La jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, rechazó el pedido de eximición de prisión formulado por la defensa del senador destituido Edgardo Kueider, quien está siendo investigado por presunto enriquecimiento ilícito. Kueider, junto a su secretaria Iara Costa, es señalado por su vínculo con la empresa de seguridad privada Securitas, a la que se le acusa de pagar sobornos para obtener contratos con la empresa estatal de energía de Entre Ríos, ENERSA.
Fallo judicial
El rechazo de Arroyo Salgado llega tras un planteo presentado por el abogado defensor de Kueider, Juan Martín Cerolini, quien solicitó que se le garantizara la libertad a su cliente en caso de ser extraditado desde Paraguay, donde se encuentra detenido con arresto domiciliario junto a Costa, tras un intento de contrabando de 211.000 dólares desde Brasil. La jueza, sin embargo, consideró que existe un “peligro de entorpecimiento” en la investigación.
En su resolución, Arroyo Salgado argumentó que si Kueider o su secretaria recuperaran la libertad, podrían “destruir, modificar, ocultar, suprimir o falsificar elementos de prueba” relacionados con la causa que tramita en su juzgado. "Media en autos un peligro cierto y no aparente de que, en caso de conceder la exención de prisión solicitada, Kueider y su secretaria podrían entorpecer la investigación en desarrollo", indicó la magistrada.
Investigación en curso
Kueider está siendo investigado por una serie de delitos, entre los que se incluyen enriquecimiento ilícito, abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público, cohecho pasivo y activo, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, tráfico de influencias y lavado de dinero. La investigación tiene como eje su supuesta participación en un esquema de sobornos vinculados a contratos con ENERSA, donde se sospecha que la empresa Securitas habría influido para obtener adjudicaciones irregulares.
La última semana, se realizaron allanamientos en varias propiedades vinculadas a Kueider, incluyendo su casa en Concordia, la clínica de kinesiología de su exesposa, y otras dos propiedades en la misma ciudad entrerriana. Además, la jueza ordenó la inspección de las oficinas que Kueider tenía en el Senado, así como de otras dependencias relacionadas con su actividad parlamentaria.
Posible apelación
La decisión de la jueza Arroyo Salgado podría ser apelada ante la Cámara Federal de San Martín. A pesar de los esfuerzos de la defensa, el caso de Kueider sigue sumando complicaciones judiciales, en medio de una investigación que apunta a desentrañar una red de corrupción y sobornos que involucra a altos funcionarios y empresarios.
