Después de casi tres meses, con días en calidad de detenidos y vigilados con pulseras electrónicas, sobreseyeron a un colectivero y a un trabajador independiente que fueron acusados falsamente por la violación de una chica con discapacidad y hasta los escracharon públicamente, siendo que eran inocentes. La misma adolescente había apuntado contra ellos, pero en la investigación se comprobó que mintió, además una prueba de ADN tiró bajo la acusación.
El abuso sexual existió, pero lo que quedó claro en la causa que investigaron el fiscal Roberto Mallea y la ayudante fiscal Andrea Insegna de la UFI ANIVI fue que el chofer Roberto David Barrionuevo y Miguel Ángel Ruarte eran totalmente ajenos al hecho delictivo. En la tarea de demostrarlo también trabajaron los abogados defensores César Jofré y Néstor Durán, que desde un principio sostuvieron que la acusación contra ellos no tenía asidero.
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La audiencia fue presidida por el juez Guillermo Adárvez.
Es más, Barrionuevo y Ruarte ni siquiera se conocían, pero se los señaló como los hombres que atacaron y violaron a la adolescente de 16 años dentro de una camioneta en un lugar de Pocito. Se llegó a decir que esto era parte de una venganza por parte de Ruarte por las muertes de sus dos hijas, atropelladas el 28 de febrero de 2020.
La pesadilla para Barrionuevo y Ruarte empezó el 23 de septiembre pasado, cuando la mamá de una adolescente de 16 años con retraso madurativo denunció en la UFI ANIVI que la chica había sido violada por dos sujetos. Contó que, tras un evento realizado en Carpintería la noche del 22 de septiembre, la jovencita desapareció y regresó en horas de la madrugada.
Al otro día, la misma jovencita le relató a una docente de su escuela que había sufrido un ataque sexual. Así comenzó esta historia. Después tomaron declaración a la adolescente y acusó a Barrionuevo y a Ruarte como las personas que la llevaron engañada hasta una camioneta oscura y que allí uno de ellos la sometió sexualmente mientras el otro la sujetaba de los brazos.
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El fiscal Roberto Mallea (de lentes) exponiendo. En la otra mesa los abogados defensores junto a los imputados.
El 24 de septiembre detuvieron a los dos hombres y secuestraron la camioneta negra de uno de ellos. El día 27 formalizaron la imputación contra ambos por el delito de abuso sexual con acceso carnal, agravada por la participación de dos o más personas, y les dictaron la prisión domiciliaria. Sus defensores luego consiguieron que le pusieran pulseras electrónicas para que salieran a trabajar.
Ahora bien, la investigación empezó a poner en duda ciertos puntos. El abuso sexual existió, pues la chica presentaba lesiones. Sin embargo, el informe psicológico indicó que el relato de la adolescente estaba dirigido o influenciado. Por otro lado, se descubrió que ella había pedido los datos de Barrionuevo y Ruarte –que concurrían a su barrio por distintas razones- a unos vecinos y luego los señaló a ellos como los atacantes. Lo determinante fueron las pruebas de ADN a partir del cotejo con las muestras tomadas a la chica. Ese estudio reveló que no encontraron el perfil genético de los dos imputados, pero sí de otro hombre desconocido.
Todo esto fue evaluado por el fiscal de la UFI ANIVI, quien no tuvo más alternativa que pedir el sobreseimiento de Barrionuevo y Ruarte, tal como pedían los abogados Jofré y Durán. La presentación se hizo este miércoles y el juez de garantías Guillermo Adárvez dictó la desvinculación total y definitiva del colectivero y el trabajador independiente de la causa.