisi está siendo investigado por haber recibido dinero para conceder el arresto domiciliario a César Daniel Martínez, alias "Oreja", imputado por tentativa de femicidio contra su ex pareja. Junto a Parisi, también están imputados y en prisión preventiva el abogado Roberto Ortega Serrano y el empleado de la Defensoría de Violencia de Género de Orán, Héctor Manuel Alderete. Asimismo, el ex Secretario del Juzgado de Garantías 2 de Orán, Maximiliano Germán Correa, cumple arresto domiciliario debido a problemas de salud. Según la investigación, los implicados habrían actuado como intermediarios en el pago que garantizó el beneficio procesal.
El caso tomó mayor relevancia luego de que César Daniel Martínez fuera asesinado de 12 balazos frente al domicilio donde cumplía la prisión domiciliaria otorgada por Parisi. Posteriormente, el ex juez habría denegado las autorizaciones necesarias para allanar domicilios clave en la investigación del homicidio, lo que se sumó a las causas que motivaron su destitución.
Cabe señalar que Martínez era hermano de Carlos Alfredo Martínez, exintendente de Aguas Blancas, quien también cumple prisión domiciliaria acusado de obstruir la investigación del homicidio de su hermano. Según la causa, habría utilizado información privilegiada proporcionada por el ex juez Parisi y el abogado Ortega Serrano.
El Tribunal de Impugnación destacó la solidez de las pruebas presentadas por la Unidad Fiscal interviniente, incluyendo evidencia digital extraída de teléfonos celulares secuestrados, que vincularían a los acusados con el manejo de sumas de dinero a cambio de favores procesales. Además, se consideraron los riesgos procesales existentes, como el peligro de fuga, dado que las penas a las que podrían enfrentarse serían de cumplimiento efectivo.
