Luego de una reunión con trabajadores de la empresa, los senadores santafesinos Orfilio Marcón, Raúl Gramajo, Armando Traferri, Leticia Di Gregorio, Felipe Michlig, Oscar Dolzani, la vicegobernadora Gisela Scaglia y el ministro de Gobierno, Fabián Bastía, firmaron una resolución conjunta para pedirle a la Justicia que se acelere la resolución del concurso de la cerealera Vicentin.
“La Cámara de Senadores de la Provincia de Santa Fe manifiesta su preocupación por la situación que atraviesa la firma Vicentín SAIC, ante la falta de resolución del Concurso Preventivo de Acreedores autorizado el 10 de febrero de 2020, en que la empresa solicitó su apertura, por lo que aboga para que el mismo se resuelva a la brevedad y traer, de esta manera, certidumbre a los trabajadores, productores y acreedores, quienes hoy sienten un total desamparo”, manifestaron los legisladores.
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Con respecto a la falta de resolución del concurso de acreedores de la empresa Vicentín SAIC, expresaron “la preocupación de los empleados de la misma ante la posibilidad de perder su fuente de trabajo”.
“Ellos son, aproximadamente, 1100 empleos directos y 5000 indirectos. A lo cual debe sumarse los cientos de productores y acreedores de diversos tamaños” que operan con la agroexportadora, señalaron en el documento.
Sobre eso, el proyecto de declaración manifestó que “la homologación del concurso traería consigo un alivio a la situación antes expuesta y, a la vez, la provincia conservaría este de la sector economía estratégica para el desarrollo de la misma”.
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Vicentin solicitó días atrás, a la Secretaría de Trabajo, una apertura de un Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC).
A su vez, la compañía pidió una serie de medidas para su personal, como el retiro voluntario y el cobro de los almuerzos, ante la demora de la homologación final con los acreedores por parte de la Corte Suprema de Justicia santafesina.
La solicitud se basa en el Título III, Capítulo 6 de la Ley 24.013, y fue presentada en la Dirección Regional Rosario por Daniel Oreste Foschiatti, presidente de la firma, y Mario Aníbal Ferreyra, su apoderado.
Previo a ese pedido, el procurador general de la Corte Suprema de Santa Fe, Jorge Barraguirre, respaldó la homologación del concurso de Vicentin, desestimó los recursos de Commodities SA, y argumentó que esa empresa no participó en el proceso de salvataje.
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El caso llegó a la Corte tras la apelación de Commodities SA, que cuestionó la sentencia de la Cámara, integrada por los jueces Santiago Dalla Fontana, Mauricio Sánchez y Alejandro Román.
El tribunal de segunda instancia había homologado el plan de pagos de Vicentin sobre la deuda de US$1500 millones, con lo cual revocó de hecho el fallo de primera instancia dictado por el juez Fabián Lorenzini que habiltaba el salvataje de terceros (cramdown).
