La Cámara de Diputados otorgó ayer media sanción al proyecto de ley que envió el Ejecutivo para establecer que los conductores alcoholizados que provoquen siniestros viales paguen el costo por la atención que se brinde en los centros del sistema de salud pública.
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La Cámara de Diputados otorgó ayer media sanción al proyecto de ley que envió el Ejecutivo para establecer que los conductores alcoholizados que provoquen siniestros viales paguen el costo por la atención que se brinde en los centros del sistema de salud pública.
El Ministerio de Salud tendrá facultad para efectuar los trámites para el cobro o recupero de las prestaciones de salud, medicamentos, prótesis y órtesis que se destinen a personas que conduciendo bajo efectos del alcohol o estupefacientes, generen accidentes de tránsito y requieran atención médica en los efectores del sistema de salud pública.
Además, determina que quienes demuestren un estado de insolvencia deberán cumplir con servicios comunitarios que serán establecidos por la autoridad de aplicación. Estas acciones estarán contempladas en la reglamentación.
El proyecto de ley, que pasó al Senado en revisión, también dispone que ante la falta de pago, transcurridos 60 días corridos desde la facturación del arancel, o ante el incumplimiento del servicio comunitario, la autoridad de aplicación o los efectores de salud emitirán un certificado de deuda.
Este certificado constituirá título ejecutivo suficiente en los términos del artículo 533 inciso 7 de la Ley 5233.que contiene el Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Salta.
Durante el debate en el recinto se aseguró que los accidentes de tránsito son una de las principales causas de mortalidad en la provincia y que alarma la relación de los mismos con conductores "bajo influencia de distintas sustancias".
La diputada Laura Cartuccia puntualizó que el costo humano es incalculable, que no se puede ignorar el impacto económico y enfatizó que la ley busca disuadir a quienes no respetan las normas de tránsito y a las personas.
Una atención muy costosa
Desde el Gobierno se plantea que la atención que realizan los servicios de salud pública por siniestros viales es muy costosa y repercute en el sistema de salud, que debe destinar sumas muy elevadas para la atención de quienes conducen de manera negligente e irresponsable. Agrega que la ley persigue que se respete el esfuerzo de los contribuyentes que, con el pago de impuestos, coadyuvan a mantener el servicio de salud provincial y resulta injusto que se tenga que invertir cuantiosos montos a la atención de los conductores que generan siniestros viales.
