El Gobierno endureció su lucha contra los municipios que incluyen tasas en las facturas de servicios públicos
El Ministerio de Economía imputó y abrió sumarios internos a 94 empresas “por incluir en sus facturas tasas o cargos ajenos a los bienes y servicios contratados”, tal cual expresó en un comunicado oficial; la mayoría de ellas se distribuyen entre Córdoba y la provincia de Buenos Aires
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LA NACION
La misión del Gobierno para que cada nivel del Estado, ya sea municipal, provincial o nacional se haga cargo de los impuestos que cobra, acaba de sumar un nuevo capítulo. En este caso, la historia comenzó como una crítica directa a los municipios que nació en septiembre y todavía continúa. El Ministerio de Economía, a cargo de Luis Caputo, imputó a 94 empresas que incluyeron en sus facturas de servicios públicos tasas o cargos que no tienen que ver con lo estrictamente contratado.
El comunicado oficial de la Secretaría de Industria y Comercio sostiene que “en total, se abrieron 112 nuevos expedientes para determinar el incumplimiento de la norma”. ¿De qué norma se trata? La Resolución 267/24. Su primer artículo establece: “La información relacionada con los conceptos contenidos en los comprobantes emitidos por los proveedores de bienes y servicios en el marco de las relaciones de consumo (...) deberán referirse en forma única y exclusiva al bien o servicio contratado específicamente por el consumidor y suministrado por el proveedor”.
De este modo, la cartera dirigida por Esteban Marzorati detectó que las facturas de 94 empresas contenían cargas que no tenían relación con el servicio contratado originalmente. Según el listado proporcionado por el Gobierno, 31 compañías son de Córdoba, 25 de la provincia de Buenos Aires, ocho de Santa Fe y las restantes se reparten entre Misiones, Neuquén, Entre Ríos, La Pampa, Tucumán, Chubut, Mendoza, San Luis, Corrientes y Tierra del Fuego.
De acuerdo con lo informado por el Ministerio de Economía, las empresas tienen cinco días hábiles para expedirse al respecto. “Cumplido ese plazo, la Secretaría de Industria y Comercio podrá sancionar a las empresas que no cumplieron la norma, de acuerdo a lo previsto por la Ley 24240 de Defensa del Consumidor, que contempla multas de hasta $2130 millones”, explica el comunicado oficial.
De este modo, el Gobierno comenzó a mostrarse muy activo en el cumplimiento de la norma que prohíbe incluir cargos ajenos a los servicios contratados en las facturas a pagar. En noviembre ya había imputado a otras 95 empresas.
Esta cruzada del Ejecutivo comenzó en septiembre pasado, cuando Caputo en redes sociales publicó que “los municipios ya no podrán incluir impuestos y tasas en las facturas de servicios”. En aquella oportunidad, el ministro había compartido una factura de Clyfema, la cooperativa que abastece de luz y desagües cloacales a Mar de Ajó. El detalle se puede ver dentro del círculo que señaló el ministro como “liquidación de servicios públicos”.
Allí se mencionan los cargos como Obras Sanitarias; Tasa por Inspección de Higiene de General Lavalle; Ordenanza Nro. 4397 del Municipio de la Costa -incluyen tasas, derechos y gravámenes que deben afrontar los contribuyentes-; Bonificación a socios de Obras Sanitarias; Cuota social; Bomberos voluntarios; Tasa por Servicios Generales por el inmueble de la Asociación Cooperadora Unidad Hospitalaria de Mar de Ajó y el 21% del IVA por obras sanitarias y otros.
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